Consejo de Estado estrecha el cerco sobre la gobernadora del Magdalena: su elección queda expuesta a una decisión definitiva
La Sección Quinta rechazó las excepciones planteadas por María Margarita Guerra, el CNE y la Registraduría para apartarse del proceso y dejó abiertas las demandas que cuestionan la legalidad de su elección. La gobernadora queda ahora frente al examen de fondo. La situación jurídica de María Margarita Guerra Zúñiga se complica y el futuro de […]
La gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, enfrenta la etapa definitiva del proceso de nulidad electoral ante el Consejo de Estado, que acumuló las demandas contra su elección y abrió el camino para una sentencia anticipada, aunque todavía no existe un fallo que defina su permanencia en el cargo.
La Sección Quinta rechazó las excepciones planteadas por María Margarita Guerra, el CNE y la Registraduría para apartarse del proceso y dejó abiertas las demandas que cuestionan la legalidad de su elección. La gobernadora queda ahora frente al examen de fondo.
La situación jurídica de María Margarita Guerra Zúñiga se complica y el futuro de su mandato vuelve a quedar bajo la lupa del Consejo de Estado. La Sección Quinta decidió mantener vivos los cuatro procesos de nulidad electoral acumulados contra su elección y rechazó el intento de la gobernadora de sacar las demandas del camino mediante una excepción procesal, mientras el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil tampoco consiguieron desprenderse del litigio.
Con esta decisión, el alto tribunal despejó las barreras que buscaban frenar el proceso y dejó abierta la discusión que realmente puede poner en juego la continuidad de Guerra en la Gobernación del Magdalena: establecer si las irregularidades denunciadas durante la inscripción de su candidatura afectan la legalidad de la elección.
La decisión aparece en un auto del 18 de agosto de 2026, con ponencia del magistrado Omar Joaquín Barreto, dentro de los procesos 11001-03-28-000-2025-00219-00, 00221-00, 00222-00 y 00225-00. En la providencia, la Sección Quinta declaró no probada la excepción de ineptitud sustantiva de las demandas planteada por la propia Guerra Zúñiga, de modo que su defensa no consiguió cerrar el proceso por esa vía y los cuestionamientos deberán seguir siendo examinados por la jurisdicción electoral.
El asunto adquiere una dimensión política todavía mayor porque tampoco prosperaron los argumentos del CNE y la Registraduría para apartarse del expediente. Ambas entidades alegaron falta de legitimación en la causa por pasiva, pero el Consejo de Estado declaró igualmente no probada esa excepción, por lo que continuarán vinculadas al litigio mientras se determina qué ocurrió y qué consecuencias jurídicas pueden derivarse de las actuaciones cuestionadas.
Se compromete su elección
Hasta ahora, una parte importante de la batalla estaba concentrada en intentar impedir que las demandas avanzaran, pero esa estrategia no prosperó. El Consejo de Estado dejó claro que los cuatro procesos continúan y, con ello, la controversia entra en un terreno mucho más delicado para Guerra Zúñiga, porque el debate deberá concentrarse en los hechos que rodearon su candidatura y en la legalidad del acto que finalmente la llevó a la Gobernación.
La atención está especialmente puesta en el expediente 11001-03-28-000-2025-00219-00, en el que se cuestionan actuaciones ocurridas durante el proceso de inscripción de la entonces candidata. Allí está una de las claves del litigio, aunque todavía no existe una conclusión judicial sobre la responsabilidad o las consecuencias de esos hechos. La propia Sección Quinta dejó establecido que será en la sentencia cuando determine si las irregularidades alegadas tienen la capacidad de afectar la legalidad del acto de elección.
Eso significa que el auto conocido ahora no tumba a la gobernadora, pero tampoco le da un respiro. Por el contrario, elimina una de las vías con las que se pretendía frenar el proceso y deja la elección expuesta a una futura decisión de fondo, una situación que adquiere especial relevancia política porque cualquier decisión adversa podría afectar directamente la continuidad del actual gobierno departamental.
La presión, además, no queda limitada a Guerra Zúñiga. El CNE y la Registraduría seguirán dentro del proceso, de manera que el Consejo de Estado tendrá ante sí no solo las demandas contra la elección, sino también los cuestionamientos relacionados con las actuaciones desarrolladas durante la inscripción de la candidatura. Todo ese material deberá ser valorado antes de adoptar una decisión definitiva.
Lo que viene
El siguiente escenario será la resolución de fondo de las demandas. Allí el Consejo de Estado tendrá que revisar las pruebas y los argumentos de las partes, establecer qué irregularidades quedaron acreditadas y determinar si esas actuaciones tuvieron una incidencia suficiente para afectar la validez de la elección de Guerra Zúñiga.
La diferencia frente a la etapa que acaba de cerrarse es sustancial. Ya no se trata de decidir si las demandas tienen problemas procesales que permitan archivarlas, porque esa posibilidad fue descartada. Ahora el tribunal deberá entrar a la controversia electoral y responder si los hechos denunciados tienen consecuencias sobre el acto mediante el cual Guerra llegó al cargo.
Si la Sección Quinta concluye que las irregularidades no afectan la legalidad de la elección, la gobernadora podrá continuar en el cargo y los procesos terminarán sin que su mandato sea anulado. Pero si el tribunal determina que esos hechos sí comprometen jurídicamente el acto electoral, podría declarar la nulidad de la elección, con la consecuente salida de Guerra Zúñiga de la Gobernación del Magdalena.
En ese escenario se entiende la expectativa que ya comienza a rodear el mes de noviembre, aunque hay que marcar una diferencia fundamental: noviembre no es una fecha fijada por el Consejo de Estado. El auto del 18 de agosto no ordena la salida de la gobernadora, tampoco establece un plazo para que abandone el Palacio Tayrona y aún no existe una sentencia que anule su elección. La eventual salida dependerá de los tiempos que tome el proceso y, sobre todo, del contenido de la decisión que adopte la Sección Quinta.
Por ahora, lo que sí está definido es que Guerra Zúñiga no consiguió detener las demandas, el CNE y la Registraduría tampoco lograron salir del litigio y los cuestionamientos sobre la inscripción de la candidatura siguen sobre la mesa. La defensa procesal no cerró la puerta que buscaba cerrar y el expediente avanza hacia el escenario que más puede inquietar a la gobernadora: una sentencia que determine si la elección que la llevó al poder en el Magdalena puede mantenerse.
Así, el Consejo de Estado todavía no ha decidido el futuro de Guerra, pero sí dejó despejado el camino para hacerlo. La gobernadora sigue en el cargo, aunque su elección permanece bajo examen y ahora la pregunta ya no es si las demandas sobrevivirán, sino si los hechos que las sustentan serán suficientes para hacer caer el mandato con el que llegó al Palacio Tayrona.
