“Santa Marta necesita una acción conjunta, porque si no somos capaces de encontrarnos en la solución, seguiremos encontrándonos en la tragedia”
Es cierto que, las lluvias de agosto de 2025 han dejado a Santa Marta en estado de calamidad pública, más de 60 barrios afectados, miles de viviendas anegadas, vías colapsadas, deslizamientos en zonas turísticas y una ciudadanía que, entre el barro y la frustración, exige respuestas inmediatas; pero no es menos cierto que, detrás de los aguaceros, hay una verdad incómoda, los desastres naturales no siempre son tan naturales como creemos muchos, también son el resultado de decisiones humanas y hábitos ciudadanos que, año tras año, convierten la temporada de lluvias en una crónica anunciada de la emergencia.
La Alcaldía Distrital mediante el Decreto 280 del 5 de agosto de 2025, declaró oficialmente la calamidad pública, lo que permitió activar protocolos de emergencia, contratar maquinaria amarilla, movilizar ayudas humanitarias y coordinar acciones con organismos de socorro; por su parte, la Oficina para la Gestión del Riesgo y Cambio Climático (OGRICC) y la Secretaría de Gobierno con acompañamiento de otras entidades, han liderado las labores de atención, limpieza y remoción de sedimentos, mientras el alcalde Carlos Pinedo Cuello recorre los barrios afectados, entregando personalmente ayudas a los damnificados, ha presidido sesiones extraordinarias del Consejo Distrital de Gestión del Riesgo, en otras palabras, la respuesta institucional ha sido rápida, pero limitada por la magnitud del evento y las condiciones estructurales del territorio.
Ahora bien, ¿puede un alcalde prever la ocurrencia exacta de un fenómeno natural, su magnitud y los recursos a invertir? La respuesta es no; la Ley 1523 de 2012, que establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, reconoce que los eventos naturales son impredecibles en su forma, intensidad y momento, lo que sí exige es planificación, prevención y capacidad de respuesta y en ese sentido, Santa Marta ha actuado diligentemente, la declaratoria de calamidad pública permite reaccionar con mayor agilidad, pero se debe decir, no es la solución definitiva, para ello se previó la solución desde el Plan de Desarrollo Distrital SANTA MARTA 500 MÁS, el que incluye medidas de mitigación, reubicación y educación comunitaria; a todo esto, ahí es donde el reto se vuelve estructural.
Muchas de las familias afectadas viven en zonas de alto riesgo no mitigable, laderas inestables, márgenes de ríos, caños obstruidos, asentamientos informales; se requieren recursos económicos importantes para la compra y construcción de cientos de miles de soluciones de vivienda; por ende, sin una solución conjunta, sin procesos de reubicación integral, estas comunidades seguirán siendo víctimas recurrentes de cada temporada de lluvias, para empezar, aquí aparece otro dilema ¿cómo reubicar sin vulnerar derechos? ¿Cómo garantizar vivienda digna sin caer en promesas incumplidas? La Ley 388 de 1997 sobre ordenamiento territorial y la Ley 2044 de 2020 sobre reasentamientos humanos por riesgo no mitigable ofrecen herramientas, pero requieren voluntad política del orden nacional y territorial, recursos sostenibles y articulación interinstitucional; entre otras cosas, todo esto no es nuevo; es tan histórico como los 500 años de fundación de la ciudad.
Además, hay factores que no dependen del clima y recursos institucionales, sino de las comunidades; la disposición final de basuras, el manejo de escombros, la canalización de aguas residuales, el respeto por las rondas hídricas y la cultura del cuidado ambiental son responsabilidades compartidas, no basta con exigirle al gobierno que actúe si como ciudadanía seguimos arrojando desechos a los arroyos, construyendo en zonas prohibidas o ignorando las alertas tempranas; no es suficiente que la Ley 1804 de 2016 sobre educación ambiental y la Ley 142 de 1994 sobre servicios públicos domiciliarios establezcan obligaciones claras, pues su cumplimiento depende tanto de las instituciones como de la conciencia ciudadana.
En medio de la emergencia por lluvias, ha surgido una crítica recurrente en Santa Marta “¿Por qué se celebraron los 500 años pues los barrios se inundaron una semana después?” La pregunta, hecha desde la indignación ciudadana, desconoce la lógica presupuestal, la imprevisibilidad de los fenómenos naturales y la normativa de la administración pública; los recursos destinados a la conmemoración cultural provienen de fuentes específicas como estampillas, convenios y asignaciones sectoriales, además de apropiaciones aprobadas por el Concejo Distrital en el presupuesto anual, que no pueden ser redireccionados a obras de mitigación o infraestructura, por más urgente que parezca, siendo más específico, la cultura tiene obligaciones legales propias, al igual que la gestión del riesgo, y ambas deben ejecutarse en paralelo, no en competencia; lo que se necesita no es cancelar la historia para atender la tragedia, sino fortalecer la capacidad institucional para hacer ambas cosas con responsabilidad, planeación y transparencia.
La emergencia climática no distingue estratos ni ideologías, por eso, más allá de la lluvia, lo que Santa Marta necesita es una acción conjunta y menos odios, porque si no somos capaces de encontrarnos gobiernos y comunidades en la solución, seguiremos encontrándonos en la tragedia.
Y mientras el cielo decide cuándo volver a llover, es aquí abajo donde debemos decidir cómo dejar de inundarnos.
