Comisión Nacional de Disciplina Judicial archivó proceso que Carlos Eduardo Caicedo Omar impulsó en contra de Alex Alberto Fernández Harding y Dilia Inés Barón Arias.
En un fallo reciente, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial ratificó la prescripción de la investigación disciplinaria que señalaba a los abogados Alex Alberto Fernández Harding y Dilia Inés Barón Arias de presionar testigos para perjudicar al exgobernador del Magdalena, Carlos Eduardo Caicedo Omar.
Este fallo de segunda instancia confirma una decisión anterior de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico, que ya había declarado la terminación anticipada del proceso, generando diversas reacciones en el ámbito político y jurídico.
Origen del caso: señalamientos y acusaciones
La investigación contra Alex Alberto Fernández Harding y Dilia Inés Barón Arias se originó en una compulsa de copias realizada por la Fiscalía 190 Delegada ante la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos.
El detonante fue el testimonio de Adán Rojas Mendoza, quien el 18 de abril de 2018 declaró que los abogados les ofrecieron dinero tanto a él como a su hermano, José Gregorio Rojas Mendoza, para involucrar falsamente a Carlos Eduardo Caicedo Omar en crímenes ocurridos en Barranquilla. Según el relato, este ofrecimiento buscaba incriminar al exgobernador en delitos cometidos por estructuras paramilitares.
Los Rojas Mendoza, conocidos por su vinculación con las Autodefensas Campesinas de la Sierra Nevada, bajo el mando del exjefe paramilitar Hernán Giraldo Serna, han estado envueltos en diversos procesos judiciales. Recientemente, ambos fueron condenados como coautores del homicidio de Roque Morelli Zárate, exdecano de la Universidad del Magdalena, un asesinato ocurrido en 2002. Este historial contribuyó a que las denuncias de los hermanos levantaran sospechas, aunque el caso contra los abogados se centraba exclusivamente en las acusaciones de presunta presión para manipular sus declaraciones.
La prescripción y el fallo judicial
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial, presidida por el magistrado Alfonso Cajiao Cabrera, revisó el caso en segunda instancia tras la apelación de la decisión emitida por la Comisión Seccional del Atlántico en marzo de 2023. En esa primera instancia, el tribunal declaró la terminación del proceso, argumentando que ya habían transcurrido los cinco años que establece la ley para investigar la presunta falta disciplinaria. El ofrecimiento de dinero, que según el testimonio de los Rojas Mendoza se habría realizado en septiembre de 2017, marcaba el inicio del conteo de términos.
Según la normativa colombiana, los procesos disciplinarios prescriben si no se resuelven en un plazo de cinco años desde la comisión del hecho imputado. En este caso, el tribunal concluyó que el Estado perdió la facultad de investigar los hechos, ratificando que el proceso debía concluirse sin que hubiera sanciones para los abogados.
Antecedentes jurídicos y normativos
El fallo de prescripción en este tipo de investigaciones no es un hecho aislado en el ámbito jurídico colombiano. La jurisprudencia de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial ha sido clara en cuanto a los plazos que deben observarse para evitar que los procesos se alarguen de manera indefinida. La Ley 734 de 2002, también conocida como el Código Disciplinario Único, establece con claridad que las actuaciones de carácter disciplinario deben resolverse en un término razonable, con el fin de proteger tanto los derechos del investigado como el adecuado funcionamiento de la justicia.
En este caso, la duración de más de cinco años del proceso fue un elemento crucial para la decisión final. El magistrado Alfonso Cajiao Cabrera argumentó que el vencimiento de términos representaba una violación del debido proceso, pues la prolongación injustificada de la investigación lesionaba los derechos fundamentales de los abogados señalados.
Implicaciones políticas del fallo
Este fallo genera controversia, especialmente en los círculos cercanos a Carlos Eduardo Caicedo Omar, quien ha sido una figura política clave en el Magdalena y un actor activo en la arena política nacional. Caicedo, exrector de la Universidad del Magdalena y exgobernador, ha enfrentado múltiples investigaciones a lo largo de su carrera política, muchas de ellas relacionadas con su gestión y los conflictos que mantuvo con estructuras de poder locales y regionales.
El hecho de que la investigación contra Alex Alberto Fernández Harding y Dilia Inés Barón Arias no haya prosperado podría interpretarse como un revés para Carlos Eduardo Caicedo Omar en su intento por vincular a sus contradictores con actos ilícitos. La prescripción es una muestra de que el sistema judicial ha funcionado correctamente, al respetarse los plazos establecidos por la ley.
De tiempo atrás, en el entorno de Carlos Eduardo Caicedo Omar, se ha sugerido que las denuncias en su contra forman parte de una campaña de desprestigio impulsada por sectores que se oponen a su proyecto político. Esta no sería la primera vez que el exgobernador se enfrenta a este tipo de situaciones. Sus defensores argumentan que las repetidas investigaciones sin resultados concluyentes son una muestra de persecución política.
El papel de los hermanos Rojas Mendoza
La credibilidad de Adán y José Gregorio Rojas Mendoza ha sido otro punto de debate en este caso. Vinculados a crímenes graves y con condenas recientes por su participación en el asesinato de Roque Morelli Zárate, su testimonio ha sido objeto de cuestionamientos. Aunque en su momento colaboraron con la justicia al aceptar su responsabilidad en varios delitos, su implicación en actividades delictivas genera dudas sobre la veracidad de las acusaciones que formularon contra los abogados.
La relación de los Rojas Mendoza con las Autodefensas Campesinas de la Sierra Nevada y su participación en estructuras paramilitares ha sido ampliamente documentada en investigaciones judiciales. Su testimonio fue utilizado en múltiples procesos relacionados con la violencia en la región, y su implicación en el caso de Caicedo forma parte de una trama más amplia que involucra a diversas figuras políticas y sociales del Magdalena.
Reacciones y perspectivas
Los abogados Alex Alberto Fernández Harding y Dilia Inés Barón Arias han mantenido su inocencia a lo largo del proceso, alegando que las acusaciones en su contra carecen de fundamento y fueron fabricadas para manchar su reputación. Con este fallo, esperan cerrar definitivamente un capítulo que consideran injusto y que ha afectado su carrera profesional.
La prescripción de la investigación disciplinaria contra los abogados Alex Alberto Fernández Harding y Dilia Inés Barón Arias cierra un capítulo más en la larga saga de investigaciones que han rodeado la figura de Carlos Eduardo Caicedo Omar. El fallo de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, al ratificar la decisión de la primera instancia, pone fin a un proceso que duró más de cinco años.
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