Curadores urbanos; el hilo siempre se corta por el lado más delgado

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La principal razón de la critica a los curadores urbanos consiste en la creencia errada, que estos deben controlar y vigilar las construcciones que autorizan. Tal labor que se conoce como ‘control urbano’ y es responsabilidad de alcaldes, secretarías de planeación e inspectores de policía.

A partir del lamentable acontecimiento del edificio Space en Medellín hemos sido testigos de un sistemático proceso de linchamiento contra los curadores urbanos.

La ‘lapidación’ ha sido mediática e institucional contra quienes dan fe de que un proyecto cumple con la norma y la función pública que ejercen por mandato de ley.

Sin mayor criterio técnico y sobre todo jurídico, todos se han despachado contra los curadores urbanos como únicos responsables de hechos como el del Space.

Prensa ávida de titulares amarillistas, funcionarios y entidades urgidos en resultados, sociedad civil generalmente confundida y academia sin rigor; han agredido.

A pesar de la creencia popular, el curador urbano no hace ‘control urbano’.

La seguidilla de hechos relevantes ha puesto en boca de todos la labor del curador urbano, no como ejercicio particular y sino como objeto de cuestionamiento.

Otros ejemplos son: el desplome del edificio Blas de Lezo en Cartagena y el Aquarela que es una afrenta a la armonía arquitectónica, urbanística y patrimonial.

De manera general, ligera e irresponsable, ha quedado la sensación en el imaginario colectivo, que son los curadores urbanos los culpables de los debacles.

Tal situación es injusta, porque traslada de manera irresponsable toda la carga de responsabilidad de un complejo proceso en el que intervienen muchos actores.

Controlar y vigilar una construcción es obligación de la autoridad pública.

La actitud de sectores de la prensa y la institucionalidad terminan siendo involuntariamente cómplices de entramados algunas veces criminales.

Se evade que en este dilema, convergen múltiples actores cuya finalidad es evadir controles e interpretar por fuera de parámetros definidos, las normas urbanísticas.

Para dimensionar la complejidad del licenciamiento cabe señalar que en la dinámica urbanística intervienen particulares constructores y alcaldías.

Recientemente tercia la superintendencia de notariado y registro, la sociedad civil, veedurías y órganos de control si así lo estiman, hacer parte del licenciamiento.

El curador urbano da fe de que un proyecto cumple con la norma vigente.

De este número de actores, el curador urbano es el particular que entrega en acto administrativo, la respectiva licencia, tras revisar que el proyecto se ajusta a norma.

Su actividad consiste en revisar jurídica y técnicamente un proyecto urbanístico tendiente a establecer y determinar que lo presentado y el soporte documental son viables.

En el escenario legal, el curador urbano revisa entre otras cosas el título de dominio y la relación jurídica del solicitante con el predio donde pretende construir.

Es su deber escrutar con mucho rigor, los documentos como certificados de libertad y tradición, y escrituras públicas. La labor es más que un simple papeleo.

La labor del curador urbano responde a un complejo proceso legal y técnico.

En lo técnico, verifica que los cálculos del proyecto para efectos de sismo resistencia estén correctos y acordes a la normatividad exigible para la época.

Él es el responsable de constatar que el área del lote permita la edificación permitida, y además que el uso del suelo sea compatible con el proyecto.

Es fácil concluir que la labor del curador se centra en la comparación objetiva de un proyecto con una norma técnica y urbanística (decreto 1077 de 2015).

La principal razón de la critica a los curadores urbanos consiste en la creencia errada, que estos deben controlar y vigilar las construcciones que autorizan.

El curador urbano da fe de que un proyecto cumple con la norma vigente.

Tal labor que se conoce como ‘control urbano’ y no es responsabilidad de los curadores. Históricamente es potestad de alcaldes y secretarías de planeación.

Hoy en día se encuentra a cargo de los inspectores de policías que trabajan de la mano, o al menos es el ideal con las administraciones municipales y distritales.

Vale mencionar que para el caso puntual de Santa Marta, el alegado escándalo de licencias falsas, es en el mejor de los casos, una noticia sacada de proporciones reales.

En un ejercicio particular, pudimos verificar que la mayoría de licencias del susodicho ‘cartel’ corresponde a obras menores, reconocimientos y subdivisiones.

La tarea del curador se centra en la comparación objetiva de un proyecto.

Ahora bien, es importante que estos hechos no se presenten y que las autoridades investiguen y sancionen, lo que no es aceptable es el linchamiento mediático.

El llamado es ha verificar las muchas razones que conllevan a esta situación y profundizar en los factores que favorecen que estas anomalías surjan.

Estamos en manos de la precaria y hasta selectiva operación de la institucionalidad encargada de ejercer el control urbano en las ciudades.

Precaria, por la poca disposición de recursos humanos y técnicos para una adecuada labor de un aspecto que es eminentemente técnico.

El curador es un eslabón en la cadena de aciertos o errores de un proyecto.

Selectiva, porque en ocasiones dichas funciones no se ejercen bajo criterios objetivos y responden a las lógicas del gobernante de turno.

Acá hay espacio para la reflexión de las autoridades y de los actores que intervienen en la dinámica urbanística e inmobiliaria de un territorio.

Acá hay espacio para la abstracción de prensa, ciudadanía y órganos de control, de que no se puede instigar situaciones irregulares sin una explicación acertada.

La subjetividad envía un mensaje confuso al inversor y desincentiva seriamente uno de los sectores que mayor dinamismo imprime a la economía: la construcción.

Entonces  se debe apostar por la prudencia y tratar en todo caso de no cortar el hilo por el lado más delgado.