Tras recibir información directa del territorio, ordenó la activación de un Comité Extraordinario de Justicia Transicional y pidió intervención inmediata del Gobierno nacional.
La escalada de violencia que afecta a comunidades indígenas en la Sierra Nevada de Santa Marta provocó una reacción directa desde la Gobernación del Magdalena. La mandataria departamental, Margarita Guerra, asumió la conducción de la respuesta institucional tras conocer los reportes de enfrentamientos armados que ponen en riesgo a poblaciones asentadas en el territorio ancestral.
La gobernadora tomó decisiones inmediatas luego de recibir información sobre la situación que se vive en sectores rurales del municipio de Aracataca, donde comunidades indígenas han advertido sobre combates entre grupos armados organizados que buscan disputarse control territorial. Ante ese escenario, Guerra dispuso la convocatoria de un Comité Extraordinario de Justicia Transicional para activar los mecanismos de respuesta del Estado.
La instrucción de la mandataria fue clara: movilizar a las entidades responsables de la protección de derechos humanos y atención de crisis humanitarias para evaluar la situación y definir medidas urgentes que permitan proteger a las comunidades que habitan en la Sierra Nevada.
Los reportes que llegaron a la Gobernación describen un escenario preocupante para el pueblo arhuaco y otras comunidades asentadas en la zona. Según la información transmitida por autoridades indígenas, los enfrentamientos han dejado personas heridas y víctimas mortales, además de generar un ambiente de temor entre familias que viven en diferentes puntos del territorio.
Frente a ese panorama, la gobernadora decidió actuar con rapidez y elevar la situación al nivel nacional, por esa razón ordenó convocar de manera extraordinaria a instituciones del Estado que tienen responsabilidades directas en materia de seguridad, derechos humanos y atención a poblaciones vulnerables.
La sesión del Comité de Justicia Transicional contará con la participación de entidades como la Defensoría del Pueblo, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. El objetivo es que estas instituciones conozcan la situación y coordinen acciones que permitan responder a la emergencia.
Con esta decisión, la gobernadora del Magdalena busca que la crisis que afecta a la Sierra Nevada no quede limitada al ámbito regional. La intención es que el Gobierno nacional intervenga y acompañe las medidas que sean necesarias para garantizar la protección de las comunidades indígenas.
La Sierra Nevada de Santa Marta ha sido históricamente un territorio sensible frente a dinámicas de conflicto armado. Su geografía y su ubicación estratégica han convertido la región en un espacio disputado por actores ilegales en distintos momentos de las últimas décadas.
En medio de ese contexto, la actuación de las autoridades territoriales suele ser determinante para activar rutas de atención antes de que los efectos del conflicto se profundicen sobre la población civil.
La gobernadora Guerra ha centrado su gestión en mover rápidamente la institucionalidad frente a los reportes de violencia. La activación del Comité Extraordinario de Justicia Transicional responde precisamente a la necesidad de que las diferentes entidades del Estado actúen de manera coordinada.
Este mecanismo permite evaluar situaciones que pueden derivar en desplazamientos, afectaciones a los derechos humanos o riesgos para comunidades vulnerables, especialmente en territorios donde habitan pueblos indígenas.
La instrucción desde la Gobernación apunta a que las autoridades nacionales conozcan con precisión lo que ocurre en la Sierra Nevada y puedan adoptar medidas que reduzcan el riesgo para las comunidades.
Para las autoridades indígenas, la presencia del Estado resulta clave en momentos en que el territorio enfrenta tensiones derivadas de la presencia de actores armados. La seguridad de las familias y la estabilidad del territorio ancestral se encuentran entre las principales preocupaciones expuestas por los líderes comunitarios.