La Supersalud rechaza las afirmaciones del empresario y dice que presentará una denuncia por calumnia ante el despacho del Fiscal General de la Nación.
El empresario y médico Iván Reátiga, propietario del grupo empresarial de la salud Campbell, que también es propietario de la clínica Bahía, denunció una presunta extorsión millonaria liderada supuestamente por el superintendente de salud Ulahi Beltrán.
Dice Reátiga, que todo comenzó cuando el doctor Ulahí Beltrán llegó a la Supersalud, desde entonces denuncia han sido objeto de visitas permanentes, los cuales, según el empresario médico, solo han podido encontrar observaciones mínimas en su contra.
Asegura que un funcionario llamado Alberto Mario Llinás le pidió una cita y le mostró documentos oficiales desconocidos por ellos mismos, lo cual demostraría que tiene acceso privilegiado a información. Este hombre al parecer ha llegado y lo ha amenazado «con cerrar las clínicas».
«Me dice que nosotros tomamos la decisión si nos cierran o no nos cierran por una camilla que esté con óxido o por una silla de ruedas (…) Si no quiero eso que haga una oferta, si no quiero una multa que supera los 1.300 millones de pesos», expresó Reátiga en diálogo con Atlántico en Noticias.
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¿QUÉ RESPONDE LA SUPERSALUD?
La Supersalud, rechazó las afirmaciones realizadas por Iván Reátiga, sobre la presunta extorsión de un supuesto funcionario de esta Superintendencia. Por tanto, presentará una denuncia penal por calumnia contra Reátiga ante el despacho del Fiscal General de la Nación.
Alega que el supuesto funcionario que Reátiga menciona como colaborador de la entidad, nunca ha hecho parte de esta Superintendencia, ni en calidad de funcionario ni de contratista, y que sobre Alberto Mario Llinás, también interpondrá denuncia por calumnia.
Sobre la Fundación Campbell, que representa legalmente el señor Reátiga, la Supersalud inició el pasado 11 de septiembre un proceso administrativo sancionatorio.
Adicionalmente, durante el periodo de gestión del superintendente Beltrán, se han realizado 32 auditorías a instituciones prestadoras y empresas de transporte especial de pacientes, como parte de las acciones de inspección y vigilancia ejercidas sobre los prestadores de servicios que atienden personas amparadas con pólizas SOAT
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