El alto despacho judicial capitalino condenó al jurista magdalenense a cuatro años de prisión, inhabilidad para el ejercicio público y una multa de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes ($78.124.200).
Nueve meses después que ganara el primer asalto del proceso que se le seguía por el caso Fidupetrol, el ex magistrado Rodrigo Escobar Gil recibió un revés.
El Tribunal Superior de Bogotá revocó la absolución que el 15 de septiembre de 2017, le concedió el juez 23 de conocimiento, Néstor Gilberto Amaya.
El Tribunal Superior de Bogotá fue quien revocó la absolución de Escobar.
El magdalenense venía siendo enjuiciado por el delito de tráfico de influencias, al haber intercedido en la selección de una tutela que favoreció a Fidupetrol.
Con ponencia del magistrado Fernando Pareja Reinemer, el Tribunal Superior de Bogotá llegó a la conclusión de que Rodrigo Escobar Gil violó la ley.
LA HISTORIA
Desde el comienzo, la Fiscalía General de la Nación planteó que Rodrigo Escobar Gil influyó para que la Corte Constitucional favoreciera a Fidupetrol.
Los investigadores señalaron que el ex magistrado fue contratado por el máximo accionista de dicha compañía para lograr un resultado judicial a favor.
Rodrigo Escobar Gil fue condenado a cuatro años de prisión y una multa.
Escobar debía hacer que los magistrados de la Corte seleccionaran la tutela, la fallaran y tumbaran la sentencia que multó a Fidupetrol con $22.500 millones.
La Fiscalía sustentó que en la actuación ilegal participó el abogado Víctor Pacheco (condenado a dos años de prisión) y el entonces magistrado Jorge Pretelt.
ESCOBAR VS. CAICEDO
El ex magistrado Rodrigo Escobar Gil es recordado en Santa Marta porque libró una cruenta disputa jurídica y mediática con el ex alcalde Carlos Caicedo.
El mandatario local acusó al jurista de ser el artífice del retraso de la revocatoria de la concesión R&T que recaudaba impuestos de la ciudad.
Rodrigo Escobar Gil y Carlos Caicedo se enfrentaron personal y judicialmente.
Los señalamientos indicaban que Escobar Gil influenció a la Corte Constitucional para dilatar la recuperación de la soberanía fiscal de Santa Marta.
En aquel momento, se supo que el ex magistrado es familiar de Horacio Escobar, contralor que orquestó una persecución contra la administración Caicedo.