La cárcel de Santa Marta Rodrigo de Bastidas, en crisis por falta de inversión, cierra puertas a nuevos internos, generando hacinamiento y riesgo.
El Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario Rodrigo de Bastidas en Santa Marta está en el centro de una profunda crisis que afecta la seguridad ciudadana, los derechos humanos y la gestión carcelaria en la región.
La decisión del Sindicato de Empleados Unidos Penitenciarios (Seup S.I.) de suspender la admisión de nuevos internos, alegando el incumplimiento de un convenio firmado en octubre de 2024, ha provocado un conflicto complejo entre las autoridades locales y el sindicato, que advierte sobre los riesgos de continuar operando en condiciones de extrema precariedad.
Este convenio establecía la destinación de $1.500 millones de pesos por parte de la Alcaldía del Distrito de Santa Marta para la remodelación de las instalaciones, pero la falta de ejecución ha colocado al sistema penitenciario al borde del colapso.
Situación actual en sistema penitenciario
Actualmente, la cárcel Rodrigo de Bastidas enfrenta un 51 % de sobrepoblación, lo que significa que sus instalaciones albergan aproximadamente a 1.260 personas, superando ampliamente su capacidad. Este hacinamiento, sumado a la falta de recursos para atender adecuadamente las necesidades básicas de los internos y garantizar la seguridad del personal penitenciario, expone a ambas partes a condiciones insostenibles. En este escenario, la decisión de bloquear los ingresos no solo representa un acto de protesta por parte del sindicato, sino una medida de urgencia ante la falta de condiciones mínimas para operar.
El cierre a nuevos ingresos ha generado que otros centros transitorios, estaciones de policía y juzgados asuman una carga mayor al tener que albergar temporalmente a los detenidos que deberían ingresar a la cárcel. La situación es alarmante: el desborde de personas en estos espacios de detención provisional genera mayores riesgos de fugas, conflictos internos y condiciones de salud precarias que representan una amenaza para los derechos de los privados de la libertad y para la seguridad de la comunidad.
Impacto del cierre a nuevos internos
La paralización de ingresos en el sistema penitenciario de Santa Marta afecta directamente la capacidad de las autoridades para gestionar los procesos de justicia y seguridad. En particular, se intensifica el problema de hacinamiento en las estaciones de policía, donde personas en espera de un traslado a la cárcel deben permanecer por largos periodos en espacios no acondicionados para la reclusión prolongada. Esto implica una carga adicional para las fuerzas policiales, que no solo deben vigilar y proteger a los detenidos en sus instalaciones, sino también enfrentar una presión comunitaria que demanda espacios seguros y una respuesta eficiente al crimen en las calles.
Santa Marta, al igual que otras ciudades de Colombia, ha enfrentado un aumento en sus índices de criminalidad en los últimos años, lo que ha llevado a la necesidad de un sistema carcelario robusto y funcional. La incapacidad de recibir nuevos internos en la cárcel de Rodrigo de Bastidas representa, entonces, una limitación significativa para el control del orden público y deja a la ciudadanía en un estado de vulnerabilidad, donde el potencial de delitos reincidentes podría aumentar si los detenidos temporales no pueden ser asegurados en instalaciones adecuadas.
Convenio incumplido: antecedente y repercusión
La raíz de esta crisis se remonta a octubre de 2024, cuando la Alcaldía de Santa Marta y el sindicato acordaron una inversión de $1.500 millones de pesos para mejorar las instalaciones de la cárcel, asegurando condiciones dignas tanto para los internos como para el personal penitenciario. Este acuerdo fue resultado de varios años de solicitudes y presiones por parte del Seup S.I., que había denunciado en repetidas ocasiones el deterioro de la infraestructura, la falta de suministro de servicios básicos y la ausencia de medidas de seguridad para el personal.
A pesar de la firma del convenio, los recursos aún no han sido transferidos ni se han iniciado los trabajos de remodelación, lo cual ha llevado a una situación crítica en la que el sindicato se ha visto obligado a tomar una posición más firme. Este incumplimiento no solo afecta a la población carcelaria y al personal, sino que revela la falta de capacidad administrativa y presupuestaria de las autoridades locales para responder a la crisis carcelaria.
Condiciones de derechos humanos
El hacinamiento y la carencia de condiciones mínimas en la cárcel de Rodrigo de Bastidas no solo afectan la seguridad física de los internos y el personal, sino que también vulneran derechos humanos fundamentales. En Colombia, el sistema carcelario está regulado por la Ley 65 de 1993, que establece normas para asegurar condiciones dignas en los establecimientos penitenciarios. Sin embargo, la realidad en Santa Marta se encuentra muy alejada de estos estándares.
La falta de espacio, los problemas de salubridad y la insuficiencia en el suministro de agua y alimentos son solo algunos de los aspectos críticos denunciados por el sindicato. Estas deficiencias no solo ponen en peligro la salud física y mental de los internos, sino que también afectan el bienestar y la seguridad del personal, quienes laboran en condiciones de constante estrés y sobrecarga. Esta situación podría tener implicaciones legales y éticas para las autoridades, ya que la Corte Constitucional de Colombia ha señalado en múltiples ocasiones que el Estado tiene la obligación de garantizar condiciones de vida dignas a las personas privadas de libertad.
Repercusiones del bloqueo sindical
El cierre de la cárcel Rodrigo de Bastidas por parte del sindicato también genera una presión política significativa para la Alcaldía de Santa Marta, que ahora enfrenta el reto de responder ante una problemática compleja que afecta tanto a la ciudadanía como al sistema de justicia. La inacción en la asignación de recursos no solo pone en entredicho la eficacia de la gestión local, sino que también puede impactar la imagen de la administración ante la opinión pública.
Por otro lado, la comunidad, al verse afectada por los problemas de inseguridad derivados del bloqueo, podría exigir una respuesta más contundente y rápida por parte de las autoridades. La presión social, unida a la necesidad de evitar un colapso mayor en el sistema de justicia, podría acelerar los procesos de gestión y negociación con el sindicato.
Soluciones y alternativas a la crisis
Ante esta situación, se vislumbran varias alternativas que podrían contribuir a la resolución de la crisis. La primera es la destinación inmediata de los recursos comprometidos para la remodelación de la cárcel. Si bien el proceso de remodelación tomaría tiempo, la ejecución de una primera fase podría aliviar parcialmente la situación y dar señales de compromiso de las autoridades con las demandas del sindicato.
Otra opción sería la implementación de un plan de contingencia que permita habilitar centros temporales adecuados para albergar a los nuevos internos. Esto ayudaría a reducir la presión en las estaciones de policía y garantizaría un entorno más seguro tanto para los detenidos como para la comunidad en general. A mediano plazo, la construcción de un nuevo centro penitenciario o la ampliación de la cárcel actual podrían representar soluciones más definitivas para el problema de hacinamiento.
VER: Huelga de hambre en la cárcel Rodrigo Bastidas ¿verdad o mentira?
