Con un salario vital de 1.750.905 pesos y un subsidio de transporte de 249.095 pesos, el ingreso mínimo mensual en Colombia se fija en 2.000.000 de pesos para 2026, con efectos directos sobre consumo, costos empresariales y estabilidad del empleo formal.
El Gobierno nacional fijó para 2026 un salario vital de 1.750.905 pesos, acompañado de un subsidio de transporte de 249.095 pesos, lo que lleva el ingreso mínimo mensual a una cifra exacta de 2.000.000 de pesos. El cambio representa un salto relevante frente a 2025, cuando el ingreso total por salario mínimo y transporte era de 1.623.500 pesos. En términos prácticos, el aumento supera los 376.000 pesos mensuales para cada trabajador formal que devenga el mínimo.
Este ajuste modifica de manera directa la economía del hogar. Para una familia que depende de un solo ingreso mínimo, el nuevo monto permite cubrir con mayor facilidad gastos básicos como alimentación, transporte diario y servicios públicos. En muchos casos, también abre espacio para reducir deudas de corto plazo o enfrentar imprevistos sin recurrir al crédito informal. El efecto inmediato es una mejora en el flujo de caja mensual, aunque su beneficio real estará condicionado a la evolución del costo de vida durante el año.
El salario vital, además, se convierte en la base para el cálculo de primas, cesantías y vacaciones, lo que eleva el ingreso anual del trabajador. El subsidio de transporte no hace parte de esas prestaciones, pero sí completa el ingreso efectivo que llega cada mes al bolsillo. En conjunto, los 2 millones de pesos pasan a ser un nuevo referente para las decisiones de consumo de millones de hogares.
Empresas, precios y empleo frente al nuevo costo laboral
El aumento del salario vital no solo impacta a los trabajadores. Para las empresas, el costo de emplear formalmente a una persona que devenga el mínimo es mayor al ingreso que esta recibe, debido a aportes a salud, pensión, riesgos laborales y prestaciones sociales. Con un salario base de 1.750.905 pesos, ese costo total se incrementa de forma significativa, especialmente para micro y pequeñas empresas con alta dependencia de mano de obra.
Este escenario genera presiones claras. Algunas empresas absorberán el mayor gasto reduciendo utilidades, otras trasladarán parte del costo a los precios de bienes y servicios, y otras ajustarán su estructura laboral. Sectores como comercio, restaurantes, vigilancia y servicios generales son los más expuestos, ya que la nómina representa una proporción elevada de sus costos operativos.
El impacto sobre los precios es otro factor determinante, pues el salario mínimo funciona como referencia para múltiples valores de la economía, entre ellos tarifas, servicios y topes de vivienda de interés social. Cuando esta base sube con fuerza, esos valores tienden a ajustarse.
Un ejemplo sencillo: si una pequeña tienda paga salarios más altos, es probable que suba el precio de productos básicos para compensar el aumento en la nómina. El trabajador recibe más ingreso, pero también enfrenta precios más altos en su consumo cotidiano.
Posturas a favor del aumento
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, defendió el incremento del salario mínimo como una manera de reducir la desigualdad y mejorar las condiciones de vida de la mayoría de trabajadores, argumentando que el ajuste busca “democratizar el ingreso” y permitir que la población con menores ingresos pueda vivir mejor ante la inflación y el costo de vida. El anuncio oficial destacó que el ajuste superó las expectativas técnicas y que el subsidio de transporte permite alcanzar los 2.000.000 de pesos mensuales en total.
Las centrales obreras, entre ellas la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), defendieron posturas de aumentos de dos dígitos durante la negociación, argumentando que un incremento importante es necesario para recuperar el poder adquisitivo perdido. Según la CUT, existen estudios —citado incluso uno de la Organización Internacional del Trabajo— que señalan una brecha significativa entre el salario mínimo y el costo real de la canasta familiar, lo que justificaría aumentos sustanciales para acercar el ingreso mínimo a lo que se considera vital.
El propio ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, ha defendido la vocación del Gobierno de impulsar incrementos salariales que mejoren los ingresos de los trabajadores. En foros públicos ha señalado que elevar el ingreso mínimo puede traducirse en una mayor demanda de bienes y servicios, lo que ayudaría a sostener el crecimiento económico.
Posturas críticas o en contra del aumento
Los gremios empresariales, representados por organizaciones como Fenalco, la Asociación Nacional de Industriales (ANDI) y ACOPI, fueron críticos durante el proceso de concertación. Fenalco advirtió que un aumento que supere ampliamente criterios técnicos como inflación y productividad —por ejemplo, un aumento muy por encima del 6 % proyectado— podría presionar los costos operativos de las empresas, afectar el empleo formal y traducirse en incrementos de precios para los consumidores.
La presidenta de ACOPI, María Elena Ospina, también expresó preocupación por un incremento de dos dígitos, advirtiendo que elevar el salario mínimo de forma considerable aumentaría los costos de producción, la inflación y las tasas de interés, lo que a la larga podría perjudicar la competitividad de las empresas y el poder de compra real de los trabajadores.
Representantes del sector privado incluso llegaron a considerar que el proceso de negociación había perdido sentido, al acusar al Gobierno de inclinarse por una decisión unilateral que desestimara los criterios técnicos y la labor de concertación tripartita. Fenalco llegó a calificar esa orientación como una señal de “populismo” que desincentivaría el diálogo tradicional para fijar el salario mínimo.
El salario vital de 2.000.000 de pesos para 2026 eleva de forma clara el ingreso de los trabajadores formales y responde al alto costo de vida, como sostienen el Gobierno y los sindicatos. Al mismo tiempo, el ajuste aumenta los costos empresariales y genera riesgos sobre precios y empleo, tal como advierten los gremios. El resultado real dependerá de si la economía logra absorber el mayor salario sin trasladarlo al costo de vida ni afectar el trabajo formal.
