Contraloría dijo que contratista entregó y Alcaldía de Santa Marta recibió malas obras en el Rodrigo de Bastidas y el Instituto Magdalena.
Un reciente informe liberado por la Contraloría General de la República a solicitud de la Veeduría Ciudadana, reveló que el contratista entregó y la Alcaldía de Santa Marta recibió obras de baja calidad en los colegios Rodrigo de Bastidas e Instituto Magdalena.
Las obras fueron contratadas en el año 2017 y comprendían la ampliación de la infraestructura física de las instituciones educativas distritales Rodrigo de Bastidas e Instituto Magdalena, las cuales, amenazaban ruina para la época en la que se dieron los hechos.
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En respuesta a un derecho de petición radicado por la Veeduría Ciudadana, la Contraloría General de República señaló que el contratista, la Unión Temporal IE Santa Marta 2017, habría incurrido en un daño al patrimonio público en cuantía total de $34.246.551,98.
El presupuesto afectado dentro del contrato, corresponde a la sumatoria del costo de los ítems de obra ejecutada con baja calidad, que fue recibida y pagada para el colegio Rodrigo de Bastidas por $31.795.115,19 y para el instituto Magdalena por $2.451.436,78.
LA DESIDIA
La situación detectada, fue causada por la debilidad en las funciones de construcción, interventoría y supervisión, por entregar, recibir y pagar, respectivamente; obras de baja calidad y sin certeza de la especificidad de lo contratado con relación a los diseños.
A su vez, el efecto generado es un detrimento al patrimonio público por $34.246.551,98, lo que afecta la disponibilidad de recursos para el cumplimiento de los fines del estado y genera riesgos en la calidad y servicio de las obras objeto del contrato.
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Lo anterior, le permite a la Contraloría General de la República calificar esta situación como un hallazgo con incidencia fiscal por el valor indicado en el párrafo anterior, con una presunta incidencia disciplinaria contra el contratista, la Alcaldía y la Gerencia de Infraestructura.
La Contraloría obtuvo toda esta información en el marco de una visita de inspección fiscal que se cumplió del 13 al 25 de septiembre de 2019, en compañía de la Oficina de Control Interno de la Alcaldía y el contratista. Fue citada la interventoría pero no asistió.