El informe definitivo de la Contraloría del Magdalena destapa un saqueo sistemático de $21.972.724.823 bajo la sombra de una «paralegalidad financiera» que entregó el recaudo de las fotomultas a un privado, evadiendo impuestos y feriando los recursos públicos de Ciénaga.
La Contraloría General del Magdalena acaba de propinar un golpe contundente a la administración del alcalde de Ciénaga, Luis Alberto Fernández Quinto, al revelar un informe de auditoría que despoja el velo de lo que califica como una «ruptura sistémica de los controles públicos». El documento técnico AEF Q-47-25-0012 sentencia un presunto detrimento patrimonial que asciende a la astronómica suma de $21.972.724.823.
La investigación de los auditores arroja una conclusión escalofriante, en el Instituto de Tránsito y Transporte de Ciénaga -Intraciénaga, se habría instaurado un esquema de «paralegalidad financiera» diseñado para sustraer recursos públicos del circuito legal del Estado y entregárselos a un tercero privado.
La «Caja Oculta» de las fotomultas
El corazón de este presunto desfalco se encuentra, al parecer, en el Otrosí No. 1 de 2014, un documento que, según la Contraloría, entregó la «soberanía financiera» de la entidad al concesionario Ciénaga Movilidad Segura S.A.S.; a través de este mecanismo, los recursos de las fotomultas nunca llegaron a la Tesorería municipal; en su lugar, fueron desviados a una fiducia privada que operó como una caja menor fuera del radar de los entes de control.
Bajo este esquema, se ocultó el registro de ingresos brutos que a noviembre de 2025 superaban los $42.596 millones. La entidad solo contabilizaba las «sobras» que el concesionario decidía transferirle, ocultando la realidad económica del municipio y engañando al control fiscal con estados financieros que no son razonables.
Un festín de ilegalidades y evasión
Los hallazgos detallan una gestión fiscal que la Contraloría tilda de «antieconómica e ineficaz» como, por ejemplo:
Remuneraciones infladas: Mientras la Ley 1843 de 2017 prohíbe que los privados reciban más del 10% del recaudo, en Ciénaga se le ha pagado un 50% al contratista, generando un daño patrimonial solo por este concepto de $11.413.546.504.
Evasión de impuestos: Al pagar directamente desde la fiducia privada, se eludió sistemáticamente el recaudo de estampillas Pro-Hospital, Pro-Cultura y Pro-Adulto Mayor, desfinanciando sectores críticos de la salud y el bienestar social.
Regalo de rentas públicas: La administración cedió ilegalmente el 100% de las costas procesales y honorarios de cobro coactivo al privado, una función que es soberana del Estado y no puede ser delegada para el lucro particular.
Implicaciones penales y el silencio de los implicados
La gravedad de lo hallado no se limita a lo administrativo. La Contraloría ha dado traslado a la Fiscalía por 10 hallazgos con incidencia penal, advirtiendo la posible comisión de delitos como Peculado por Culpa, Contrato sin Cumplimiento de Requisitos Legales e Interés Indebido en la Celebración de Contratos.
Lo más preocupante para la institucionalidad es que, durante el proceso de auditoría, tanto el alcalde Luis Fernández Quinto como la Junta Directiva de Intraciénaga y su director, Juan Jacobo Torregrosa, guardaron un silencio absoluto.
El ente de control certificó que no presentaron descargos ni controversias dentro de los plazos legales, lo que se interpreta como una «renuncia tácita a la defensa» ante hechos que ya gozan de plena firmeza y validez probatoria.
Ciénaga enfrenta hoy no solo un agujero financiero de 22 mil millones de pesos, sino la posibilidad de una avalancha de demandas, ya que el informe advierte que la obsolescencia y falta de calibración de los equipos de fotomultas vician de nulidad absoluta los comparendos impuestos, lo que obligaría al municipio a devolver dineros que ya se esfumaron en manos del concesionario.