El Consejo de Estado le negó al consorcio Ribera Este una pretensión económica por $28.000 millones que había sido objetada por un Tribunal de Arbitramento.
Mediante fallo del 19 de marzo de 2020, el Consejo de Estado le negó al Consorcio Ribera Este una pretensión económica por valor de $28.000 millones.
Esta empresa es la responsable de la obra de mejoramiento en el trayecto: Palermo-Sitionuevo-Remolino-Guáimaro conocido como la ‘Vía de la Prosperidad’.
El Consorcio Ribera Este intentó dos veces que le pagaran $28.000 millones.
La decisión del Consejo de Estado es la segunda que favorece a la Gobernación del Magdalena. El 11 de julio de 2019 lo había hecho un Tribunal de Arbitramento.
La sentencia actual decidió el recurso extraordinario de anulación solicitado por el Consorcio Ribera Este por la presunta ocurrencia de un desequilibrio económico.
VER: Primera Fase de la Vía de la Prosperidad está en un 99% de ejecución
ANTECEDENTE
Tanto el Tribunal de Arbitramento, en su momento; como el Consejo de Estado, ahora; precisaron que lo demandado por el Consorcio no le correspondía.
Ribera Este reclamó cuentas reconocidas por la interventoría del proyecto contratada por el Instituto Nacional de Vías -Invías- y no por el Departamento.
Esta es la Vía de la Prosperidad, obra construida por el Consorcio Ribera Este.
Quedó claro que la Gobernación del Magdalena carecía de capacidad para aprobar los pagos exigidos por el constructor de la Vía de la Prosperidad.
Dicha facultad estaba exclusivamente en cabeza de la firma de interventoría Consorcio ICI, quienes le rendían cuentas al Instituto Nacional de Vías -Invías-.
VER: Vía de la Prosperidad está más viva que nunca: Fabio Manjarrés Pinzón
LA DEFENSA
Esta victoria judicial estuvo liderada por el abogado Gonzalo Suárez Beltrán, a quien se le considera uno de los ‘padres de la contratación pública’ en Colombia.
Los argumentos de Suárez Beltrán, representante legal del Departamento, convencieron al Consejo de Estado de negar lo solicitado por Ribera Este.
Abogado Gonzalo Suárez Beltrán, representante legal del Departamento.
El fallo es el resultado del diseño de una estrategia, un plan y las acciones que se concentraron en la consecución de una defensa idónea para la Gobernación.
El Consejo de Estado, con su sentencia, aseguró la adecuada custodia de los intereses litigiosos del Departamento y la prevención de una conducta antijurídica.