El Distrito reveló que varias intervenciones del Gobierno Departamental se ejecutan sin licencias ni aval técnico.
La Alcaldía de Santa Marta respondió con firmeza a las recientes acusaciones públicas de la Gobernación del Magdalena y aseguró que no existe un bloqueo sistemático a las obras departamentales.
En un Comunicado, la administración distrital aclaró que ha expedido 25 permisos para igual número de proyectos de la Gobernación que presentaron la documentación exigida por la normatividad local.
Sin embargo, la misma comunicación advierte que hay “diversos frentes de obra” en los que las intervenciones se han iniciado sin los permisos, licencias o avales técnicos obligatorios para intervenir vías y predios dentro del territorio distrital.
El alcalde Carlos Pinedo Cuello fue citado en el documento como representante de la administración que insiste en que las obras deben realizarse dentro del marco legal y con los procedimientos técnicos apropiados para evitar daños a las comunidades.
La Alcaldía sostiene que ha dado plazos y solicitudes reiteradas para la presentación de permisos en obras específicas, pero que en algunos casos la Gobernación procedió a ejecutar trabajos sin completar los trámites requeridos por la administración local.
El Líbano y La Paz: foco de la controversia
Entre los casos señalados por la Alcaldía figura el sector de El Líbano, donde, según el Distrito, la instalación de tuberías habría invadido un predio privado. El propietario del terreno presentó una acción de nulidad que podría detener legalmente las obras y generar demoras en la solución de infraestructura prometida para los vecinos.
Esa posible invasión de terreno privado es presentada por la Alcaldía como un ejemplo de la falta de planificación y de la ejecución sin garantías jurídicas.
En La Paz, la denuncia apunta a la utilización de maquinaria del Departamento en una vía cuyo proceso de pavimentación ya había sido planificado y autorizado por la Alcaldía.
Este ingreso paralelo de equipos departamentales, sostiene el Distrito, ha generado frustración entre los residentes, que ven cómo se duplican esfuerzos y expectativas sin coordinación técnica: obras solapadas, trámites pendientes y la sensación de que las intervenciones no responden a un plan integral.
Las consecuencias, según la Alcaldía, incluyen retrasos en soluciones esenciales, incremento de riesgos legales que pueden paralizar proyectos y la pérdida de confianza de la comunidad en las instituciones responsables de la infraestructura pública.
Desde el Distrito anuncian acciones ante entes de control
Frente a lo descrito, la administración distrital anunció que remitirá los hechos ante los organismos de control competentes —Fiscalía, Procuraduría y Contraloría— para que se investiguen posibles irregularidades y se determinen responsabilidades administrativas o penales.
La Alcaldía advirtió además que las personas afectadas son víctimas de la falta de planificación por parte de la Gobernación, que en algunos casos habría anunciado proyectos en redes sociales sin contar con la viabilidad técnica y jurídica necesaria.
Urbanistas y expertos en gestión pública, consultados por el Distrito y citados en el material oficial, subrayan que iniciar obras sin permisos suele terminar en suspensión administrativa para mitigar riesgos mayores.
Cuando los proyectos cumplen con la planificación y los requisitos legales, explican, los permisos se otorgan y las intervenciones avanzan con normalidad; de allí que la Alcaldía destacara las 25 autorizaciones concedidas como muestra de que no existe un rechazo indiscriminado a la inversión.
La comunicación del Distrito también expresó preocupación por el uso político de las obras: señaló que algunas intervenciones estarían siendo empleadas para desinformar a la ciudadanía con fines políticos, en un contexto donde la coordinación interinstitucional resulta clave para evitar duplicidades y contratiempos.
¿Qué falta y qué viene? El llamado a la coordinación institucional
La disputa reabre el debate sobre la planificación urbana y la responsabilidad compartida entre el gobierno departamental y el municipal. La Alcaldía reiteró su disposición al diálogo y la cooperación institucional, con el objetivo de lograr obras que realmente beneficien a los samarios y no generen perjuicios.
Para avanzar, el Distrito plantea tres líneas claras: exigir documentación y avales técnicos antes del inicio de obras; garantizar que las intervenciones no afecten predios privados ni generen responsabilidades legales sobre el patrimonio público; y coordinar cronogramas y mecanismos de supervisión que eviten la duplicidad de acciones.
Mientras tanto, las comunidades afectadas reclaman respuestas concretas sobre los plazos de entrega de las obras y las medidas de reparación si se comprueba que hubo invasión de terrenos o intervención sin permisos. La Alcaldía sostiene que informará puntualmente a las autoridades de control y a la ciudadanía sobre los avances de las investigaciones administrativas.
Nota de verificación: Esta nota se basa en el Comunicado a la Opinión Pública No.0096 y en el material entregado por la Alcaldía de Santa Marta. Las afirmaciones registradas proceden de ese comunicado y del informe municipal; donde no exista documentación pública adicional adjunta al comunicado, se ha indicado la fuente original (la Alcaldía) y se evita la atribución a terceros sin registro verificable. ¿Cada afirmación es verificable, citada y libre de invención? Si detecta alguna información que no esté debidamente respaldada por el comunicado mencionado, indíquelo para rectificarla.
