En el salón Julio Otero de la Universidad del Magdalena se llevó a cabo un encuentro con la magistrada magdalenense en la JEP.
Nadiezhda Henríquez es una de los 51 magistrados que componen la Jurisdicción Especial de Paz, JEP, que es el órgano encargado de juzgar tanto a guerrilleros, militares y civiles que hayan estado involucrados en crímenes de lesa humanidad en el marco del conflicto armado colombiano.
Además de ser una reconocida litigante, magíster en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario; Henríquez ha sido investigadora social en temáticas como la recuperación de la memoria, la identidad y el desplazamiento forzado.
En ese sentido, se mueve como pez en el agua al desarrollar su conferencia ‘Alcances, desafíos y limitaciones de la Justicia Especial para la Paz-JEP’ llevada a cabo en el salón Julio Otero de la Universidad del Magdalena.
Al evento, al que acudieron estudiantes, maestros y víctimas del conflicto armado en la región; se desarrollaron temáticas con respecto a la función de este órgano, las problemáticas que ha ido enfrentando desde su creación y las expectativas en las que aún trabajan.
EL DESAFÍO DEL POSTCONFLICTO
Por eso, la magistrada no duda en salir al frente a los cuestionamientos de demora y flexibilidad que surgen ante la JEP al juzgar a los actores del conflicto, señalando “que es un proceso de búsqueda de la verdad e imposición de las penas debida, que es largo, casi tan largo como la guerra en Colombia”.
Reconociendo, a los muchos casos de distintas partes del país que han llegado hasta este tribunal, para exigir el esclarecimiento de actos de guerra, a someterse a la legalidad o a solicitar la imposición de castigos para los perpetradores de crímenes.
Situación que parece ser confirmada por Christian Rodríguez, uno de los colaboradores del Consultorio Jurídico de la Universidad del Magdalena, al señalar que durante el último año, esta oficina ha acompañado más de 2.500 casos de víctimas del conflicto en el Magdalena.
Iván Márquez y Jesús Santrich
Además de explicar todos los procesos de búsqueda de verdad y el desafío que implica la aplicación de penas restaurativas en el marco del acuerdo de paz; la magistrada de la JEP también se refirió al duro golpe que significó para la institución el anunciado rearme de los guerrilleros de las Farc, Iván Márquez y Jesús Santrich.
Indicando que la normativa que los rige, estipula que si una vez un actor del conflicto ha sido juzgado y vuelve a reincidir en actos criminales, pierde todos los beneficios otorgados por la JEP y pasan a la justicia ordinaria; proceso que está siendo tramitado en contra del secretariado de las Farc que retornó a las armas.
Finalmente, Henríquez explicó que actualmente el desafío más grande del país es superar los altos niveles de impunidad de crímenes de guerra en el marco del conflicto interno, que ronda el 90%; así como la protección de líderes sociales y académicos, argumentando, que el asesinato de «las cabezas pensantes del país ha sido utilizada como un mecanismo de guerra».
