El Gobierno Nacional presentará el 1 de mayo una consulta popular con 12 preguntas clave sobre la reforma laboral que el Congreso hundió.
El próximo 1 de mayo, en medio de la conmemoración del Día del Trabajador, el presidente de la República presentará oficialmente ante Colombia las 12 preguntas que compondrán la consulta popular con la que el Gobierno Nacional pretende revivir los cambios estructurales que proponía la reforma laboral hundida por el Congreso. Esta decisión marca un giro estratégico que traslada el debate político al terreno ciudadano, apostándole a la movilización popular.
¿Qué es una consulta popular y cómo votará la ciudadanía?
La consulta popular es un mecanismo de participación ciudadana contemplado en la Constitución colombiana que permite al pueblo tomar decisiones directas sobre temas de interés nacional. A diferencia de un referendo, no modifica la Constitución, pero sí puede influir en la formulación de leyes si logra una participación suficiente y resultados favorables.
En este caso, el Gobierno Nacional llevará la consulta al Congreso para su aprobación, y una vez superado ese trámite, será la Registraduría Nacional la encargada de organizar la votación, que se realizará posiblemente junto a las elecciones regionales o en una jornada exclusiva. La ciudadanía deberá acudir a las urnas y marcar “Sí” o “No” en cada una de las 12 preguntas formuladas.
Las 12 preguntas del Gobierno Nacional: análisis uno a uno
- Trabajo diurno entre 6:00 am y 6:00 pm, máximo 8 horas.
Esta pregunta busca restablecer una jornada laboral que reconozca el horario nocturno a partir de las 6:00 pm y no desde las 9:00 pm como está actualmente. Un cambio que beneficia a los trabajadores, pero podría afectar costos para las empresas. - Pago del 100% por trabajo dominical o festivo.
Esta propuesta refuerza los derechos salariales, en especial para trabajadores del comercio y servicios. Es un punto sensato para empresarios que hoy pagan recargos parciales. - Incentivos a mipymestivas asociativas.
Apunta a fortalecer la economía solidaria, brindando acceso a tasas preferenciales y apoyo financiero. Es una apuesta por democratizar el desarrollo productivo. - Permisos para licencias menstruales y tratamientos médicos.
Representa un avance en derechos laborales con enfoque de género, reconociendo afectaciones específicas a la salud de las mujeres. - Inclusión laboral de personas con discapacidad.
Proponer una cuota mínima del 2% en empresas con más de 100 trabajadores. Fomenta la inclusión y obliga a ajustes institucionales. - Contratación de jóvenes aprendices del SENA.
Busca formalizar el ingreso de jóvenes al mercado laboral. Una medida con potencial de impacto directo en el desempleo juvenil. - Contrato y seguridad social para repartidores de plataformas.
Una regulación esperada en tiempos de economía digital. Garantiza derechos mínimos a millas de trabajadores de apps como Rappi o Didi. - Régimen laboral especial para trabajadores del campo.
Busca proteger a los jornaleros rurales, generalmente en condiciones precarias. Podría implicar subsidios o apoyo del Estado para garantizar sueldos justos. - Eliminar la tercerización laboral abusiva.
Responde a décadas de denuncias por contratos sindicales que despojan a los trabajadores de derechos básicos. Impactará a contratistas y empresas tercerizadoras. - Formalización de trabajadores informales.
Menciona sectores como el periodismo, el arte, la conducción y el deporte, donde muchos trabajadores no tienen seguridad social. Apunta a cerrar la brecha entre lo formal y lo informal. - Contratos a término indefinido como regla general.
Esta medida es estructural. Busca acabar con la inestabilidad laboral masiva. Tiene apoyo sindical pero se preocupa al empresariado por el aumento en costos de despido. - Fondo especial para pensiones de campesinos.
Una apuesta social fuerte. Podría garantizar una pensión digna para quienes trabajan en el campo, sin capacidad de cotizar de forma tradicional.
Impacto político, social y económico de la consulta popular
La decisión del Gobierno Nacional de recurrir a una consulta popular refleja el choque persistente con el Congreso, que ha bloqueado reformas claves para el Gobierno actual. También revela una estrategia política: trasladar la disputa legislativa a un escenario donde el Gobierno se sienta más fuerte, el pueblo. En términos de legitimidad, si las 12 preguntas son aprobadas por la mayoría de los votantes, se generaría una presión social enorme sobre el Legislativo para legislar en esa dirección.
Socialmente, la consulta podría despertar una amplia movilización de sindicatos, jóvenes, plataformas digitales, gremios de mujeres y trabajadores rurales. En el plano económico, empresarios y gremios podrían resistirse, advirtiendo sobre aumentos de costos laborales.
Pero también hay riesgos: si el Gobierno Nacional no logra entusiasmar al electorado o si la consulta no alcanza el umbral de participación (al menos el 25% del censo electoral), el mensaje será de derrota política. Además, muchas de las preguntas requieren interpretación legislativa posterior para convertirse en leyes, lo que podría reabrir la pelea en el Congreso.
El poder del trabajo se juega en las urnas
La consulta popular que el Gobierno Nacional presentará este 1 de mayo no es solo un listado de 12 preguntas. Es un desafío político, una carta que el Ejecutivo pone sobre la mesa para devolverle a la ciudadanía el poder de decidir sobre su realidad laboral. Es también una manera de retomar el control narrativo de una reforma que, aunque hundida en el Congreso, sigue viva en la conversación pública.
Si la gente vota, si responde que sí, el mensaje será claro: Colombia quiere una reforma laboral con justicia, inclusión y dignidad. Pero si no vota, o si gana el “No”, el país podría resignarse a un modelo laboral que muchos consideran agotado.
VER: Empresarios del Magdalena abogan a congresistas por la reforma laboral
