La anulación de la elección de Rafael Martínez, gobernador del Magdalena por doble militancia desata una crisis política.
Lo que parecía una victoria sólida de Rafael Martínez como gobernador del Magdalena se convirtió en un terremoto institucional. El Consejo de Estado anuló su elección tras un extenso proceso judicial que examinó videos, audios, publicaciones en redes sociales, dictámenes periciales y testimonios.
El eje del caso fue una acusación de doble militancia en la modalidad de apoyo, al respaldar a candidatas del Partido de la U, siendo él el abanderado de Fuerza Ciudadana.
La historia comenzó con una demanda presentada por los ciudadanos Hollman Ibáñez Parra y Hernando Zabaleta Echeverry. Aseguraron que Martínez, durante un evento en la Villa Olímpica de Santa Marta el 21 de septiembre de 2023, hizo manifestaciones públicas para promover a Miguelina Pacheco y María Charris, ambas avaladas por un partido distinto. Lo hizo en tarima, micrófono en mano y frente a una multitud, según los registros aportados.
Los demandantes basaron su acusación en videos que circulaban en redes sociales, en los cuales se escuchaba al entonces candidato preguntando “¿Qué número?” y el público respondiendo “52”, en alusión a Charris. Luego preguntaba “¿Qué partido?”, y la multitud respondía “la U”. Más adelante gritaba: “Vamos a apoyar el número uno al Concejo”, refiriéndose a Pacheco. Esa secuencia fue determinante.
Aunque el apoderado del gobernador defendió que los videos eran editados y sin valor probatorio, e incluso presentó un dictamen técnico para desacreditarlos, el Consejo de Estado consideró que existían suficientes elementos para acreditar la conducta prohibida. Además, no se demostró que los videos hubieran sido manipulados al punto de invalidarlos completamente.
Lo que viene: encargado, elecciones y vacío político
La decisión del Consejo de Estado implica la pérdida inmediata del cargo por parte de Rafael Martínez. Aunque su defensa insistió en que la doble militancia no debería ser causal de nulidad, el tribunal fue claro: está regulada en la ley y su incumplimiento es razón suficiente para anular una elección.
Con la salida del gobernador, el Ministerio del Interior debe actuar de forma inmediata. Como Fuerza Ciudadana perdió su personería jurídica, ya no puede presentar una terna. Esto significa que el presidente Gustavo Petro podrá designar directamente a un gobernador encargado sin necesidad de consultar al movimiento político.
Ese mandatario interino asumirá el control administrativo del departamento, pero con poderes limitados. Tendrá que sortear un ambiente político tenso, una estructura institucional golpeada y una opinión pública dividida, mientras se organiza el nuevo proceso electoral.
El Consejo Nacional Electoral está obligado a convocar elecciones atípicas en un plazo máximo de dos meses desde que el fallo quedó en firme. En esa jornada se elegirá a un nuevo gobernador que completará el periodo constitucional 2024–2027. Rafael Martínez no podrá volver a aspirar. Su salida también deja a Fuerza Ciudadana sin su figura más fuerte y sin representación formal.
Tiempos claves tras la anulación de Rafael Martínez
Nombramiento de gobernador encargado (inmediato)
El presidente debe designar un encargado de forma inmediata, ya que el partido del gobernador saliente no tiene personería jurídica y por tanto no puede presentar terna.
Elección atípica (máximo dos meses)
El Consejo Nacional Electoral tiene hasta dos meses desde la ejecutoria del fallo para convocar la elección extraordinaria. La votación deberá realizarse poco después, por lo que es probable que ocurra entre julio y agosto de 2025.
Duración del nuevo mandato
El gobernador que resulte elegido en esa elección completará el periodo original, que va hasta el 31 de diciembre de 2027.
VER: Rafael Martínez: ¿el ‘gobernador encargado’ de Carlos Caicedo?
