La Defensoría del Pueblo emitió la alerta temprana para municipios del Magdalena, donde habría presencia del Clan del Golfo y Los Urabeños.
La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 012 de 2021 para seis municipios de los departamentos de Magdalena y Cesar, por el peligro que representa la posible presencias de grupos armados ilegales en esta región.
En esta Alerta se advierte riesgo por la presencia y accionar de actores armados como el Clan del Golfo y Los Urabeños en los municipios de El Banco, Guamal y San Sebastián de Buenavista en Magdalena.
De la misma forma, en Tamalameque, Chimichagua y Astrea Cesar, se advierte riesgo por la presencia del Ejército de Liberación Nacional y otros grupos de delincuencia común y Los Rastrojos, principalmente.
La ubicación de estos seis municipios tiene una importancia estratégica por tres razones, es el comienzo del Bajo Magdalena, el punto de confluencia entre el Magdalena Medio y el litoral Caribe.
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MINERÍA ILEGAL
La ubicación de los municipios mencionados es clave para las economías ilegales de narcotráfico y tráfico ilegal de oro. El complejo sistema de ríos, caños y ciénagas de esta región es ideal para el transporte clandestino de mercancías.
Estos sistemas hídricos trabajan como costa interior de la región Caribe y facilita la movilización a las estructuras armadas por su cercanía a la frontera venezolana; también hay presencia de economías ilícitas asociadas al contrabando de gasolina, armas entre otros.
En estos sectores se encuentra una arquitectura altamente sofisticada dedicada al narcotráfico y al lavado de activos, y dispositivos de coerción responsables de garantizar entornos para el narcotráfico.
Allí se halla una amplia y dispersa red de bandas criminales que terminan instrumentalizadas en función de los intereses de quienes controlan las economías ilegales asociadas al narcotráfico.
VER: Cigarrillo de contrabando incautado, está ligado al narcotráfico
ALERTA TEMPRANA
La Alerta Temprana advierte riesgo de ocurrencia de homicidios, restricciones a la movilidad e imposición de normas de conducta a la población civil, constreñimiento, amenazas, hostigamientos, desplazamientos forzados.
Además, reclutamiento forzado, violencia sexual y basada en género, tráfico de personas con fines de explotación sexual, atentados y reclutamiento forzado de personas con experiencia militar.
La Defensoría advierte que entre la población en riesgo se encuentran, niños, niñas, adolescentes y jóvenes, mujeres, población víctima del conflicto, comunidades étnicas, campesinos, y población socialmente estigmatizada.
Finalmente recomendó a las entidades territoriales y a MinInterior activar mecanismos de prevención como los Planes Urgentes de Reacción y Prevención en el marco de los Comités Territoriales de Prevención de los municipios focalizados.
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