Los actos de violencia protagonizados por hinchas del Unión Magdalena durante el partido contra Once Caldas, que incluyeron invasión de campo y agresiones físicas, activan las sanciones más severas previstas en el reglamento disciplinario de la Dimayor.
El estadio Sierra Nevada se ha convertido en uno de los escenarios más conflictivos del fútbol profesional colombiano. Desde su inauguración ha sido epicentro de constantes fallas en seguridad, violencia entre hinchadas y descontrol institucional. Lo que debía ser un espacio para la celebración deportiva ha terminado siendo una zona de riesgo, tanto para los protagonistas del juego como para los asistentes.
El episodio más reciente tuvo lugar durante el partido entre Unión Magdalena y Once Caldas, el pasado domingo. Al minuto 80, cuando el equipo samario perdía por la mínima diferencia, decenas de hinchas del equipo local invadieron el campo. En medio del caos, el técnico del Once Caldas, Hernán Darío Herrera, fue agredido físicamente. También resultó afectado un recogebolas, lo que motivó la suspensión inmediata del encuentro por parte del árbitro, quien reportó la falta de garantías para continuar.
Expediente Unión Magdalena
Este tipo de hechos no son nuevos en el estadio. En 2022, durante un clásico frente al Junior, un hincha perdió la vida en medio de disturbios. En 2025, hinchas lanzaron una piedra al bus de Millonarios, hiriendo a dos personas, una de ellas un jugador. A esto se suman repetidas invasiones, protestas violentas, insultos y fallas en los controles de seguridad. La reincidencia es evidente y, según el reglamento disciplinario, esto agrava la situación jurídica del club.
El artículo 84 del Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol contempla sanciones para los clubes cuyos aficionados invadan el terreno de juego. Cuando estas invasiones interrumpen o impiden la reanudación del partido, se establece una posible suspensión de la plaza entre dos y cinco fechas, además de una multa que puede oscilar entre diez y veinte salarios mínimos mensuales legales vigentes. Si se comprueba que el club local es responsable del desorden, se puede incluso declarar la pérdida del partido.
Lo que dice el reglamento: una cadena de sanciones posibles
Más allá de la suspensión del partido, la agresión física contra el técnico visitante representa una falta grave dentro del reglamento. El artículo 112 del mismo código establece que cualquier ataque a personas vinculadas al juego —jugadores, entrenadores, árbitros o personal logístico— constituye una conducta sancionable con la clausura del estadio por hasta seis fechas. La agresión a Hernán Darío Herrera fue directa y ocurrió frente a las cámaras, en presencia de las autoridades del juego.
El artículo 109 del reglamento establece claramente que la organización del espectáculo es responsabilidad del equipo local. Si se determina que hubo negligencia en el control del público, en la presencia de personal de seguridad o en la respuesta institucional a la invasión, el club podría recibir sanciones adicionales por omisión grave. Estas pueden incluir nuevas multas y la ampliación del cierre del estadio.
Hay que recordar que el reglamento también contempla la pérdida automática del partido si el equipo local es considerado responsable directo de la suspensión. El artículo 83 así lo estipula: “Cuando se suspenda un encuentro por invasión de campo o agresión a personas vinculadas al partido, y el responsable sea el equipo local, el rival podrá ser declarado vencedor con marcador 0-3”. Este escenario favorecería al Once Caldas, que ganaba el encuentro y podría recibir oficialmente los tres puntos, un hecho que afectaría gravemente la posición del Unión Magdalena en la tabla del descenso.
Este tipo de decisiones no son nuevas. En años anteriores, equipos como Deportivo Cali y Atlético Bucaramanga han sido sancionados con la pérdida del partido por hechos similares. Si la Dimayor mantiene la coherencia disciplinaria, lo más probable es que se repita el mismo camino en el caso del Unión.
El mensaje que debe enviar la Dimayor
Más allá de las sanciones deportivas y económicas, este caso debe marcar un antes y un después en la gestión de la seguridad del fútbol colombiano. Lo que ocurre en el estadio Sierra Nevada no es un simple exceso de pasión de algunos aficionados. Es el resultado de una falta sostenida de control, de la permisividad institucional y del silencio cómplice de las autoridades locales y deportivas.
El Unión Magdalena ha acumulado un historial peligroso de incidentes sin que hasta ahora se hayan aplicado sanciones ejemplares. La agresión a técnicos, la invasión constante de cancha, la falta de garantías para equipos visitantes y la presencia de barras desbordadas sin control son hechos que, en cualquier otra liga seria del continente, ya habrían costado puntos, partidos a puerta cerrada e incluso sanciones más drásticas.
Jugar sin público, perder puntos, cerrar el estadio y asumir multas millonarias debería ser el mínimo castigo para un club que no ha tomado medidas reales frente a una afición desbordada. La responsabilidad no puede seguir diluyéndose entre comunicados tibios y promesas de “mejorar la seguridad”.
En los próximos días, la Comisión Disciplinaria de la Dimayor tendrá en sus manos un caso que podría sentar un precedente contundente. La documentación ya está sobre la mesa: informes arbitrales, videos, registros de reincidencia, y antecedentes claros. Si esta vez se actúa con determinación, podría enviarse un mensaje claro a todos los clubes del país: la violencia en los estadios no será tolerada.
De lo contrario, Santa Marta continuará en el mapa del fútbol no por su historia, ni por sus talentos, sino por los escándalos de violencia que manchan la camiseta del ciclón bananero y empañan la imagen del fútbol colombiano ante el país y el mundo.
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