¡Es la economía, estúpido!
- James Carville
En la edición número once del Encuentro de Gestión Universitaria, desarrollado en la Universidad del Magdalena y que contó con la participación de rectores de universidades públicas y representantes del Gobierno Nacional; Pablo Vera Salazar, rector anfitrión; recordó una expresión que se hizo famosa gracias a James Carville consultor político del entonces candidato a la presidencia de los Estados Unidos: Bill Clinton. La oración enfatiza en la importancia de la económico para resolver problemáticas. Vera afirmó que él y sus colegas son administradores de pobreza.
Con todo y su crudeza, lo dicho por Pablo Vera es absolutamente cierto. En efecto, los rectores administran escasez y lo hacen en medio de posibilidades desbordadas. En la educación superior, la realidad contrasta drásticamente con las expectativas. Las administraciones universitarias lidian con presupuestos insuficientes y enormes responsabilidades. ¡Administrar pobreza!, es la descripción acertada de su realidad.
Ciudadanía, estudiantes y entidades de control miran hacia estos líderes académicos con la esperanza de una gestión eficiente y un compromiso con la excelencia, pero ¿es justo esperar milagros cuando las limitaciones financieras asfixian cualquier intento de progreso real?
No se confundan. La gestión de una universidad pública es una tarea compleja que requiere combinar habilidades administrativas y visión académica. Los rectores deben garantizar la calidad de la educación ofrecida, gestionar los recursos, mantener infraestructuras, fomentar la investigación y la innovación, y brindar oportunidades equitativas para todos los estudiantes. La cruda realidad es que siempre se ven limitados por presupuestos raquíticos que siniestran metas.
Las expectativas de la sociedad hacia las universidades públicas son altas. Se espera que sean cuna del conocimiento, motores de desarrollo, transformación y forjadoras de ciudadanos comprometidos. Pero, ¿cómo se puede lograr todo esto con recursos diminutos? Los rectores se enfrentan a un dilema constante: ¿dónde asignar los fondos limitados?: en docencia, investigación, infraestructura… Todas compiten por una porción de la torta presupuestaria.
La propuesta de reforma a la Ley 30 presentada por el Gobierno Nacional del presidente Petro despierta esperanza. Bajo el lema del “gobierno del cambio”, es imperativo abordar los problemas de fondo. Entre dichos desafíos, hay uno prioritario: superar las inequidades en la distribución de los recursos de las universidades.
Las instituciones de educación superior del centro de Colombia reciben hasta cinco veces más del presupuesto nacional, en detrimento de sus pares regionales. Un modelo equitativo de distribución permitiría a universidades como la de Magdalena, cumplir sus responsabilidades con los estudiantes y la comunidad en igualdad de condiciones.
La educación es un pilar fundamental para el desarrollo de una nación, y es hora de que se refleje en la inversión y el apoyo que se le brinda. Si el gobierno realmente aspira al cambio, este debe ser profundo y transformador, capaz de liberar a los rectores de universidades públicas de la carga de ser administradores de pobreza. Al final de cuentas no es un capricho… ¡Es la economía, estúpido!
