16 exparamilitares, entre ellos Hernán Giraldo, acusan a la Oficina de Paz de sabotear el proceso de reconciliación.
“Durante ocho meses cumplimos cada instrucción escrita y verbal… nada se movió”. Esa frase, escrita con rabia contenida en una carta que hoy sacude la política nacional, encierra el mensaje más fuerte que han enviado los excomandantes paramilitares al gobierno de Gustavo Petro.
16 de ellos, designados como Gestores de Paz en noviembre de 2024, presentaron su renuncia irrevocable al encargo presidencial, señalando directamente a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz de ser un obstáculo, no un puente, en el proceso de reconciliación.
Entre los firmantes figura el exjefe del Bloque Resistencia Tayrona, Hernán Giraldo Serna, quien ejerció dominio en la Sierra Nevada y cuyas acciones dejaron cicatrices profundas en Magdalena y la Región Caribe.
La carta, no deja lugar a dudas: las reiteradas promesas incumplidas, el silencio institucional, la falta de voluntad política y una supuesta insubordinación de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz frente a las órdenes presidenciales, llevaron a estos exjefes a retirarse del proceso, más que una simple dimisión, lo que hicieron fue encender una alarma sobre el manejo del programa estrella de Petro: la Paz Total.
Hernán Giraldo vuelve al foco político
Giraldo, extraditado a Estados Unidos en 2008 y devuelto a Colombia en 2022 tras pagar una pena por narcotráfico, había retomado un perfil bajo, aunque su nombre seguía siendo sinónimo de temor y control territorial en sectores de la Sierra, su inclusión como Gestor de Paz fue polémica pero avalada por el propio gobierno, en un intento por darle forma al cierre de procesos inconclusos como el de Ralito, donde él y otros se desmovilizaron hace más de dos décadas.
La renuncia masiva lo vuelve a ubicar en el radar político. Desde la cárcel, Giraldo y los otros firmantes recuerdan que no buscan impunidad ni beneficios, sino que el Estado cumpla lo pactado. “Desde antes del inicio de su mandato, respaldamos dos pilares de su agenda: el Gran Acuerdo Nacional y la Paz Total”, escriben al presidente, pero aclaran que tras tres años de gobierno, lo que encontraron fue “improvisación, engaños e incumplimientos por parte del Estado Colombiano”.
Un quiebre en la legitimidad del proceso
El golpe a la narrativa de la Paz Total no es menor. La misiva revela que el mismo Otty Patiño, comisionado de paz, junto con Álvaro Jiménez y Rodrigo Rojas, no solo incumplieron las reuniones programadas, sino que incluso cancelaron a última hora encuentros ya organizados con aval del Inpec. “Sin alegar motivo técnico, jurídico o de seguridad”, anotan los firmantes, dejando entrever una falta de seriedad que mina la confianza en la institucionalidad.
Los excomandantes piden en su carta, por ejemplo, cerrar formalmente el proceso de Ralito, revisar la efectividad de Justicia y Paz, y participar en el diseño de políticas para la no repetición.
Reivindican su papel como actores claves del conflicto que decidieron negociar, desmovilizarse y acogerse a la justicia ordinaria. “Nos apartamos del ruido estéril, pero jamás desistimos de continuar trabajando por la paz de nuestro país”, afirman con contundencia.
En el fondo, denuncian que el gobierno actual, o al menos la Oficina de Paz, intenta reescribir la historia según intereses ideológicos. “Ellos afirman que ‘la negociación de Ralito nunca existió’”, señalan con preocupación, como si se buscara negar un capítulo completo del conflicto armado para validar otros más recientes.
Magdalena, entre la historia y el futuro
Para una región como Santa Marta y el Magdalena, marcada por la presencia violenta de grupos como el Bloque Tayrona y las secuelas del paramilitarismo, el retiro de Hernán Giraldo del proceso como Gestor de Paz tiene un doble efecto: remueve los fantasmas del pasado y cuestiona si las heridas abiertas alguna vez serán cerradas por el Estado.
Mientras las víctimas exigen verdad, reparación y justicia, los victimarios hoy se declaran traicionados por la institucionalidad que prometía precisamente consolidar esos principios.
Lo que está en juego no es una resolución ni un cargo simbólico. Es la credibilidad de un Estado que, según estos firmantes, les tendió la mano solo para darles la espalda después. Por eso concluyen su carta pidiendo un encuentro directo con el presidente, sin intermediarios, para salvar lo que quede de voluntad de paz.
VER: víctimas de Hernán Giraldo reciben indemnizaciones
