El fallo que suspende al Contralor replantea el poder en el Magdalena y deja al juez Villalva como actor determinante del nuevo escenario.
El fallo del juez Carlos Alberto Villalva del Villar llegó en un momento en el que la Asamblea del Magdalena buscaba cerrar el proceso para elegir Contralor. En lugar de eso, el fallo desarmó el escenario, detuvo la elección realizada el 22 de noviembre y abrió un incidente de desacato que obliga a revisar la actuación de la Mesa Directiva y del operador del concurso. El impacto fue inmediato: el departamento quedó sin Contralor legítimamente posesionado y con un proceso congelado por orden judicial.
Pero, el fallo no solo generó un freno. También reactivó una pregunta que ya circula en los pasillos políticos del Magdalena: ¿quién gana con la suspensión del Contralor? Esa duda surge porque el cargo no es menor. La Contraloría es una posición decisiva para vigilar contratos, revisar gestiones y ejercer control sobre la administración departamental. Cuando un fallo la congela, inevitablemente se mueven intereses.
El fallo sostiene que la Asamblea incumplió la orden previa de verificar inhabilidades con base en la Ley 330 de 1996 y las sentencias C-509 de 1997 y C-147 de 1998. También concluye que la Universidad de Medellín no realizó los ajustes necesarios en materia de enfoque de género. El juzgado consideró que la elección de Manuel Julián Mazenet Corrales, fue realizada bajo una medida de suspensión vigente y, por tanto, carece de validez.
La decisión abre un nuevo escenario para el Magdalena y coloca al juez Villalva —de trayectoria polémica y bajo investigaciones disciplinarias— en el centro del análisis.
Un fallo que desmonta el proceso de la Asamblea
El fallo describe que la Asamblea realizó un cumplimiento meramente formal de las órdenes previas. Aunque abrió una actuación administrativa, no aplicó los criterios jurídicos que el despacho había considerado obligatorios. Según el análisis del juez, la corporación trató de cumplir el trámite sin modificar nada de fondo. El resultado fue mantener la terna sin examinar con rigor las presuntas inhabilidades.
La Universidad de Medellín, encargada de operar el concurso, tampoco sale bien librada en el fallo. El despacho señala que la institución mantuvo la ponderación de experiencia sin incorporar medidas afirmativas, pese a que el enfoque de género era un componente obligatorio. La valoración de la experiencia quedó igual, según el fallo, y la posibilidad de corregir barreras estructurales terminó descartada por completo.
El episodio más crítico que recoge la decisión judicial es la elección del 22 de noviembre. La Asamblea, pese a que estaba vigente la orden de suspensión, procedió a votar y posesionar a un Contralor. Para el juzgado, ese acto es una infracción directa y constituye una desobediencia abierta. Por eso, el fallo declara ineficaz la elección y deja sin vigencia todos sus efectos.
La Procuraduría fue llamada por el fallo para emitir un concepto previo sobre el proceso, reforzando el control externo. Esto limita aún más los movimientos de la Asamblea, que no podrá avanzar sin una verificación estricta desde el despacho.
El juez Villalva, una figura que divide opiniones
El autor del fallo no es un funcionario que pase desapercibido. Carlos Villalva carga sobre sus hombros un historial de decisiones que han generado debate en el Magdalena, especialmente aquellas que han impactado procesos electorales o de control institucional. Su nombre suele aparecer en momentos de alto voltaje político.
La controversia que lo rodea se alimenta de hechos verificables. Villalva ha sido denunciado por presunto prevaricato y está bajo investigación disciplinaria desde que, en 2023, emitió un fallo que permitió la inscripción del candidato Jorge Agudelo a la contienda por la Alcaldía de Santa Marta en medio de un calendario electoral ya cerrado. Ese episodio abrió una discusión sobre su criterio y sobre los límites de la intervención judicial en escenarios políticos.
En 2025, las investigaciones disciplinarias avanzaron y se abrió proceso formal. Aunque no existe una decisión en firme, estos antecedentes influyen en la lectura pública de cada nuevo fallo que firma el juez. Por eso, cuando aparece una nueva decisión que detiene un proceso de alto nivel como la elección del Contralor, la percepción vuelve a dividirse.
Para algunos, el juez actúa como un contrapeso frente a autoridades que quieren avanzar sin cumplir con rigor la Constitución. Para otros, sus fallos coinciden de manera repetida con intereses específicos del mapa político del Magdalena. Esa doble lectura hace que cada decisión de Villalva genere un nivel de atención poco común para un despacho laboral.
El fallo de ahora encaja en esa línea de decisiones complejas que suelen cambiar el rumbo institucional. Y al hacerlo, revive la discusión sobre cuánto peso tiene el juez en el funcionamiento político de la región.
Entonces, ¿quién gana con este fallo en el Magdalena?
Interpretar quién gana con la suspensión del Contralor exige examinar el contexto. El fallo pone en pausa un cargo clave, obliga a rehacer un proceso y deja en manos del despacho la verificación de cualquier avance futuro. Ese efecto beneficia, en términos prácticos, a quienes prefieren mantener el control del ritmo institucional o a quienes consideran que la terna original no contaba con garantías.
El fallo también abre margen para actores que buscan un concurso con más ajustes técnicos o que cuestionaban la transparencia del proceso. A la vez, complica el panorama a quienes querían la posesión inmediata de la persona elegida y apostaban por cerrar el capítulo antes de fin de año.
Pero más allá de ese juego de intereses, hay un actor fijo que se fortalece con el fallo: el propio despacho de Villalva. Al dejar la verificación final en sus manos, el juez queda en posición de definir los próximos pasos de un cargo de alto impacto. Eso le da una influencia temporal que, en términos administrativos y políticos, siempre cuenta.
El fallo del juez, por tanto, no solo detiene una elección, redibuja alianzas, abre tensiones y coloca la lupa sobre un funcionario que, por trayectoria y controversias, ya era una figura determinante en la región. En un departamento donde cada movimiento institucional tiene ecos políticos, este fallo vuelve a demostrar que la pregunta original sigue más vigente que nunca: ¿Quién gana cuando el Contralor queda suspendido?