Con 13 hallazgos fiscales en cuantía de $1.234 millones de pesos, concluyó la segunda de las Auditorías de Cumplimiento, en la modalidad de control excepcional, que realizó la Contraloría General de la República al Distrito Turístico, Histórico y Cultural de Santa Marta, a solicitud del exalcalde (E), Andrés Rugeles.
La Contraloría General de la República entregó el balance de la segunda auditoría que adelantó en la Alcaldía de Santa Marta en la que se detectaron también 18 hallazgos con presunta incidencia disciplinaria y dos con otra incidencia.
El control excepcional abarcó la revisión de cinco procesos licitatorios, cuya contratación total fue de $42.341 millones y que incluye la ampliación de la infraestructura educativa en las instituciones Rodrigo Bastidas e Instituto Magdalena.
Abarca también el diseño y construcción de la IED Taganga; así como la adecuación y terminación de los centros de salud IPC La Candelaria, la Paz y Taganga, así como el Plan de Alimentación Escolar (PAE) del año 2018. Además del diagnóstico, adecuación y reparación de 30 Instituciones Educativas del Distrito de Santa Marta.
Ante este panorama la Contraloría considera que el cumplimiento a las normas por parte de de la Alcaldía de Santa Marta frente al manejo de los recursos públicos, para la contratación evaluada, NO resulta conforme.
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Deficiente supervisión
La Contraloría evidenció debilidad en las labores de supervisión por parte del Distrito de Santa Marta, al no ejercer de manera rigurosa y eficiente las actividades de control y vigilancia de la ejecución de sus recursos.
Se detectó el pago a los contratistas de obra no ejecutada, así como de trabajos de construcción de baja calidad que, a la fecha de las visitas realizadas, limitan su uso para la comunidad.
Se determinaron deficiencias en la planeación que realiza la Alcaldía Distrital de sus procesos contractuales. Puesto que los proyectos contratados por el Distrito no cumplen los plazos iniciales de ejecución, requiriendo prórrogas, suspensiones y adiciones para conseguir avanzar.
De esta manera, el organismo de control evidenció que las obras no se entregan de manera oportuna para el disfrute por parte de la comunidad samaria.
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Hallazgos fiscales en los contratos evaluados
*LP-012-2016 (contrato 007/2016)- PUESTOS DE SALUD
Adecuación y terminación de los centros de Salud IPC La Candelaria, Centro de Salud La Paz y Centro de Salud Taganga. Valor inicial del contrato: $5.863.789.235
3 hallazgos fiscales por $189.458.597,46 relacionados con cantidades de obra, especificaciones técnicas y manejo del anticipo.
Una de las situaciones que dio lugar a un hallazgo fiscal por más de $85 millones, es que al revisar el estado de las obras de los centros de salud se encontraron ítems con especificaciones diferentes al contratado. Esto se dio en la IPC La Candelaria, así como en el Centro de Salud La Paz y Taganga.
También se encontraron obras en los centros de salud que no prestan el servicio requerido para los mismos y no cumplen la normatividad vigente en el país, como sucede en la IPC La Candelaria con el cuarto de máquinas construido allí.
*LP-006-2017 (contrato 007/2017) COLEGIO RODRIGO DE BASTIDAS E INSTITUTO MAGDALENA
Ampliación de la Infraestructura Física de las Instituciones Educativas Distritales Rodrigo de Bastidas e Instituto Magdalena. Valor del contrato: $ 9.812.583.889.
4 hallazgos fiscales por $153.152.716,01, relacionados con el manejo del anticipo del contrato, cantidades y calidad de la obra, así como especificaciones técnicas y funcionalidad de la misma.
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*LP-005-2018 (contrato 002/2018) PAGO DE PUBLICIDAD CON RECURSOS PAE
Suministro diario de desayunos y/o almuerzos a estudiantes beneficiados con el programa de Alimentación Escolar (PAE) regular y Jornada única, en las Instituciones Educativas Oficiales del Distrito de Santa Marta. Valor Inicial del Contrato: $7.850.522.449.
1 hallazgo fiscal por $460.899.738,00, relacionado con la inclusión de ítems de publicidad (que no están contemplados) en el costo de las raciones alimentarias, lo que incrementó el valor de las mismas.
Revisada la información suministrada por parte del contratista operador del PAE (Consorcio Proyecto Vital), se evidencia en la carpeta denominada “publicidad”, que las facturas que soportan los gastos del operador contienen conceptos que no se relacionan con este ítem.
Es así como se dispusieron recursos para pagos de botellones de agua, escobas, traperos, cucharas, bolsas, uniformes para manipuladoras, vasos desechables, tapabocas, desinfectantes, agua para oficina administrativa, servicios de internet, utensilios de cocina, recargas de extintores, servicio de gas, compra de pipetas de gas, pago de almuerzos para personal administrativo, compra de abarrotes, mantenimiento a estufas y facturas de servicio a Electricaribe.
El valor establecido en el ítem publicidad, visibilidad y socialización, incrementó el valor de las raciones alimentarias objeto del contrato de suministro.
Aparte de no estar contemplado en la normatividad legal y reglamentaria vigente para el PAE este ítem, los recursos destinados al mismo se utilizaron para gastos contemplados en otros ítems del contrato, como administración, manipuladoras y materia prima.
*LP-008-2018 (contratos GI 001 y GI 002 del 2018)
Diagnóstico, reparaciones y/o adecuaciones locativas en las instituciones educativas distritales de Santa Marta. Dos contratos por un valor Inicial de $4.700 millones cada uno. 5 hallazgo fiscales por un total de $430.896.290,00,
Los contratistas Consorcios SYCAB y Consorcio “Colegios Santa Marta” no cumplieron con la “ejecución del diagnóstico”, como parte del objeto de los contratos GI 001 y GI 002 del 2018, correspondiente a las 30 IED contratadas.
Lo anterior ocasiona un detrimento patrimonial por $240.000.000, que la Alcaldía Distrital de Santa Marta canceló a los contratistas, sin el cumplimiento de la obligación de realizar el diagnóstico de las instituciones educativas, para luego si determinar las obras a intervenir en cada una de ellas, previo a la revisión o estudio del Comité Técnico de la entidad, para su aprobación.
No se realizó la elaboración de las actas o documento escrito de aprobación, que eran requisito indispensable, para la ejecución de las reparaciones o intervenciones de obra en las IED asignadas en cada uno de los contratos GI 001 y GI 002, según el clausulado contractual, afectando el objeto real de la contratación pública.
El detrimento patrimonial en cuantía de $240.000.000 corresponde al valor girado en los contratos para el componente diagnóstico, sin que se obtuviese un diagnóstico real de las instituciones educativas, ni la revisión o estudio del Comité Técnico de la entidad, para su aprobación previa a la ejecución de las reparaciones o intervenciones de obra en las IED asignadas en cada uno de los contratos, por lo que el pago realizado a cada uno de los contratistas por este componente que no fue ejecutado ni entregado, se convierte en una presunta apropiación de los recursos del estado.
Y se determinaron 4 hallazgos fiscales que suman más de $190 millones, relacionados con cantidades de obra ejecutadas en los contratos del Consorcio Sycab y Consorcio Colegios de Santa Marta, y calidad de obra en este último.
