El Tribunal ordenó a la Alcaldía de Santa Marta adelantar labores para la reubicación de los detenidos en la Estación de Policía de Buritaca.
A través de una acción de tutela presentada por el Ministerio Público contra el Inpec, Ministerio de Justicia, Alcaldía de Santa Marta y Policía Metropolitana de Santa Marta, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Santa Marta, amparó los derechos fundamentales de los detenidos en la estación de policía de Buritaca.
Es decir, el derecho a la vida, la salud y dignidad humana de 9 personas recluidas en la Estación de Policía de Buritaca, quienes permanecen en estado de hacinamiento, sin las condiciones mínimas de higiene y bioseguridad.
Por lo anterior, el Tribunal Superior del Distrito Judicial Sala de Decisión Penal, que conoció en segunda instancia la mencionada acción constitucional, confirmó la protección de los derechos fundamentales mencionados.
Adicionalmente, el Tribunal le ordenó a la Alcaldía de Santa Marta adelantar labores administrativas para la reubicación de los detenidos en la Estación de Policía de Buritaca.
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GESTIONES ADMINISTRATIVAS
Para aclarar, el Tribunal también ordenó a la Alcaldía de Santa Marta llevar a cabo las gestiones administrativas necesarias para garantizar el acceso a servicios sanitarios, de salud, productos de aseo.
De igual manera, alimentación diaria y, además, dotar a los privados de libertad de elementos de protección frente al virus del Covid-19.
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Finalmente, se ordenó a la Alcaldía que en el término de 3 meses se culminen las mejoras locativas de la Seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional para ser utilizado como centro de reclusión transitorio.
Con estas acciones constitucionales se reitera el compromiso del Ministerio Público con salvaguarda y protección de los derechos humanos, de todas las personas sin distinción alguna.
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