Funcionarios de la Secretaría de Gobierno y Parques Naturales, desarrollaron una diligencia plagada de inconsistencias y violaciones a Derechos Humanos.
El pasado 26 de octubre, una horda de alrededor de 50 hombres de la Secretaría de Gobierno, Parques Naturales y Policía llegaron a los ancones de pesca.
San Antonio de Bonito Gordo, es uno de ellos. Es una playa virgen, con poco más de diez cabañas, y en donde se desarrollan actividades pesqueras y ganaderas.
Hasta el rancho del pescador en Bonito Gordo, llegaron efectivos de la Alcaldía, Parques y antimotines.
Allí, a la casa de Álvaro Peña Cantillo, llegó la cantidad de funcionarios uniformados a darle una orden: tenía 24 horas para desalojar su rancho.
El mismo rancho, construido con sus manos, en el que había vivido por más de 54 años, que significaba el refugio de él y de sus compañeros en las faenas de pesca.
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¿Y EL DEBIDO PROCESO?
El hombre, sin saber nada de leyes, quedó en shock. Los funcionarios, le dijeron que era un invasor de los terrenos que le pertenecen al Parque Tayrona.
Le mostraron las herramientas con las que derrumbarían su rancho, lo hostigaron a que lo entregara, porque de lo contrario, se le llevaban sus vacas o iría preso.
Funcionarios de la Secretaría de Gobierno y de Parques, impidieron el acceso de la comunidad al rancho.
Peña, no sabía que decir, sólo insistía en que lo dejaran ver a un abogado. Desde las ocho de la mañana hasta las tres de la tarde estuvo sin comida, y sin aliento.
Por casualidad, en Bonito Gordo se encontraba parte del Cabildo Indígena de Taganga, que trataron de intervenir en favor de su coterráneo, y no fue posible.
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SIN ABOGADO
Gran parte de los tagangueros, fueron aislados porque “era una diligencia privada”, sin embargo el Cabildo Gobernador, Ariel Daniels, pudo intervenir.
Le explicó al personero, que por un principio de solidaridad, atendería la diligencia de su hermano pescador, y gracias a él, mermaron los hostigamientos y se fueron.
El Cabildo Gobernador, Ariels Daniels, exigió que se respetaran los derechos del pescador taganguero.
El aviso, era que volverían al día siguiente para acabar todo. El pescador, fue llevado en lancha con rapidez, de regreso a Taganga. Todos temían por su salud.
A su casa, llegó ahogándose, entre el llanto, la desesperación y el miedo, de que acabarían con lo poco que había logrado construir a sus 73 años, a punta de pesca.
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GRAVE ESTADO DE SALUD
Pese a ser hipertenso, el hostigamiento al que fue sometido le bajó la presión al mínimo. Decía que le dolía el pecho, y no respiraba bien. Así lo confirmó el médico.
A sus dolencias físicas, se le suman un alarmante estado psicológico, que lo tiene sumido en un cuadro de depresión. Tiene miedo por su rancho y sus vacas.
Un médico, corroboró el grave estado de salud en el que está el pescador después del intento de desalojo.
Desde la diligencia, no ha podido levantarse de cama y menos regresar a su hogar. Pese a que los funcionarios, expresaron posteriormente que ya no debía desalojar.
Según explicó el inspector José David López, no quería problemas con el Cabildo Indígena y respetaría las posesiones de los nativos en los ancones de pesca.
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SIN JUSTIFICACIÓN.
Cabe destacar, que esta banderita de paz, fue dada por el funcionario luego que decenas de nativos tagangueros hicieran posesión en los territorios de los ancones.
Y expresaran su resistencia, ante el desalojo inconstitucional de los nativos ancestrales. No se sabe, porqué si la orden era de inspección, se pretendía un desalojo.
El Cabildo Indígena de Taganga y miembros de la comunidad, hicieron resistencia ante las acciones.
Tampoco, se dan explicaciones, por qué no se detuvo el proceso, hasta que el pescador buscara su abogado, ni tampoco la presión desproporcionada para que cediera.
Menos, el acoso del personero encargado, Juan Carlos Navarro, que debía ser garante de los Derechos Humanos del anciano, y que en cambio, permitió que se le fueran violados.
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