La diputada Elizabeth Molina, dio a conocer un informe que evidenciaría 32 hallazgos y un detrimento superior a los 115 millones del San Cristóbal.
Tras denuncia de la diputada Elizabeth Molina ante la Contraloría Departamental, se encontró irregularidades en contratación en el hospital San Cristóbal de Ciénaga, información oculta y vinculación de personas que no cumplían requisitos de ley.
La diputada Molina dio a conocer el informe de auditoría de la Contraloría Departamental en este centro médico, que evidencia 32 hallazgos o irregularidades durante el paso de Jairo Romo como gerente.
Al parecer, las malas decisiones de Romo provocaron un detrimento patrimonial superior a los 115 millones de pesos del “San Cristóbal” hechos que fueron investigados y conocidos tras denuncia de la diputada Elizabeth Molina en los entes de control.
“He sido defensora de la salud porque es un derecho constitucional y lo que está pasando en el hospital de Ciénaga es que está nadando en corrupción. Yo lo he denunciado numerosas veces y hoy la Contraloría Departamental ratifica esas denuncias” precisó Elizabeth Molina.
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¿NEGOCIO?
Molina asegura que la ESE de Ciénaga se convirtió en un negocio para la gobernación. Se encontró que el exgerente Romo dejó de contratar directamente a los profesionales para hacerlo a través de una empresa o la llamada tercerización.
El informe de la Contraloría muestra que Jairo Romo contrató a la empresa Cuidarte SAS para la prestación del servicio de médicos especialista en ginecología y obstetricia.
Además, se encontró que a través de esa empresa se presentaron irregularidades, como el supuesto pago a ginecólogos que pasó de 60 mil a 108 mil pesos la hora.
“Con frecuencia recibo numerosas quejas del hospital de Ciénaga. Desde la falta de pago a enfermos, médicos, personal de aseo hasta la falta de implementos para atender a los pacientes” señaló Elizabeth Molina.
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ABOGADA SIN TÍTULO
La Contraloría Departamental encontró que la designación como asesora de control interno a Sugeidy Faizuly Amaya Gonzalez estaría llena de irregularidades.
Y es que resulta que, el manual de funciones establece que ese cargo debe ser ocupado por un profesional en derecho, administración de empresa o contabilidad.
Sin embargo, Sugeydi Amaya es profesional en negocios internacionales pero fue certificada como abogada por parte de la oficina de Talento Humano de la Gobernación para quedarse con el puesto.
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