La implementación de energía solar en la zona rural de Santa Marta es una apuesta del gobierno distrital por una transición energética humana.
Cuando se habla de energía eléctrica, no solo se habla de bombillos encendidos o electrodomésticos funcionando, se habla de dignidad, de oportunidades, de niños que ya no harán tareas a la luz de una vela, de madres que podrán conservar alimentos sin miedo a que se dañen, y de familias que, por primera vez, sienten que el Estado las mira de frente.
Eso es lo que significa la aprobación del proyecto fotovoltaico para más de 800 familias rurales de Santa Marta, un hito en la historia de una ciudad que, aunque festeja 500 años, aún arrastra deudas profundas con sus sectores más apartados.
Gracias a la gestión del alcalde Carlos Pinedo Cuello, la ciudad dio un paso crucial hacia una transformación rural que no se queda en discurso. Con la aprobación técnica y financiera del proyecto por parte del Ministerio de Minas y Energía es mucho más que un respaldo institucional, es la validación de un enfoque que entiende que la transición energética no puede dejar a nadie atrás, y que las soluciones deben adaptarse a las realidades del territorio.
Santa Marta, como muchas otras ciudades intermedias del país, carga con el contraste doloroso entre su zona urbana —donde la energía es un derecho dado por sentado— y su zona rural —donde acceder a la electricidad ha sido, históricamente, un privilegio, pues bien, este proyecto de soluciones individuales con paneles solares no solo electrificará, también normalizará, dignificará, y cambiará la rutina de cientos de hogares que llevan décadas viviendo con carencias energéticas.
Energía solar, adaptada a contextos reales
Lo verdaderamente innovador de esta iniciativa no es solo el uso de energía solar, sino el enfoque territorial que la sustenta, toda vez que, no se trata de imponer tecnología, sino de adaptarla a contextos reales, a familias que, por la dispersión geográfica o por los altos costos de conexión, habían sido excluidas sistemáticamente del sistema eléctrico nacional.
Y esto no es menor: en Colombia, según datos del DANE, más del 5% de la población rural aún vive sin acceso formal a la electricidad, una cifra que, aunque pequeña en términos porcentuales, representa un drama cotidiano para miles de personas.
En Santa Marta, este proyecto —cuya inversión supera los 30 mil millones de pesos— se convierte en símbolo de una estrategia mayor: la de cerrar las brechas con acciones concretas, la de conectar no solo cables, sino esperanzas. Es también una respuesta a ese llamado del Gobierno Nacional por avanzar hacia una transición energética justa, que contemple la realidad social de los territorios y que incluya a los históricamente excluidos en el proceso.
¡Más de 800 familias rurales tendrán energía gracias a nuestra gestión! Recibimos la aprobación de $30.000 millones del Gobierno Nacional para llevar soluciones fotovoltaicas a nuestras veredas y corregimientos. Lo que no hicieron en décadas, lo estamos logrando nosotros.
— Carlos Pinedo Cuello (@CarlosPinedoC) May 25, 2025
Más que obras, oportunidades
Detrás de la gestión de Pinedo hay un discurso que se aleja de las obras y se acerca a un modelo de ciudad que ve en cada proyecto una herramienta para reducir desigualdades. El proyecto fotovoltaico aprobado es el primero de cinco que esperan luz verde, y no es casualidad que todos ellos apunten al mismo objetivo: llevar soluciones energéticas limpias a los rincones más olvidados del Distrito.
En las próximas semanas, cuando comiencen las instalaciones de estos sistemas individuales, se materializará no solo una inversión pública, sino un acto de reparación simbólica con la zona rural. Familias enteras dejarán de depender de plantas de diésel o conexiones improvisadas, muchas veces peligrosas, para pasar a contar con un servicio confiable, autónomo, amigable con el medio ambiente, y sobre todo, digno.
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