Omar Hernán García Silva exige ‘apagón digital’ contra aplicaciones como Airbnb y Booking que ofrecen servicio de alojamiento.
De acuerdo al Decreto 1836 de 2021, expedido por el Gobierno Nacional, las plataformas electrónicas turísticas de alojamiento y hospedaje, deberán cumplir con cada una de las obligaciones legales exigidas por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
Lo anterior, con la finalidad de que se brinde a los huéspedes y turistas un servicio fiable, además de generar ingresos para las ciudades.
Como primera medida, la exigencia principal es la inscripción en el Registro Nacional de Turismo y el pago de parafiscales, asimismo pago de industria y comercio y, servicios públicos como establecimientos de alojamiento y hospedaje a nivel local.
Es decir, que la legalización e inscripción de casas, cabañas, apartamentos, entre otras, que se ofrecen mediante plataformas digitales para fines turísticos podrían aportar en gran medida a la mejora de la calidad y sostenibilidad del turismo en la ciudad de Santa Marta.
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SÍ A LA REGLAMENTACIÓN
Así las cosas, para la Asociación Hotelera y Turística- Cotelco Magdalena es importante que Santa Marta sea piloto en la puesta en marcha de la reglamentación del servicio turístico.
Teniendo en cuenta que es el destino donde más se ofrecen estos alojamientos por medio de modalidades digitales. Es necesario la articulación entre Viceministerio de turismo, Fontur, Indetur, Policía de Turismo y Superintendencia de Industria y Comercio.
Omar García presidente ejecutivo de Cotelco Magdalena, manifiesta que es importante reconocer el interés de algunas plataformas por cumplir con la ley debido a que esto contribuiría al beneficio de la ciudad. Además de generar unos ingresos en impuestos locales muy altos que ayudarían al mejoramiento de la infraestructura de sectores turísticos.
Cabe anotar que además del uso de estas plataformas, en cada esquina de los distintos sectores turísticos muchas personas se dedican a ofrecer apartamentos y viviendas mediante avisos, sin tener en cuenta la capacidad de carga de cada propiedad a unas tarifas que genera una competencia desleal con la hotelería formal.
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