Cerca de 45 líderes del municipio de Chivolo, Magdalena y el corregimiento de Bonda, Santa Marta, fueron titulados en Protección de Derechos Humanos.
La Universidad del Magdalena entregó certificados a cerca de 45 líderes víctimas del conflicto armado que participaron del diplomado en “Derechos Humanos, Participación Ciudadana y Gestión Pública Territorial”.
Por medio de un acto simbólico, recibieron los certificados otorgados por la Alma Mater y el cual los identifica a partir de la fecha como ciudadanos garantes de la protección en derechos humanos y con conocimientos básicos en política pública.
“Queremos darle forma, contenido y sentido al observatorio de los derechos humanos en el Caribe Colombiano (…) Esperamos que todas estas personas sean voceros de lo que está sucediendo en cada uno de sus territorios”, manifestó el ingeniero magister Daniel Gómez López.
Los líderes recibieron conocimientos en el tema, apoyados por docentes e investigadores de los grupos de investigación ‘Historia Empresarial y Desarrollo Regional’ y ‘Conflicto y Relaciones Internacionales’ adscritos a la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas de la Institución.
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NUEVOS VOCEROS DE PAZ
Por otra parte, cabe resaltar que los lideres agradecieron a esta Casa de Estudios Superiores por el aprendizaje obtenido en este diplomado y destacaron el compromiso incluyente de la Universidad en llegar a todo el territorio.
“Esto nos ha servido para tener más conocimientos de nuestros derechos, el campesino no tenía estas oportunidades de salir y conocer estas temáticas”, Rodrigo Carranza, líder del corregimiento de La Pola en el municipio de Chivolo, Magdalena.
Marta Rubio Montaño, presidenta de la vereda Girocasaca, ubicada en Bonda, destacó que “gracias a todos los especialistas en derechos humanos que nos formaron podemos darnos cuenta que las victimas todavía viven en el conflicto y siguen siendo vulneradas”.
El diplomado buscó además contribuir al fortalecimiento de las capacidades a través análisis multidimensional de los impactos del conflicto armado como herramienta para la promoción, prevención y protección de los DDHH durante el periodo del posacuerdo.
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