La cifras de amenazas a líderes sociales se dio a conocer en la reunión entre la administración departamental y el Ministerio del Interior.
Rosa Cotes gobernadora del Magdalena llegó a Bogotá en compañía de Norma Vera secretaria del interior para solicitar ayuda a la ministra Nancy Gutiérrez y al Gobierno Nacional con respecto al aumento de las cifras de amenazas en contra de los líderes sociales y defensores de los derechos humanos en el departamento de Magdalena.
Durante la reunión se socializo el tema de las amenazas en la cual se indico que en los ochos meses que van del año se han presentado alrededor de 191 amenazas en todo el departamento, aseguro Norma Vera.
Vinimos hasta Bogotá para lograr un proceso de articulación de entidades para atender el tema de las amenazas a lideres sociales, manifestó Norma Vera.
Algunos congresistas del departamento que también asistieron al encuentro manifestaron su preocupación por este alarmante hecho, debido a que el índice de amenazas en el 2019 ha ido en aumento, y ya han sido asesinados 3 líderes sociales, sin contar con las agresiones que han sufrido algunos activistas.
La gobernadora y la secretaria del interior se reunieron con el Director de la unidad nacional de protección el cual se comprometió a reforzar la protección a la líder Yasmery Marañón que en días pasados fue agredida.
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LíDERES SOCIALES AMENAZADOS EN EL MAGDALENA
Norma Vera manifestó que durante el encuentro que se sostuvo con la ministra del interior también solicitaron atención a los casos de 10 líderes sociales los cuales temen por sus vidas y las de sus familias.
Durante la reunión la Ministra del Interior asumió diversos compromisos y la gestión de aproximadamente 8 mil millones de pesos para reforzar estrategias de seguridad y convivencia en el Departamento.
La secretaria del interior indicó que se solicitó presentar al fondo de seguridad y convivencia nacional un proyecto para instalar cámaras de seguridad en todo el departamento.
Este tendrá un costo de 6.000 millones de pesos y la Ministra se comprometió a suministrar 2.500 millones de pesos para el plan de desarme juvenil