Un juez ordenó la tala del árbol del barrio 20 de Julio, que según vecinos llevaba más de cien años en el lugar, reabriendo una discusión en la ciudad sobre desarrollo urbano, decisiones judiciales y protección del medio ambiente.
La bonga del barrio 20 de Julio, en Santa Marta, será talada por orden judicial. El árbol, que según residentes del sector tiene más de cien años de antigüedad, quedó en el centro de una controversia que enfrenta la seguridad de varias viviendas con la defensa de uno de los árboles más antiguos del sector.
Mucho antes de que se levantaran varias de las casas que hoy lo rodean, el árbol ya estaba en ese lugar. Con el crecimiento del barrio, su tronco y sus raíces terminaron quedando prácticamente entre viviendas, una situación que con el paso del tiempo empezó a generar preocupación entre algunos residentes.
Vecinos del sector han advertido afectaciones en estructuras cercanas y temen que el tamaño del árbol, sumado a su estado interno, pueda representar un riesgo. El temor principal es que el desprendimiento de ramas o una eventual caída provoque daños en las viviendas o afecte a quienes viven alrededor.
Una tutela terminó definiendo el futuro del árbol
El caso llegó a la justicia luego de que residentes presentaran una acción de tutela argumentando afectaciones en sus viviendas.
El Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Santa Marta decidió el 20 de febrero de 2026 ordenar la intervención del árbol, y posteriormente el 25 de febrero de 2026 precisó el alcance de la medida.
En la decisión se ordena a la Alcaldía Distrital de Santa Marta realizar la tala controlada de la bonga-ceiba ubicada en la carrera 16 entre calles 6 y 7 del barrio 20 de Julio, con acompañamiento de personal técnico especializado.
El fallo establece además que la intervención debe ejecutarse en un plazo máximo de cinco días desde la notificación de la decisión judicial.
Dentro del proceso aparecen como entidades accionadas la Alcaldía de Santa Marta, el Departamento Administrativo Distrital de Sostenibilidad Ambiental de Santa Marta (Dadsa), el Ministerio de Ambiente y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
Ambientalistas cuestionan la decisión
La orden judicial provocó cuestionamientos entre colectivos ambientalistas de la ciudad, que consideran que la tala no era la única salida.
Algunos grupos sostienen que el árbol pudo haberse protegido mediante un proyecto de reordenamiento urbano que incluyera la reubicación de las viviendas más cercanas y la creación de un pequeño parque que preservara la bonga como patrimonio ambiental del barrio.
Para estos sectores, eliminar el árbol representa la pérdida de un elemento natural que ha estado en el lugar durante generaciones.
Una discusión que Santa Marta ya ha vivido
La controversia revive episodios similares en la ciudad. Uno de los más recordados ocurrió en el centro histórico con el llamado árbol de caucho, un ficus de gran tamaño que durante años generó protestas cuando se planteó su retiro en medio de proyectos urbanos.
Ese árbol terminó desplomándose tras el debilitamiento de sus raíces, episodio que dejó una discusión pública sobre la protección del arbolado urbano en Santa Marta.
En diferentes momentos también se han registrado críticas por la intervención o retiro de árboles durante obras en la ciudad, lo que ha alimentado un debate recurrente sobre el equilibrio entre desarrollo urbano y conservación ambiental.
Un final que divide opiniones
Mientras algunos vecinos consideran que la tala era necesaria para evitar una tragedia, otros sostienen que el árbol terminó pagando las consecuencias del crecimiento desordenado de la ciudad.
Lo cierto es que la decisión judicial ya marcó el desenlace: la bonga centenaria del barrio 20 de Julio será talada, cerrando un capítulo que deja abierta una pregunta incómoda para Santa Marta: qué debe pesar más cuando la ciudad crece, la seguridad inmediata o la protección de su patrimonio natural.