Noralba Vasco fue señalada de reclutar menores de edad para llevarlas hasta las cárceles donde estaba preso el exjefe paramilitar quien posteriormente abusaba de ellas.
Decenas de familias víctimas de Hernán Giraldo y toda la región Caribe está a la expectativa de una decisión judicial definitiva y no un proceso encaminado a un vencimiento de términos en la audiencia contra Noralba Vasco, que es presentada en audiencia en Santa Marta.
Los defensores de derechos humanos y analistas de las agresiones de Giraldo Serna hacia las menores de edad, han pedido que se le aplique una pena máxima, un camino hacia la verdad y una reparación, toda vez que este ‘expara’, al parecer, violaba sistemáticamente a las niñas
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Norma Vera Salazar, activista y defensora de derechos humanos, ha sido una de las mujeres que ha defendido la causa de las víctimas. Y, es quien abandera desde hace más de ocho años el proceso, incluso arriesgando su vida para que no haya impunidad en estos casos.
A través de los micrófonos de Caracol Radio y desde otras plataformas nacionales, ha sido insistente en que para Noralba debe recaer todo el peso de la ley por los supuestos delitos cometidos contra niñas menores de 14 años de la zona rural de Santa Marta.
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ACUSADA
De acuerdo con las autoridades colombianas, Noralba Vasco al parecer fue la empleada, cocinera, confidente, amiga y la encargada de custodiar el dinero del entonces cabecilla del mal llamado Bloque Resistencia Tayrona de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Deicy Jaramillo Rivera, fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, asegura que la acusada ubicó a niñas entre los 11 y 12 años, en varios municipios y corregimientos del departamento de Magdalena para luego llevarlas a fincas que frecuentaba Giraldo Serna.
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En abril de año anterior, la Fiscalía General de la Nación, la acusó formalmente de reclutar menores de 12, 13 y 17 años de edad para llevarlas hasta la celda de Giraldo Serna cuando permanecía en la cárcel de Barranquilla a espera de ser extraditado hacia los Estados Unidos.
Pero así mismo, de cumplir las órdenes de Giraldo para inmiscuir en sus delitos, a guardias del Inpec y funcionarios del Ejército Nacional. En ese sentido, sacó provecho económico de las agresiones sexuales contra las menores de edad e incurrió en conductas de violencia basadas en género.
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