El gremio ganadero insiste en que ejecuta las jornadas sanitarias bajo directrices del ICA y asegura que las decisiones sobre dónde y a qué animales vacunar no dependen de la Federación.
En medio de las recientes declaraciones del Gobierno nacional sobre el sector ganadero, la Fedegán salió a fijar su posición y aclarar cómo se ejecutan los ciclos de vacunación en el país. El gremio fue enfático: no decide de manera autónoma dónde ni a qué animales se les aplica la vacuna, sino que cumple instrucciones precisas de la autoridad sanitaria.
Según el comunicado, el proceso está bajo la coordinación del Instituto Colombiano Agropecuario, entidad que define cada detalle técnico antes de iniciar las jornadas. Entre esos lineamientos se encuentra la llamada “población marco”, un registro que incluye el número de predios, bovinos y bufalinos que deben ser vacunados en todo el territorio nacional.
Esa información es entregada a Fedegán antes de cada ciclo, lo que permite organizar la logística y garantizar la cobertura. El gremio insiste en que su función es operativa: ejecutar la vacunación bajo supervisión estatal para mantener el estatus sanitario del país frente a enfermedades de control oficial.
Para el año 2026, estas condiciones quedaron establecidas en la Resolución 6630 del ICA, que regula el primer ciclo de vacunación contra la fiebre aftosa, la brucelosis bovina y la rabia de origen silvestre. Este documento también determina las zonas donde se aplicará la jornada y aquellas que quedan excluidas por razones técnicas.
En ese sentido, el comunicado precisa que en departamentos como Amazonas y Vaupés, así como en el municipio de Miraflores, en Guaviare, no se realizará vacunación contra fiebre aftosa durante este ciclo. Esto se debe a que estas zonas están en proceso de reconocimiento como territorios libres de la enfermedad sin necesidad de inmunización.
En contraste, otras regiones de la Amazonía, como Caquetá, Guainía, Guaviare y Putumayo, mantienen el esquema regular de vacunación, siguiendo las directrices establecidas por el ICA.
El documento también responde a afirmaciones hechas en espacios oficiales sobre el papel del sector ganadero en ciertas dinámicas del país. Desde Fedegán se recordó que, según su postura, actividades ilegales han incidido en la ocupación de territorios y en prácticas que no corresponden a la ganadería formal.
En esa línea, el presidente ejecutivo del gremio, José Félix Lafaurie Rivera, reiteró que abrir zonas de selva profunda para establecer actividad ganadera no responde a una lógica productiva tradicional, debido a los altos costos y limitaciones logísticas. A su juicio, este tipo de dinámicas responde a otros intereses que terminan afectando tanto el medio ambiente como la percepción del sector.
Más allá de la controversia, Fedegán planteó la necesidad de trabajar de manera conjunta con el Gobierno en estrategias que permitan fortalecer la producción ganadera con criterios de sostenibilidad.
Entre las propuestas está la transición hacia sistemas silvopastoriles intensivos, que buscan aumentar la productividad en menor área, proteger los recursos naturales y mejorar el bienestar animal. Este modelo, según el gremio, permitiría reducir la presión sobre nuevas zonas y optimizar el uso del suelo.
El comunicado también incluye iniciativas enfocadas en el sector lácteo, como la promoción del consumo, la articulación con programas públicos y el fortalecimiento de mercados regionales. La intención, de acuerdo con el gremio, es responder a un escenario en el que la producción ha crecido, pero la demanda no lo ha hecho al mismo ritmo.
El pronunciamiento deja claro que Fedegán busca centrar el debate en datos técnicos y en la coordinación institucional. Mientras continúan las discusiones sobre el papel del sector en el país, el gremio insiste en que su labor en los ciclos de vacunación responde a una responsabilidad delegada por el Estado y no a decisiones independientes.
Así, en medio de las tensiones, la Federación pone sobre la mesa un mensaje directo: la sanidad animal en Colombia es el resultado de un trabajo coordinado, donde las decisiones se toman desde la autoridad oficial y la ejecución recae en quienes conocen el territorio.