Tras tres periodos en la Comisión Tercera, la representante liberal aparece en los archivos de la Corte Suprema como pieza clave en la asignación de 26.700 millones de pesos para Sitionuevo y otras partidas globales que, según la principal testigo del caso, habrían sido el pago del Gobierno por su respaldo legislativo.
El expediente de cinco mil folios que hoy reposa en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia detalla una serie de movimientos financieros y contractuales en el Instituto Nacional de Vías (Invías) que comprometen la gestión de más de 30 parlamentarios, entre ellos la representante por el Magdalena, Kelyn Johana González Duarte.
La investigación busca establecer si la aprobación de créditos externos y el presupuesto nacional en las comisiones económicas del Congreso estuvo condicionada a la asignación de partidas presupuestales para obras civiles en regiones estratégicas, una dinámica que la testigo María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda, ha descrito ante la justicia como un intercambio de gobernabilidad por infraestructura.
Es así como, la investigación busca establecer si la aprobación de créditos externos y el presupuesto nacional en las comisiones económicas del Congreso estuvo condicionada a la asignación de partidas presupuestales para obras civiles en regiones estratégicas, una dinámica que la testigo María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda, ha descrito ante la justicia como un intercambio de gobernabilidad por infraestructura.
La ejecución de recursos en Sitionuevo y la vía a Magdalena
Dentro de los 61 procesos contractuales que la Corte Suprema de Justicia ha encontrado con coincidencias directas en la matriz de la testigo Benavides, sobresale el convenio interadministrativo 2224 de 2023, destinado al mejoramiento y mantenimiento de vías en el municipio de Sitionuevo, Magdalena, por un valor de 26.700 millones de pesos. Este contrato, que tiene por objeto la vía Sitionuevo-La Puente, es uno de los puntos donde los investigadores del CTI han puesto mayor atención, pues el flujo de la contratación parece seguir un patrón temporal relacionado con las votaciones en la Comisión Tercera de la Cámara.
El expediente sugiere que la representante González Duarte habría tenido un papel activo en la interlocución con el Ministerio de Hacienda y el Invías para que estos recursos fueran asignados, lo que la justicia debe calificar ahora como una gestión regional legítima o como parte de un concierto para la compra de votos parlamentarios mediante la entrega de obras públicas.
La investigación también ha detectado que en varios municipios del Caribe, incluyendo zonas de influencia de la bancada del Magdalena, se registraron adiciones presupuestales considerables poco tiempo después de la firma de los contratos iniciales, lo que ha generado sospechas sobre la veracidad de la planeación técnica de dichas obras.
En el caso de los convenios del Magdalena, la Corte ha solicitado al Invías la copia íntegra de los expedientes y los registros de ingreso de los asesores de las Unidades de Apoyo Legislativo (UTL) al piso octavo del edificio Central Point en Bogotá, donde presuntamente se ajustaban los detalles de la repartición de estos cupos.
La información entregada por la exasesora Benavides incluye chats y capturas de pantalla de conversaciones que darían cuenta de una comunicación fluida entre los congresistas y los directivos del Invías para garantizar que los proyectos ‘salieran’ en los plazos acordados con el Gobierno.
Trayectoria política y la defensa ante los señalamientos
González Duarte ha construido su poder regional sobre una base electoral sólida en el Magdalena, departamento donde su familia y su esposo, el exrepresentante Rodrigo Roncallo, han mantenido una influencia histórica en la política local.
Su permanencia en la Comisión Tercera por tres periodos la ha convertido en una pieza clave para cualquier administración que busque aprobar reformas tributarias o planes de desarrollo, una posición que hoy la tiene bajo la lupa judicial debido a la naturaleza de los beneficios que habrían recibido los municipios de su departamento.
El proceso se encuentra en una etapa de recolección de pruebas físicas y testimoniales, donde el magistrado Rueda deberá decidir si los elementos aportados por la Fiscalía y los testigos de cargo son suficientes para avanzar hacia una acusación formal.
Por ahora, la vinculación de González Duarte al expediente del Invías se suma a la de otros congresistas como Laura Fortich y Jezmi Barraza, quienes también han sido señaladas de participar en esta red de contratación.
Para el departamento del Magdalena, el desenlace de esta investigación es crítico, pues pone en duda la transparencia con la que se están ejecutando las obras viales más importantes de la región y cuestiona el costo real que tiene para el país la aprobación de las leyes en el Capitolio Nacional.
La Corte Suprema tendrá la última palabra sobre si las evidencias de los chats y las tablas de Excel constituyen una prueba irrefutable de corrupción o si se trata de una interpretación errónea de la labor legislativa tradicional.
