El alcalde de Santa Marta tomó el micrófono en la Comisión del Quinto Centenario para anunciar que “tenemos los recursos, los lotes y las plantas”, dando por puesta la solución a la crisis hídrica de la ciudad.
En un auditorio repleto de representantes de comunidades afrocolombianas, raizales, indígenas, gremios académicos, entidades estatales y sector privado, el alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello, se sentó al centro del escenario político con un mensaje claro: “Hoy la solución del agua es una realidad para Santa Marta”. Lo que parecía una promesa eterna, ahora deviene en una pieza de poder local y nacional, en la cual Pinedo reclama protagonismo junto al Gobierno que lidera Gustavo Petro.
En el marco del acto de la Comisión del Quinto Centenario —evento diseñado para marcar los 500 años en la ciudad— Pinedo presentó avances estructurales en el denominado “Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado”. Allí, además de anunciar el inicio de obras de la Planta El Curval, mencionó dos plantas desalinizadoras con respaldo presupuestal nacional, lotes asegurados y recursos disponibles.
La política detrás del anuncio
No se trató solo de una presentación técnica; Pinedo utilizó el escenario político para mostrar músculo. Su alianza con el Gobierno nacional es explícita: en una sola frase colocó al presidente Petro, a la ministra de Vivienda y al distrito de Santa Marta en la misma narrativa de solución.
Para su administración, la crisis del agua —que por décadas ha sido motivo de protestas, racionamientos y quejas en diferentes barrios de Santa Marta— se convierte en el eje de su legitimidad política: “tenemos los recursos, tenemos lote y tenemos ya garantías para nuestro Plan Maestro de Agua”, dijo su gerente de infraestructura, Luis Felipe Gutiérrez.
La aprobación del CONPES 4159, o al menos su versión pública, asegura más de $765 mil millones para dos plantas desalinizadoras (una con capacidad de ~60 000 m³/día en el sur de la ciudad y otra de ~2 000 m³/día en Taganga).
Esto también abre una escena de negociación política: ¿quiénes controlarán las obras? ¿cómo se asignarán contratos? ¿qué papel jugarán las comunidades étnicas? Pinedo parece adelantarse: su discurso ubicó a la ESSMAR E.S.P. —empresa distrital— como administradora de los recursos y obras, ratificando su posible control local.
El terreno técnico detrás del show
Las cifras aportan sustancia al anuncio. Según fuentes oficiales, se destinan más de $17 000 millones para la rehabilitación de pozos de Santa Marta. Los lotes ya están asegurados: la Sociedad de Activos Especiales (SAE) realizó la cesión de terreno de unas 5.5 hectáreas en Pozos Colorados para la planta desalinizadora Sur.
El objetivo: pasar de promesas a ejecución. El Estado nacional y el distrito aseguran que no se está ante una idea más, sino ante obra sustentada.
Barrrios, actores y disputa distributiva
En los pasillos del evento estaban delegados de comunidades indígenas, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Su presencia no es decorativa: el presidente del evento lo dijo: “el agua es la vida de una ciudad y de una gente”.
Para esos sectores, las plantas desalinizadoras suenan bien, pero la expectativa es concreta: que el agua les llegue sin interrupciones, que no sea privilegio de zonas residenciales. Pinedo lo sabe: en su discurso lo menciona como problema de salud pública que “por años ha tenido la ciudad”.
Pero el reto está abierto: el distrito debe diseñar mecanismos para priorizar barrios que han sido relegados, vigilar las concesiones, asegurar que el operador público ESSMAR cumpla, y que la infraestructura no quede en vitrinas y discursos.
El gran test de los próximos meses
La narrativa política de Pinedo convierte al agua —tradicionalmente un servicio técnico— en bandera de poder local. Su administración inicia una fase en la que tendrá que cumplir: arrancar obras, asegurar cronogramas, licitar, adjudicar, supervisar, operar.
Si lo logra, reforzará su posición política. Si fracasa, el saldo podría ser mayor que una obra inconclusa: podría costarle legitimidad política.
Además, dado que el anuncio se hizo en un evento vinculado a la Cumbre Cumbre CELAC‑UE 2025 y al aniversario de Santa Marta, la dimensión simbólica es mayor: no solo está en juego la ciudad, está en juego la imagen de gobernabilidad de la región Caribe.
La ciudad más antigua de América hispánica —Santa Marta— parece entrar en otra era: la del agua como eje político. Carlos Pinedo Cuello y el Gobierno nacional subieron la apuesta, presentando cifras, lotes y obras como prueba tangible de cambio. Pero la verdadera transformación no está en el anuncio, está en que los samarios y samarias vean el grifo fluir sin interrupción, sin protestas, sin tener que depender de cisternas cuando el calor aprieta.
Si la política y la técnica logran articularse, el mérito será de quienes gobiernan hoy. Si se estanca, la factura será más que una rendición de cuentas: será un voto de confianza roto en la ciudad. Santa Marta tiene la oportunidad de dejar de esperar. Pero también tiene el deber de exigir.