Los funcionarios públicos asistentes expusieron sus argumentos acerca de las causas de los atrasos en los estados de cuenta de energía.
La Procuraduría General de la Nación convocó a una reunión al gerente de Air-e en el Magdalena, Diego Rincones, y a diversas entidades prestadoras de salud de orden municipal y departamental por deudas significativas con la empresa de energía.
Estas juntas se han considerado una medida preventiva esencial debido a la preocupante deuda acumulada por estas instituciones en relación con el consumo de energía. En conjunto, 10 hospitales de la cobertura geográfica de la compañía, le adeudan más de 5.125 millones de pesos, siendo la de mayor obligación, el hospital de San Cristóbal con una deuda superior a los $2.425 millones de pesos.
La jornada, dirigida por el representante de la Procuraduría General de la Nación, Jaime Riveira, y el Procurador Provincial para el Magdalena, Alfredo Valencia Campo, contó con la asistencia de gerentes y delegados de varios hospitales, incluyendo el Hospital de Pedraza, el Hospital San Cristóbal de Ciénaga y los hospitales de Pivijay, Concordia, Remolino y Puebloviejo.
A su vez, el gerente de Air-e Madalena mencionó que, “aquí hemos establecido una hoja de ruta que se desarrollará con una próxima reunión para que estas entidades se coloquen al día a través de un plan de financiación y realicen un pago correspondiente al presente mes).
INTERVENCIÓN DE LA PROCURADURÍA
El organismo de control, representado por la Procuraduría General de la Nación, está liderando este proceso con el objetivo de establecer una coordinación efectiva y buscar soluciones dentro del marco legal y normativo.
El propósito es mitigar los riesgos que podrían afectar tanto la prestación del servicio de energía como la atención médica a los usuarios de salud en la región.
Por su parte, Diego Rincones, durante la reunión reveló que, en total, los departamentos atendidos por Air-e en Atlántico, Magdalena y La Guajira acumulan una deuda que supera los 54 mil millones de pesos. De esta cifra, aproximadamente un 40% corresponde a suministros oficiales en el departamento del Magdalena.
Rincones también advirtió que, en caso de incumplimiento de estos acuerdos, la empresa se verá obligada a tomar medidas legales, incluyendo acciones judiciales y disciplinarias previstas en la Ley. La intención es seguir avanzando para mejorar la calidad del servicio y brindar a todos los usuarios el servicio de calidad que merecen.
