La justicia ordenó limpieza, cierre y vigilancia en la antigua clínica Puertos de Colombia tras años de abandono que lo convirtieron en foco de inseguridad.
La historia de abandono de la antigua clínica Puertos de Colombia en Santa Marta comienza a cambiar. Tras años convertida en basurero, refugio de habitantes de calle y escenario de consumo de drogas, el Tribunal Administrativo del Magdalena decretó medidas cautelares urgentes a raíz de una acción popular presentada por la Personería Distrital. La decisión obliga a las autoridades a intervenir de inmediato el predio, hoy un foco de riesgo sanitario y de inseguridad.
La orden judicial contempla tres pasos concretos: la evacuación de las personas que actualmente ocupan los inmuebles ubicados en la calle 10B con carrera segunda, la limpieza total del lugar y su cierre perimetral. Además, se estableció que deberá garantizarse vigilancia permanente para evitar que sea nuevamente invadido. Estas acciones deberán adelantarse en un plazo no mayor a 30 días.
La intervención recae sobre la Central de Inversiones S.A. (CISA) y la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas, entidades responsables de administrar el espacio. Con la decisión, se busca no solo detener el deterioro del inmueble, sino también proteger derechos colectivos como la seguridad, la salubridad y la defensa del patrimonio público.
El papel de la personería en la decisión
El proceso se originó en la acción popular presentada por el personero distrital, Edwar Orozco Oñate, quien argumentó que la clínica en ruinas representaba un peligro constante para la ciudad. El inmueble, que alguna vez funcionó como centro médico, terminó convertido en depósito de basuras, escondite de delincuentes y espacio de consumo de sustancias psicoactivas. Su condición lo transformó en un riesgo epidemiológico y en un punto crítico para la seguridad en pleno centro de Santa Marta.
El Tribunal acogió la petición de medidas cautelares urgentes presentada por la Personería y reconoció que la situación del predio amenaza la vida en comunidad. Con ello, el caso adquiere relevancia porque se convierte en una de las pocas ocasiones en que la justicia interviene para recuperar un espacio urbano deteriorado que afecta directamente a los ciudadanos.
La clínica Puertos de Colombia, un muladar
Más allá de la limpieza y cierre físico del lugar, el fallo plantea un desafío mayor: garantizar la sostenibilidad de la medida. La vigilancia permanente que ordena el Tribunal será determinante para evitar que, tras la intervención, el sitio vuelva a caer en el abandono y sea reocupado por habitantes de calle o grupos dedicados a actividades ilícitas.
El personero Orozco señaló que esta decisión es un paso firme en la recuperación de espacios estratégicos para la ciudad. Recordó que la Personería seguirá acudiendo a las herramientas jurídicas necesarias para proteger a la ciudadanía y frenar el deterioro de bienes públicos que hoy representan riesgos colectivos.
Con esta decisión, la justicia obliga a que se pase de la indiferencia a la acción, al tiempo que plantea la necesidad de atender otros espacios de la ciudad que hoy se encuentran en condiciones similares.
VER: Personería Distrital de Santa Marta