Consejo de Estado ratificó a Carlos Pinedo como alcalde de Santa Marta, cerrando la batalla legal y blindando su mandato.
El Consejo de Estado, en sentencia de segunda instancia, cerró la discusión jurídica sobre la validez de la elección de Carlos Pinedo Cuello como alcalde de Santa Marta para el periodo 2024-2027. Con esta decisión, se confirma lo resuelto en febrero por el Tribunal Administrativo del Magdalena, que había rechazado las pretensiones de nulidad contra los actos que lo declararon ganador de las elecciones locales.
El fallo responde a un complejo entramado de demandas presentadas por opositores que buscaban invalidar los votos y reabrir el escrutinio a favor de Jorge Luis Agudelo Apreza, candidato de Fuerza Ciudadana. La controversia tuvo su origen en la revocatoria de la inscripción de Patricia Caicedo, hermana del exgobernador Carlos Caicedo, y en la fallida sustitución de candidatura por parte de Agudelo, que finalmente derivó en una batalla judicial que duró casi dos años.
El corazón jurídico del caso de Carlos Pinedo
El Consejo de Estado determinó que la Comisión Escrutadora Municipal de Santa Marta actuó dentro de su competencia al excluir los votos de Agudelo tras el fallo de tutela que revocó la orden de inscribirlo como candidato. La Sala de lo Contencioso Administrativo concluyó que no hubo violación al derecho de participación, pues la inscripción de Agudelo se dio de manera extemporánea y únicamente como efecto provisional de una medida judicial.
La sentencia también recalcó que los partidos políticos tienen la obligación de verificar las calidades de sus aspirantes y cumplir con los plazos electorales. En este sentido, el tribunal fue enfático: la responsabilidad de Fuerza Ciudadana en la postulación de una candidata inhabilitada no puede trasladarse a la autoridad electoral ni a los electores.
Repercusiones políticas inmediatas
La ratificación de Carlos Pinedo Cuello, no solo despeja las dudas jurídicas, sino que también redefine el tablero político en Santa Marta. Durante meses, la ciudad vivió bajo la sombra de una eventual anulación que mantenía en vilo la gobernabilidad.
Con el fallo, Carlos Pinedo se consolida como una figura institucionalmente blindada. En su cuenta de X, el alcalde celebró la decisión como el cierre de una “novela electoral” y reiteró su compromiso con el desarrollo de la ciudad, destacando que ahora nada lo distraerá de sus proyectos de infraestructura, seguridad y servicios públicos.
Por su parte, su abogado, Alex Zabaleta, también usó su cuenta de X para destacar que la sentencia representa un precedente sobre la seguridad jurídica en los procesos electorales. Subrayó que se trata de un mensaje claro: los resultados de las urnas no pueden alterarse por maniobras jurídicas tardías o interpretaciones que desborden el marco legal.
El fin de la incertidumbre y un nuevo tablero
El fallo tiene repercusiones más allá del despacho del alcalde. Primero, marca un golpe político para Fuerza Ciudadana, el movimiento que durante más de una década dominó la política local bajo el liderazgo de Carlos Caicedo. El intento de tumbar la elección de Pinedo fue la última carta del caicedismo en un escenario donde ya había perdido el control institucional.
Segundo, fortalece la figura de Carlos Pinedo como un alcalde que resistió un proceso que lo acompañó desde el primer día de su mandato. La ratificación le otorga una nueva legitimidad frente a la ciudadanía y le permite consolidar su gobierno sin la amenaza de una elección atípica en el horizonte.
Un precedente para la política electoral
Más allá de Santa Marta, el fallo del Consejo de Estado envía un mensaje a todo el país sobre la importancia de la disciplina electoral. La decisión reafirma que los plazos y las reglas de juego no son asuntos secundarios, sino condiciones esenciales para la estabilidad democrática.
El tribunal destacó que los efectos de un fallo de tutela que permitió la inscripción de un candidato no pueden extenderse más allá de su vigencia. De esta manera, se protege la seguridad jurídica de los comicios y se evita que la voluntad popular quede sujeta a disputas interminables.
Lo que viene para Santa Marta
Con la novela jurídica cerrada, la atención se centra ahora en la capacidad de Pinedo para ejecutar su programa de gobierno. Los retos son mayúsculos: culminar las obras prometidas, mejorar la cobertura de acueducto y alcantarillado, y fortalecer la seguridad en una ciudad golpeada por la criminalidad.
La ratificación también le da margen político para tender puentes con sectores que habían optado por la cautela mientras el litigio seguía abierto. Ahora, con la legitimidad reafirmada, el alcalde tiene en sus manos la posibilidad de construir mayor gobernabilidad en un concejo donde las mayorías aún son frágiles.
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