El abogado Christian Rodríguez Martínez analizó en entrevista con Código Prensa la elección de Carlos Camargo como magistrado de la Corte Constitucional y su impacto en el Caribe.
La reciente elección de Carlos Ernesto Camargo Assis, oriundo de Cereté (Córdoba), como magistrado de la Corte Constitucional para el periodo 2025–2033, ha despertado un debate nacional que trasciende lo jurídico. Para el Caribe colombiano, su llegada al alto tribunal representa una redefinición de la justicia nacional y, a la vez, una oportunidad real de que problemáticas estructurales de la Colombia profunda sean atendidas desde el máximo órgano de control constitucional.
En diálogo con Código Prensa, el abogado Christian Rodríguez Martínez, egresado de la Universidad del Magdalena, magíster en Derecho Constitucional de la Universidad de La Sabana y candidato a doctor en Derecho Marítimo e Internacional de la Universidad de Cádiz en España, hizo un análisis sobre la incidencia que esta elección tendrá en Santa Marta y el Magdalena.
“Un mensaje hacia las regiones”
Rodríguez explicó sobre la composición del alto tribunal: “Hoy la Corte Constitucional está integrada en su mayoría por magistrados de la zona Andina. De los nueve, cinco son de Bogotá, y el resto provienen de Medellín, Neiva, Manizales y Tunja. Con Camargo, por primera vez en este periodo, habrá una voz oriunda del Caribe colombiano”.
Para él jurista, este hecho no es menor. “Es un buen mensaje para el país tener esa representación proporcional, equitativa, de las cinco regiones que lo conforman. No se trata solo de presencia, sino de abrir la visión territorial y plural del derecho”.
La afirmación conecta con un viejo reclamo: el centralismo judicial. Por décadas, las altas cortes han sido escenario de voces que desconocen las realidades locales del Caribe.
El peso del derecho al agua
En su análisis, Rodríguez enfatizó en un punto neurálgico: la garantía del derecho fundamental al agua en Santa Marta y el Magdalena. “Muy seguramente vendrán temas a futuro que nos permitan garantizar el derecho fundamental al agua en la ciudad y el departamento. La Corte Constitucional será clave, porque es allí donde se deciden las tutelas por vulneración de este derecho”.
Aunque la Constitución de 1991 no consagró de manera explícita el acceso al agua, la jurisprudencia lo ha elevado a la categoría de derecho fundamental. En Santa Marta, donde persisten fallas graves en acueducto y alcantarillado, la presencia de un magistrado con raíces caribeñas se interpreta como una ventaja en la comprensión de los casos de este tipo.
Rodríguez explicó que, durante el paso por la Defensoría del Pueblo, Camargo intervino en procesos ante la Corte relacionados con tutelas, lo cual le da experiencia directa en este tipo de litigios.
Campaña y legitimidad de Carlos Camargo
Sobre el proceso de elección, Rodríguez fue directo: “Así es el sistema. Al magistrado lo elige el Congreso, como ocurre con el Procurador, el Contralor, el Defensor del Pueblo. Para llegar a la Corte hay que hacer campaña y dar a conocer el nombre entre los electores, que en este caso son los senadores”.
Sin embargo, esa lógica política genera inquietudes. Para algunos sectores, Camargo llega con una marcada cercanía a corrientes conservadoras. Rodríguez no desconoce la afinidad ideológica, pero subraya los límites: “Un magistrado puede tener afinidad política, es permitido. Lo que no está permitido es que sus decisiones sean arbitrarias o grotescamente relacionadas con esa afinidad. Como juez constitucional, sus fallos deben estar amparados en la Constitución”.
Una Corte más diversa
El constitucionalista samario también destacó la importancia de diversificar el origen de los magistrados: “No es lo mismo ejercer el derecho con alguien que conoce territorios como Pijiño del Carmen o Guamal, que con alguien formado en el centralismo bogotano. Es pertinente que lleguen abogados de todas las regiones para que haya pluralidad en la misión del derecho. La Colombia profunda merece estar en estos escenarios de justicia nacional”.
La llegada de Camargo, insiste Rodríguez, es un avance en representación regional. Pero también plantea un reto: la Corte no puede caer en el simbolismo. La representación debe traducirse en sentencias que respondan a realidades locales.
Santa Marta, un laboratorio jurídico
El caso del agua en Santa Marta será, según Rodríguez, una prueba de fuego. Los litigios que reclaman soluciones a la crisis del acueducto podrían escalar hasta la Corte. Allí, la sensibilidad regional del magistrado será puesta a prueba.
La Corte, recordó, es la que define las medidas en acciones de tutela y en sentencias de constitucionalidad que involucran derechos sociales. La llegada de un caribeño puede garantizar que las condiciones estructurales del territorio no sean vistas como notas al pie, sino como elementos centrales en el análisis constitucional.
Entre la política y el derecho
No obstante, Rodríguez planteó un matiz fundamental: la independencia de la Corte.“El riesgo sería que su origen político condicione las decisiones. Lo que da legitimidad es que las sentencias estén fundamentadas en la Constitución. Si Camargo logra demostrar independencia, habrá cumplido con su rol como magistrado”.
El reto no es menor. La Corte Constitucional enfrenta en los próximos años decisiones críticas en materia de derechos sociales, reformas políticas y control del poder. En ese escenario, el papel de Camargo no solo será observado desde el Caribe, sino desde todo el país.
Oportunidad para el Caribe
La elección de Carlos Camargo como magistrado es, en palabras de Rodríguez, una oportunidad para el Caribe: “Celebro esta decisión. Que en las altas cortes se busque representar de manera equitativa a abogados de distintas regiones. El Caribe necesita estar presente en la justicia constitucional”.
El análisis del abogado samario no se queda en el entusiasmo. Advierte que la verdadera incidencia de la elección dependerá de la capacidad de Camargo para actuar como juez independiente, alejado de cálculos partidistas y comprometido con la Constitución.
