Denuncias de irregularidades en sistema de fotomultas del Magdalena: diputado Yohan Pinedo dice que son un negocio privado.
En un escenario de creciente desconfianza ciudadana hacia el sistema de fotomultas, el diputado Yohan Alfonso Pinedo Panetta ha denunciado presuntas irregularidades en el funcionamiento de las cámaras instaladas en los corredores viales entre Ciénaga, Zona Bananera, Aracataca y Fundación, Magdalena. Según las declaraciones del legislador, este sistema, operado por la Unión Temporal de Seguridad Vial del Magdalena (Sevimag), no estaría cumpliendo su objetivo de mejorar la seguridad vial. En cambio, sostiene que los recursos generados por las multas estarían beneficiando exclusivamente a las empresas concesionarias, sin un impacto tangible en la comunidad.
Presuntos beneficios privados sin retorno a los municipios
El contrato de operación de fotomultas, firmado hace 11 años con una vigencia de 15, autoriza a Sevimag para la administración de estas cámaras en vías principales del departamento. Sin embargo, el diputado Pinedo subraya que los beneficios económicos no se distribuyen de forma equitativa, y acusa que los ingresos derivados de las sanciones no aportan al desarrollo de la infraestructura vial ni a la implementación de programas de educación y prevención en la región. Esto ha llevado a un creciente malestar en los municipios afectados, quienes consideran el sistema más un castigo económico que una herramienta de mejora vial.
El control político como mecanismo de transparencia
La Comisión Accidental de la Asamblea del Magdalena ha solicitado un debate de control político, que se llevará a cabo el próximo 4 de noviembre, para exigir respuestas a la Gobernación y a la Secretaría de Tránsito y Transporte sobre la validez de los permisos actuales de estas estaciones móviles. Según Pinedo, las autoridades han brindado respuestas ambiguas y no han clarificado si las cámaras de fotomultas cuentan con la autorización del Ministerio de Transporte para seguir en operación. Hasta el momento, la concesionaria alega que su permiso vence el 29 de noviembre, sin embargo, los registros sobre el cumplimiento normativo de estos dispositivos continúan siendo motivo de preocupación.
Fotomultas: ¿herramienta de seguridad o de recaudo?
El diputado Yohan Alfonso Pinedo Panetta argumenta que, si bien el objetivo de las fotomultas es la reducción de la velocidad y la mejora de la seguridad vial, el impacto real ha sido limitado. Desde la perspectiva del diputado, las cámaras parecen operar principalmente como un mecanismo de recaudación de fondos, sin generar una reducción significativa en los índices de accidentes de tránsito en los corredores donde están instaladas. La falta de inversión en infraestructura o educación vial alimenta la percepción de que los recursos captados por el sistema de fotomultas terminan en las arcas de la concesionaria en lugar de revertirse en beneficio para los ciudadanos.
¡FOTOMULTAS Y MÁS FOTOMULTAS!.. No somos pendejos y sabemos que esas cámaras solo sirven para hacer más RICOS a los dueños de la concesiones. pic.twitter.com/cEdHQIkU0c
— Yohan Pinedo Panetta (@yohanpinedop) October 26, 2024
Inversión escasa en seguridad vial y su impacto en la comunidad
Pinedo cuestiona duramente la ausencia de resultados tangibles que beneficien a los ciudadanos y afirma que, con los ingresos actuales, el sistema debería permitir una mejora notable en la infraestructura vial del Magdalena. Sin embargo, cifras recientes indican que los recursos recaudados por estas sanciones no se han destinado a proyectos específicos que promuevan la seguridad o que contribuyan al desarrollo de la movilidad en la región. Esto genera un entorno de frustración en la ciudadanía, que percibe las multas como una carga más que como una herramienta para reducir accidentes.
Precedentes históricos y normativos: un sistema cuestionado
La implementación de sistemas de fotomultas en Colombia ha sido históricamente un tema de controversia. Desde 2002, con la Ley 769 del Código Nacional de Tránsito, el uso de cámaras de vigilancia y fotomultas ha estado permitido en el país. Sin embargo, su aplicación ha sido objeto de denuncias por falta de transparencia, opacidad en los contratos y distribución desigual de los ingresos generados, hechos que han derivado en cuestionamientos legales. Magdalena no es la excepción, y el contrato con Sevimag ejemplifica un caso de concesión de largo plazo con beneficios mayormente percibidos por los operadores, generando una percepción de inequidad.
Exigencia de una rendición de cuentas clara y precisa
La falta de transparencia en el manejo de los ingresos derivados de las fotomultas y su distribución hacia proyectos de seguridad vial es otro de los puntos críticos en la denuncia presentada por el diputado Yohan Alfonso Pinedo Panetta. La ciudadanía desconoce cómo se emplean estos fondos, y esto dificulta la comprensión de los beneficios que deberían estar generando para la comunidad. En este sentido, Yohan Alfonso Pinedo Panetta ha enfatizado en la necesidad de una rendición de cuentas rigurosa por parte de la concesionaria y de la Gobernación, asegurando que el sistema de fotomultas no puede seguir operando sin un control adecuado sobre sus ingresos y sin destinar estos recursos a objetivos de desarrollo local.
Citaciones al control político: el camino hacia la transparencia
Con el debate de control político programado para el 4 de noviembre, el diputado Yohan Alfonso Pinedo Panetta espera que las partes implicadas aclaren la situación actual de las fotomultas y presenten un plan de acción que permita redirigir los recursos hacia la mejora de la seguridad vial y la infraestructura en Magdalena. Esta sesión será determinante para definir si las cámaras de fotomultas seguirán operando en los corredores actuales o si, por el contrario, deberán suspenderse hasta que se verifique el cumplimiento de los requisitos legales y se adopten medidas de transparencia en la distribución de los ingresos.
VER: ¡Pilas! La ‘trampita’ de las fotomultas en la vía Ciénaga – Barranquilla