Nombran a Sthefany Cardona como nueva Contralora Provincial del Magdalena en la Contraloría, en reemplazo de su correligionario Omar Darío Avendaño Calvo.
La Contraloría General de la República designaría a Sthefany Vanessa Cardona Ferreira como nueva Contralora Provincial de la Gerencia Colegiada Departamental del Magdalena, un cargo clave para la vigilancia fiscal en un departamento que ha sido escenario de tensiones políticas, pugnas partidistas y recientes denuncias de corrupción que golpearon la credibilidad de la institución.
La llegada de Sthefany Cardona ocurre tras la abrupta salida de Omar Darío Avendaño Calvo, también militante de Fuerza Ciudadana, quien renunció en medio de cuestionamientos por presuntas irregularidades reveladas por el portal periodístico de investigación Corrupción al Día.
¿Quién es Sthefany Cardona?
Sthefany Cardona nació en Santa Marta y es abogada de la Universidad Sergio Arboleda. Posee una especialización en Derecho Administrativo y otra en Gobierno y Gestión Pública Territorial, ambas obtenidas en la Universidad Externado de Colombia; perfil que la ubica dentro de una generación de jóvenes profesionales con formación académica de alto nivel que han encontrado espacio en la vida pública del Magdalena.
En lo político, Cardona ha desarrollado su carrera al interior de la organización Fuerza Ciudadana, movimiento fundado por Carlos Eduardo Caicedo Omar, exalcalde de Santa Marta y exgobernador del Magdalena. Dentro de esa corriente, Cardona se ha alineado con el sector liderado por la actual representante a la Cámara Ingrid Johana Aguirre Juvinao, de quien ha sido asistente personal e integrante de su Unidad de Trabajo Legislativo en el Congreso de la República.
Experiencia en lo público
La trayectoria de Sthefany Cardona no se limita al ámbito legislativo. En 2021, durante la administración departamental de Caicedo, fue contratista de la Gobernación del Magdalena como asesora jurídica. Su rol se centró en la Oficina de Tecnología de la Información, donde acompañó procesos administrativos y de soporte jurídico. Esta experiencia, aunque breve, le permitió articularse con la burocracia departamental y consolidar vínculos con la dirigencia de Fuerza Ciudadana.
En diciembre de ese mismo año, participó en la convocatoria para la designación de jefes de control interno de la Gobernación y sus entidades adscritas, un proceso en el que su nombre sonó como una de las fichas promovidas por el sector político de la representante a la Cámara Ingrid Johana Aguirre Juvinao.
Redes políticas y vínculos personales
La carrera de Cardona también ha estado marcada por su cercanía personal con dirigentes locales. Está casada desde hace tres años con Víctor Hugo Medina Rodríguez, exsecretario de Movilidad Multimodal y Sostenible de la alcaldía de Santa Marta quien durante el gobierno de Virna Johnson.
Medina Rodríguez fue señalado por el Concejo Distrital en 2022 en medio de un escándalo que involucraba un contrato de alquiler de grúas por 60 millones de pesos mensuales, que aparecía a nombre de su madre. Aunque las denuncias no han avanzado judicialmente, el episodio dejó cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés.
El reto de la Contraloría en el Magdalena
La Contraloría Provincial de la Gerencia Colegiada Departamental del Magdalena es el brazo territorial encargado de ejercer vigilancia fiscal sobre recursos públicos de municipios y entidades descentralizadas. En los últimos cinco años, esta oficina ha debido auditar inversiones en sectores críticos como infraestructura educativa, programas sociales y proyectos productivos para comunidades rurales.
La llegada de Sthefany Cardona ocurre cuando la Contraloría enfrenta críticas por falta de resultados contundentes en el control fiscal regional. Su antecesor, Omar Darío Avendaño, fue señalado por el portal Corrupción al Día de haber utilizado su cargo para presionar a funcionarios investigados, lo que habría precipitado su salida. Esta coyuntura coloca sobre Cardona una presión adicional: demostrar independencia y credibilidad en un cargo que ha estado bajo la sombra de la politización.
El peso del caicedismo en la Contraloría
Fuerza Ciudadana ha consolidado presencia en distintos órganos del Estado en el Magdalena durante la última década. La designación de Cardona refuerza la percepción de que la Contraloría en el departamento responde a cuotas del movimiento fundado por Carlos Caicedo. La situación genera debate sobre la autonomía de los organismos de control frente al poder político regional.
De hecho, sectores opositores han advertido que la cercanía de Cardona con Ingrid Aguirre y, por extensión, con Caicedo, podría limitar la imparcialidad de sus decisiones. En un contexto en el que los recursos públicos del Magdalena superan los 2 billones de pesos anuales, la transparencia en la vigilancia fiscal se convierte en un tema de alta sensibilidad.
Antecedentes de la Contraloría en Magdalena
El control fiscal en el Magdalena ha sido históricamente cuestionado. Durante la década de los noventa, la Contraloría Departamental enfrentó críticas por la débil supervisión de contratos de infraestructura, algunos de los cuales terminaron inconclusos. En los últimos veinte años, la Contraloría General ha intentado fortalecer sus mecanismos territoriales mediante gerencias colegiadas, pero la politización persiste.
En la región Caribe, informes de la Auditoría General han señalado que entre 2016 y 2021 más del 40 % de los procesos de responsabilidad fiscal terminaron archivados, lo que alimenta la percepción de ineficacia. Con ese panorama, la tarea de Cardona en el Magdalena trasciende la vigilancia rutinaria: deberá recuperar confianza en una entidad con serios cuestionamientos.
El cargo que ahora asume Sthefany Cardona es considerado de alto riesgo político. Al tratarse de un espacio de control, sus decisiones estarán sujetas a la lupa tanto de la ciudadanía como de sectores políticos enfrentados. En el Magdalena, donde la disputa entre Fuerza Ciudadana y movimientos opositores marca la agenda pública, la gestión de Cardona puede convertirse en un termómetro de la capacidad del Estado para mantener autonomía institucional.
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