En una carta enviada a los presidentes del Senado de la República y la Cámara de Representantes, Efraín Cepeda y Rodrigo Lara Restrepo respectivamente, el rector de la Universidad del Magdalena Pablo Vera Salazar Ph.D pidió evitar que se prohíba suscripción de convenios interadministrativos para consultoría especializada con universidad pública.
Dicha preocupación estaba presente hasta el pasado 21 de noviembre cuando la plenaria de la Cámara de Representantes, excluyó dicho artículo que contenía la prohibición antes mencionada. Sin embargo, se ha conocido la insistente solicitud de la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI) para que se incluya nuevamente esa prohibición.
Dentro de las consideraciones expuestas por Unimagdalena para solicitar que se haga caso omiso de la petición de la CCI se asegura que es importante desde el punto de vista estratégico para la eficiencia de Estado Colombiano, y necesario para la financiación de la educación superior pública, por lo que prohibir esta figura sería un gran despropósito para el Estado.
Otra de las ventajas estratégicas de contratar con las universidades es la transferencia de intangibles que se recibe. La empresa privada comúnmente no tiene como misión la innovación tecnológica, sino casi de manera exclusiva la generación de utilidades.
Sobre el proyecto, el rector Vera Salazar ha sido enfático en que prohibir a las universidades públicas cooperar de forma directa con entidades del Estado a través de convenios para consultoría especializada «es atentar no sólo contra con las finanzas de la Universidad pública sino contra el propio Estado. No hay mejor consultor que la Academia».
“El aliado natural del Estado es la universidad pública en las áreas donde nuestras instituciones puedan aportar (…) prohibirles que puedan hacer consultoría técnica, interventoría o especializada, es simplemente debilitar a la Universidad pública en beneficio de unos actores privados» resaltó.
