Los atentados contra el concejal José Alfredo Ordóñez y la diputada Rosita Jiménez reabrieron un viejo debate sobre los riesgos que enfrentan quienes ejercen liderazgo político en el departamento.
La tarde del viernes volvió a encender las alarmas en Santa Marta. El concejal José Alfredo Ordóñez, conocido como «El Cura», fue víctima de un atentado a bala en el sector de Puerto Mosquito, cuando hombres armados interceptaron el vehículo en el que se movilizaba y dispararon en repetidas ocasiones. El blindaje de la camioneta evitó una tragedia y permitió que saliera ileso, aunque el hecho reavivó las preocupaciones sobre las garantías para ejercer cargos de elección popular en el Magdalena.
Lo ocurrido no aparece como un episodio aislado. Apenas unos meses atrás, la diputada Rosita Jiménez también sobrevivió a un ataque armado mientras se desplazaba por la vía entre Santa Marta y Ciénaga. En aquella ocasión, varios disparos impactaron su vehículo blindado y, aunque resultó ilesa, el caso volvió a poner sobre la mesa las denuncias sobre amenazas y riesgos que enfrentan dirigentes políticos de la región.
Una historia que se repite
La coincidencia resulta inquietante, dos dirigentes políticos, dos atentados en un corto período y el mismo resultado, la vida salvada gracias a esquemas de protección. Aunque pertenecen a sectores distintos y mantienen posiciones propias dentro del escenario político departamental, ambos terminaron enfrentando situaciones similares que hoy son materia de investigación.
Las amenazas contra dirigentes públicos no son nuevas en el Magdalena. Durante años, concejales, diputados, alcaldes, exalcaldes y líderes sociales han denunciado presiones, intimidaciones y mensajes amenazantes relacionados con su actividad pública. Algunos casos han sido puestos en conocimiento de las autoridades, otros permanecen en el terreno de las denuncias públicas y de las preocupaciones expresadas en redes sociales y escenarios políticos.
La situación genera inquietud porque la violencia no parece distinguir ideologías ni movimientos. Quienes respaldan gobiernos y quienes los cuestionan han terminado denunciando riesgos para su integridad, una realidad que alimenta la percepción de que participar activamente en la política continúa siendo una actividad de alto riesgo en algunas zonas del departamento.
Entre la democracia y el miedo
En cualquier democracia, las diferencias deberían resolverse mediante el debate, la argumentación y el voto ciudadano. Sin embargo, cada atentado, cada amenaza y cada denuncia de intimidación termina enviando una señal preocupante a quienes aspiran a participar en la vida pública.
El efecto no recae únicamente sobre quienes ocupan cargos de elección popular. También alcanza a líderes comunitarios, jóvenes interesados en incursionar en la política y ciudadanos que consideran aspirar a corporaciones públicas, pero observan con preocupación cómo los riesgos de seguridad siguen apareciendo en el camino.
El atentado contra José Alfredo Ordóñez y el ataque sufrido por Rosita Jiménez vuelven a plantear una pregunta incómoda para las autoridades y para la sociedad magdalenense: ¿existen hoy las garantías suficientes para ejercer la política sin temor?
Mientras avanzan las investigaciones para identificar a los responsables y esclarecer los móviles de ambos hechos, el Magdalena suma nuevos episodios a una larga lista de casos que reflejan una realidad persistente. La discusión ya no gira únicamente alrededor de quiénes dispararon o quiénes ordenaron los ataques, también se centra en cómo evitar que la violencia continúe apareciendo como una sombra permanente sobre quienes deciden participar en la vida pública.
