Contraloría declaró responsable de daño patrimonial a Rafael Martínez por valor de $422 millones
El fallo señala deficiencias en la ejecución y supervisión de un convenio de más de $2.000 millones para modernizar el archivo de Santa Marta. El detrimento fue fijado en $262 millones y actualizado a $422 millones. Lo que debía convertirse en una modernización integral del archivo de Santa Marta terminó, casi una década después, en […]
Rafael Alejandro Martínez, exalcalde de Santa Marta, fue declarado responsable fiscalmente por la Contraloría Distrital dentro del proceso relacionado con el convenio para la modernización del archivo de la ciudad.
El fallo señala deficiencias en la ejecución y supervisión de un convenio de más de $2.000 millones para modernizar el archivo de Santa Marta. El detrimento fue fijado en $262 millones y actualizado a $422 millones.
Lo que debía convertirse en una modernización integral del archivo de Santa Marta terminó, casi una década después, en un fallo de responsabilidad fiscal contra el exalcalde Rafael Alejandro Martínez.
La Contraloría Distrital concluyó que la ejecución del convenio celebrado en 2016 para adecuar, organizar y tecnificar los archivos de la Alcaldía no cumplió completamente con las condiciones contratadas y que esas deficiencias terminaron generando un detrimento patrimonial calculado en $262.599.137.
Con la actualización prevista en la legislación fiscal, esa suma llegó a $422.473.178 a junio de 2026, valor que la decisión ordena consignar a favor de la Alcaldía de Santa Marta cuando el fallo quede ejecutoriado.
El documento, de 44 páginas y fechado el 30 de julio de 2026, declara responsables solidarios a Martínez, en su condición de alcalde para la época de los hechos, y al representante legal de Recursos Tecnológicos S.A. E.R.T. E.S.P., Luis Fernando Martínez Arce.
Una obra de más de $2.000 millones
La historia comenzó el 30 de diciembre de 2016, cuando el Distrito suscribió el Convenio Interadministrativo 011 con Recursos Tecnológicos S.A. E.R.T. E.S.P.
El objeto era amplio: adelantar el plan integral de conservación preventiva y tecnificación de las colecciones documentales, mejorar el flujo de trabajo y adecuar, organizar y poner en funcionamiento los archivos de la Alcaldía, teniendo en cuenta las normas archivísticas vigentes.
El convenio tenía un valor inicial de $1.774 millones y posteriormente recibió una adición que llevó el valor total a $2.097.541.397.
De ese total, el Distrito aportó $1.822.019.211,31, mientras que el contratista aportó $275.522.186. El acta de liquidación estableció que el contratista ejecutó $1.735.710.936,31 y quedó un saldo de $86.308.275 a favor del Distrito.
La obra, por tanto, no era menor. Se trataba de una inversión de más de $2.000 millones destinada a proteger documentos públicos y garantizar condiciones adecuadas de conservación.
La inspección que cambió la historia
En 2019, una denuncia presentada por el subdirector de Gestión del Patrimonio Documental del Archivo General de la Nación llevó a una revisión sobre la ejecución del convenio.
El expediente recoge una inspección técnica realizada durante la investigación y un informe elaborado en marzo de 2020, en el que se estimó inicialmente un posible detrimento de $276.072.633,49.
La investigación avanzó durante varios años y terminó en manos de la Contraloría Distrital, que continuó el proceso bajo el radicado 036-2022.
El expediente reunió informes técnicos, fotografías, actas de visita, informes de supervisión, documentos contractuales y registros relacionados con la entrega y recepción de las obras.
¿Y qué encontró el organismo de control?
El fallo habla de deterioro prematuro en varios elementos de la obra, además de incumplimientos frente a criterios de diseño y construcción establecidos para garantizar la conservación de los archivos.
Entre las deficiencias descritas aparecen un sistema FM200 incompleto o descargado, equipos HVAC que no estaban operativos o no contaban con mantenimiento, ductos y acabados deteriorados, además de problemas relacionados con las condiciones de almacenamiento, temperatura, humedad relativa, seguridad y mantenimiento.
La conclusión de los informes técnicos fue especialmente relevante: las condiciones encontradas no garantizaban adecuadamente la conservación de los acervos documentales, que era justamente una de las finalidades centrales del convenio.
El problema no fue solo la obra
El fallo no responsabiliza únicamente al contratista. La Contraloría estableció que existieron debilidades en el control y la supervisión, entre ellas ausencia o insuficiencia de documentación de supervisión, pagos de algunos rubros sin soportes completos y falta de comprobación de aportes sociales en determinados periodos.
El documento también cuestiona que existiera un acta de liquidación y recepción de las obras, pese a que posteriormente fueron identificadas deficiencias técnicas.
Para el organismo de control, esa cadena de actuaciones permitió conectar la conducta atribuida al entonces alcalde con el detrimento. La decisión señala específicamente la suscripción del convenio y las facultades de dirección y ordenación del gasto, además de la existencia del acta de liquidación y recepción que, según la Contraloría, facilitó que los defectos posteriores no fueran subsanados.
En el caso del contratista, la responsabilidad se relaciona con la ejecución deficiente del objeto contractual y con no haber acreditado ante la entidad el cumplimiento integral de las obligaciones exigidas para el pago.
¿Por qué $262 millones terminaron en $422 millones?
La Contraloría fijó el detrimento histórico en $262.599.137. Después aplicó la fórmula de actualización prevista en el artículo 53 de la Ley 610 de 2000, utilizando el índice de precios al consumidor certificado por el DANE.
Con esa operación, el valor pasó a $422.473.178 a junio de 2026. El fallo explica que la actualización busca recuperar integralmente el valor del dinero perdido por el Estado durante el tiempo transcurrido.
Por eso, los $422 millones no corresponden a un segundo detrimento, ni a una sanción adicional: son el valor actualizado del daño establecido por la Contraloría.
Martínez todavía puede controvertir la decisión
El fallo es con responsabilidad fiscal, pero todavía no está ejecutoriado. La propia providencia establece que contra la decisión procede recurso de reposición, por tratarse de un proceso de única instancia, y fija un término de cinco días siguientes a la notificación para presentarlo ante el jefe de la Oficina de Responsabilidad Fiscal.
Eso significa que Rafael Martínez y los demás vinculados todavía pueden controvertir la decisión.
Si el fallo queda en firme, la Contraloría ordena que el valor actualizado de $422.473.178 sea consignado a favor de la Alcaldía Distrital de Santa Marta dentro de los cinco días hábiles siguientes a la ejecutoria.
También ordenó vincular como tercero civilmente responsable a La Previsora S.A. Compañía de Seguros, de acuerdo con las pólizas relacionadas en el expediente.
La historia, entonces, no termina con la firma del fallo. Comenzó con una inversión superior a $2.000 millones para proteger los documentos de la Alcaldía, siguió con una denuncia en 2019, pasó por inspecciones técnicas que encontraron deterioro y fallas en elementos esenciales, y terminó, por ahora, con una declaración de responsabilidad fiscal contra quien dirigía la administración distrital cuando se firmó y ejecutó el convenio.
Ahora queda por resolver la última etapa: si los argumentos de la defensa logran cambiar la decisión o si el fallo queda en firme y Santa Marta termina reclamando oficialmente los $422,4 millones establecidos por la Contraloría.
Descargar el fallo completo
