Un operativo del Departamento Administrativo Distrital de Sostenibilidad Ambiental, Dadsa, dejó al descubierto una empresa que distribuía agua sin permisos ni controles sanitarios, lo que encendió una alerta sobre la calidad del líquido que llega a miles de hogares en Santa Marta.
La pregunta incomoda, pero tiene sustento, porque lo ocurrido en las últimas horas no fue un hallazgo menor ni un procedimiento rutinario, fue la confirmación de que en Santa Marta circula agua sin origen claro, sin controles técnicos y sin respaldo sanitario, mientras nadie lo detectaba a tiempo.
El operativo del Departamento Administrativo Distrital de Sostenibilidad Ambiental, Dadsa, dejó en evidencia que una empresa dedicada al empaque y distribución de agua operaba al margen de la ley, sin permisos y en condiciones que representaban un riesgo directo para la salud pública, una situación que no solo sorprende por lo encontrado, sino por el tiempo en el que pudo funcionar sin ser intervenida.
Durante la inspección, las autoridades no lograron establecer de dónde provenía el agua que se comercializaba, ya que el responsable no presentó documentos que acreditaran conexión legal al sistema de acueducto ni permisos para captación, lo que deja un vacío total sobre la trazabilidad del producto que estaba llegando a los hogares.
A eso se sumaron fallas técnicas que agravan el panorama, porque los equipos utilizados no tenían certificados de mantenimiento, lo que pone en duda la limpieza de filtros y tanques, y además no existían análisis de laboratorio que garantizaran que el agua fuera apta para el consumo humano, un requisito básico dentro de la normativa sanitaria.
En términos simples, lo que se estaba vendiendo no tenía ninguna garantía. El establecimiento fue cerrado de manera inmediata, sin embargo, la medida llega después de que el producto ya había sido distribuido, consumido y normalizado en la rutina de quienes compran agua sin cuestionar su origen, confiando en que alguien, en alguna parte, está vigilando.
Un problema lejos de terminar
Santa Marta ya ha estado en el radar nacional por situaciones similares, como ocurrió en 2019 cuando el propio Ministerio de Vivienda y la Fiscalía destaparon una red de captación ilegal de agua, en la que se extraía y comercializaba el recurso sin autorización, incluso mediante conexiones clandestinas al sistema de acueducto.
En ese momento se habló de un negocio ilegal que afectaba tanto la distribución del servicio como la calidad del agua que llegaba a la gente, con pérdidas millonarias y un impacto directo en la ciudad.
Han pasado los años, cambian los nombres, cambian los puntos de operación, pero el patrón se repite, y eso obliga a mirar hacia quienes tienen la responsabilidad de evitar que esto ocurra.
Porque mientras el Dadsa interviene y clausura, la pregunta es inevitable: ¿dónde estaban antes?, ¿cuánto tiempo llevaba funcionando esta empresa?, ¿cuántas más pueden estar operando sin control?, ¿cuántos samarios han consumido agua sin ninguna garantía sanitaria?
La responsabilidad no se limita a una sola entidad, porque aquí también entran en juego la Alcaldía, las autoridades de salud y los organismos de control que, en teoría, deben actuar de forma preventiva y no reactiva, especialmente cuando se trata de un tema tan básico como el agua.
Lo ocurrido es un riesgo directo para la salud pública que expone debilidades en la vigilancia y deja al ciudadano en una posición completamente vulnerable.
Porque al final, el samario no tiene cómo verificar lo que consume, no tiene cómo exigir pruebas en cada bolsa o botellón, y termina dependiendo de un sistema que, como quedó demostrado, permite que el problema avance hasta que alguien decide intervenir.
Santa Marta sigue funcionando así, entre operativos que llegan tarde y controles que no alcanzan, mientras el agua, que debería ser lo más seguro en cualquier hogar, termina siendo otra incertidumbre más.
