Funcionarios de la Secretaría de Gobierno y Parques Naturales, desarrollaron una diligencia plagada de inconsistencias y violaciones a Derechos Humanos.
El pasado 26 de octubre, una horda de alrededor de 50 hombres de la Secretaría de Gobierno, Parques Naturales y Policía llegaron a los ancones de pesca.
San Antonio de Bonito Gordo, es uno de ellos. Es una playa virgen, con poco más de diez cabañas, y en donde se desarrollan actividades pesqueras y ganaderas.
Hasta el rancho del pescador en Bonito Gordo, llegaron efectivos de la Alcaldía, Parques y antimotines.
Allí, a la casa de Álvaro Peña Cantillo, llegó la cantidad de funcionarios uniformados a darle una orden: tenía 24 horas para desalojar su rancho.
El mismo rancho, construido con sus manos, en el que había vivido por más de 54 años, que significaba el refugio de él y de sus compañeros en las faenas de pesca.
VER: Alex Torres denuncia presunto abuso de autoridad por parte de dos policías en Santa Marta
¿Y EL DEBIDO PROCESO?
El hombre, sin saber nada de leyes, quedó en shock. Los funcionarios, le dijeron que era un invasor de los terrenos que le pertenecen al Parque Tayrona.
Le mostraron las herramientas con las que derrumbarían su rancho, lo hostigaron a que lo entregara, porque de lo contrario, se le llevaban sus vacas o iría preso.
Funcionarios de la Secretaría de Gobierno y de Parques, impidieron el acceso de la comunidad al rancho.
