El nombramiento de Hernán Giraldo, exjefe paramilitar, como ‘gestor de paz’ en Santa Marta plantea dudas sobre su impacto.
El nombramiento de Hernán Giraldo Serna, antiguo jefe paramilitar del Bloque Resistencia Tayrona, como ‘gestor de paz’ ha desencadenado una fuerte polémica en Santa Marta y en toda Colombia. Este acto, impulsado por el gobierno de Gustavo Petro como parte de su política de ‘Paz Total’, pretende promover la reconciliación en una sociedad profundamente afectada por el conflicto armado y la violencia paramilitar. Sin embargo, esta designación ha suscitado reacciones diversas, generando un debate público sobre si esta decisión representa una vía hacia la paz o, por el contrario, una legitimación de quienes perpetraron crímenes atroces.
Hernán Giraldo: un perfil de violencia y control territorial
Hernán Giraldo Serna, conocido en la región como el ‘Patrón de la Sierra’, fue durante años uno de los líderes paramilitares más influyentes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Desde su base de operaciones en la Sierra Nevada de Santa Marta, Giraldo consolidó su poder a través de la violencia, logrando controlar territorios extensos y manteniendo redes de tráfico de drogas y explotación de recursos. Bajo su mando, el Bloque Resistencia Tayrona fue responsable de masacres, desplazamientos y una violencia generalizada que afectó a comunidades enteras.
Además de sus operaciones militares, Giraldo tiene un oscuro historial de violencia sexual, siendo responsable de al menos 200 casos de abusos y violaciones, muchas de ellas a menores de edad. Este patrón de abuso sexual fue una forma de intimidación y control, que marcó a las comunidades de la región y dejó cicatrices profundas. En 2008, Giraldo fue extraditado a Estados Unidos, donde enfrentó cargos relacionados con narcotráfico, y tras su regreso a Colombia en 2021, su prontuario sigue siendo una herida abierta para las víctimas.
‘Paz Total’ de Petro: reconciliación y segunda oportunidad
El gobierno del presidente Gustavo Petro ha planteado la ‘Paz Total’ como una estrategia inclusiva que convoca a actores armados de diversa índole a colaborar en el desmantelamiento de estructuras criminales. En este contexto, la figura del ‘gestor de paz’ surge como un rol provisional asignado a ciertos excombatientes, a quienes se les otorga seis meses para proponer estrategias orientadas a la pacificación. Según el gobierno, esta iniciativa representa un esfuerzo por reincorporar a excombatientes que han expresado arrepentimiento y voluntad de contribuir a la paz.
La política de ‘Paz Total’ ha sumado a esta labor a varios exjefes paramilitares, entre ellos Rodrigo Tovar (‘Jorge 40’), Diego Fernando Murillo (‘Don Berna’), y Carlos Mario Jiménez (‘Macaco’). Cada uno de ellos, en su momento, fue responsable de liderar estructuras de control armadas en diferentes regiones del país, acumulando poder y sometiendo a miles de personas a través de la violencia. La presencia de Giraldo en esta lista ha generado controversia especialmente en Santa Marta, donde su figura aún evoca el trauma de años de represión paramilitar.
Argumentos a favor del nombramiento de Giraldo
Para los defensores de esta política, la inclusión de figuras como Giraldo tiene el potencial de fortalecer el proceso de paz, basándose en la idea de que su conocimiento de las dinámicas de violencia puede ser útil para desmantelar estructuras de poder que aún subsisten. Desde esta perspectiva, su participación como gestor de paz es una medida pragmática, que, en el mejor de los casos, puede incentivar a otros actores ilegales a optar por la desmovilización.
Además, el gobierno argumenta que este enfoque representa una oportunidad para que los victimarios asuman una postura de reparación, actuando como agentes de paz en las mismas comunidades que alguna vez afectaron. Esta decisión se plantea también como un paso hacia la reconciliación, un concepto que en la práctica requiere de compromisos efectivos por parte de quienes, como Giraldo, alguna vez promovieron la guerra y el terror.
Argumentos en contra: justicia e impunidad
No obstante, para muchos críticos, la designación de Giraldo y otros exparamilitares como ‘gestores de paz’ amenaza con trivializar los procesos de justicia y reparación. Las víctimas del Bloque Resistencia Tayrona y de otros grupos paramilitares han cuestionado esta medida, argumentando que se pasa por alto el sufrimiento y las violaciones de derechos humanos. En particular, activistas y organizaciones sociales temen que este tipo de decisiones promuevan la impunidad al conferir legitimidad a personas responsables de crímenes atroces.
Para muchos, la preocupación central radica en que esta estrategia de reconciliación pueda convertirse en una excusa para evitar sanciones y redimir la imagen pública de figuras como Giraldo. En Santa Marta, la indignación es evidente entre las familias afectadas y los líderes de derechos humanos, quienes argumentan que las promesas de justicia para los crímenes de violencia sexual, desapariciones y desplazamientos forzados siguen siendo un tema pendiente. En este contexto, la designación de Giraldo se interpreta como un acto que pone en riesgo los avances logrados en justicia y memoria histórica.
Las feministas que decían que “por fin” iban a tener un gobierno de su lado, su presi acaba de nombrar gestores de paz a 17 de los peores violadores de niñas y mujeres del país.
— Vanessa Alessandra (@valeexav) November 12, 2024
Un cerdo como Hernán Giraldo incluso las violaba en las cárceles.
“Seguras nos queremos” decían…
Implicaciones para la región y memoria colectiva
El caso de Hernán Giraldo no solo ha reavivado el debate sobre el papel de los exparamilitares en el proceso de paz, sino que también ha puesto en el centro de atención a Santa Marta, una ciudad que ha sido históricamente afectada por el conflicto. La región de la Sierra Nevada, lugar de operaciones de Giraldo, vivió el rigor de las masacres, el desplazamiento y una represión que generó una crisis humanitaria de gran escala. Para las comunidades samarias, la figura de Giraldo simboliza un pasado de dolor que no ha sido plenamente resuelto, y su inclusión en este rol de gestor de paz se percibe como una amenaza a la memoria colectiva y al derecho de las víctimas.
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