El combustible que sale de Santa Marta y termina alimentando una economía criminal ¿Existen estructuras del ELN en la ciudad?
El poliducto Pozos Colorados-Galán vuelve a quedar bajo la lupa. El presidente Abelardo De La Espriella asegura que por esta ruta estarían siendo hurtados 123.700 barriles de combustibles al mes y ordenó investigar si parte del producto termina en el Catatumbo y en cadenas vinculadas al narcotráfico. En Pozos Colorados, al sur de Santa Marta, […]
El corredor de Pozos Colorados, en Santa Marta, aparece como una infraestructura estratégica para el transporte de combustibles hacia el interior del país, en medio de investigaciones por conexiones clandestinas y extracción ilegal de hidrocarburos.
El poliducto Pozos Colorados-Galán vuelve a quedar bajo la lupa. El presidente Abelardo De La Espriella asegura que por esta ruta estarían siendo hurtados 123.700 barriles de combustibles al mes y ordenó investigar si parte del producto termina en el Catatumbo y en cadenas vinculadas al narcotráfico.
En Pozos Colorados, al sur de Santa Marta, comienza una de las rutas por las que el combustible sale hacia el interior del país. Durante los últimos meses, ese corredor también ha aparecido en investigaciones por conexiones clandestinas, almacenamiento ilegal y estructuras dedicadas a extraer hidrocarburos para luego moverlos por carretera.
La magnitud que ahora plantea el Gobierno es considerable. El presidente Abelardo De La Espriella aseguró que, según la información que ha recibido, cerca de 123.700 barriles de gasolina, diésel y nafta estarían siendo hurtados cada mes de un poliducto de 14 pulgadas que conecta Pozos Colorados con el interior, con Magdalena y Cesar entre los territorios más afectados. Si el volumen se mantuviera durante un año, representaría cerca de 1,48 millones de barriles.
La cifra todavía tendrá que ser comprobada. Lo que ya existe es una sucesión de operaciones que permite seguir algunos de esos combustibles después de salir ilegalmente del sistema.
Del tubo a las carreteras
El 9 de marzo, Ecopetrol informó la captura de alias ‘Tuta’, señalado por las autoridades de dirigir una estructura dedicada al apoderamiento de hidrocarburos del poliducto Pozos Colorados-Galán.
La investigación permitió establecer que el combustible era extraído de la infraestructura, envasado en bidones y movilizado en vehículos hacia zonas rurales de El Tarra, Teorama, Tibú y La Gabarra, en Norte de Santander, para después ser almacenado en bodegas y comercializado ilegalmente.
La operación dejaba ver una dinámica que difícilmente podía sostenerse con una sola persona. Había extracción, transporte, almacenamiento y comercialización, cada actividad con una función dentro del negocio.
Según las autoridades, la estructura estaba relacionada con el ELN y los recursos obtenidos mediante el apoderamiento de hidrocarburos contribuían a su financiación. En otra información divulgada tras la captura se reportaron movimientos bancarios superiores a $1.300 millones asociados a esa actividad.
Así, una perforación clandestina en una infraestructura ubicada en el corredor Santa Marta-interior terminaba formando parte de una operación que alcanzaba el Catatumbo.
El rastro también apareció en Cesar
En julio, tropas del Ejército encontraron un centro ilegal de acopio en el corregimiento de Besotes, jurisdicción de La Gloria, Cesar. Allí fueron recuperados 5.000 galones de ACPM que, según las autoridades, habrían sido extraídos del poliducto Pozos Colorados-Galán. Una persona fue capturada durante el procedimiento.
En la misma semana, las tropas recuperaron otros 5.200 galones en Tamalameque y 1.000 en zona rural de Pelaya, para un total de 11.000 galones de hidrocarburos. También fueron inmovilizados tres vehículos.
El episodio resulta relevante porque muestra que el robo no se concentra en el lugar de origen del poliducto. El producto puede ser extraído en un tramo, trasladado por carretera y almacenado en otro municipio antes de entrar a los circuitos de venta ilegal.
Esa movilidad es precisamente la que ahora quiere reconstruir el Gobierno.
La pregunta que cambió la investigación
Las operaciones conocidas permitían hablar de extracción ilegal, transporte y comercialización clandestina.
El presidente aseguró que parte del combustible hurtado podría estar siendo utilizado como insumo para el procesamiento ilícito de cocaína y pidió establecer qué cantidad llega a esas cadenas, quién la adquiere y qué organizaciones participan en su transporte. También mencionó grupos de hasta 600 vehículos, a los que denominó “caravanas de la muerte”, con posibles desplazamientos hacia el Catatumbo.
Esa conexión todavía no está demostrada para el conjunto del combustible denunciado. Lo que sí está documentado es que una investigación previa sobre el mismo poliducto encontró combustible hurtado que era trasladado hacia municipios del Catatumbo.
Por eso, la nueva operación tendrá que responder una pregunta que va mucho más lejos de una válvula clandestina: ¿quién está comprando el combustible después de que sale del poliducto?
Un negocio que ya había dejado señales
La denuncia presidencial también obliga a mirar las cifras acumuladas.
Ecopetrol informó en marzo que, entre 2025 y lo corrido de 2026, el apoderamiento ilegal de hidrocarburos había superado los 950.000 barriles, con un impacto cercano a US$81 millones para el Grupo Ecopetrol.
Ahora el Gobierno habla de 123.700 barriles mensuales asociados al corredor de Pozos Colorados.
Son mediciones distintas y no deben sumarse ni compararse como si provinieran de la misma metodología. La primera corresponde al balance de pérdidas que Ecopetrol había reportado; la segunda es una estimación que el presidente dijo estar recibiendo y que todavía debe ser verificada.
Lo que sí coincide es el escenario: el hurto de hidrocarburos dejó de ser una sucesión de casos aislados y se convirtió en un asunto que involucra infraestructura estratégica, redes de transporte, almacenamiento y financiación criminal.
Ahora toca seguirle el rastro
De La Espriella ordenó una operación conjunta de Fuerzas Militares, Policía, Fiscalía y Ecopetrol, con la instrucción de identificar a quienes financian las extracciones, reciben el combustible, lo transportan, lo almacenan y lo comercializan.
La orden incluye investigación financiera, judicialización y extinción de dominio sobre vehículos, predios, depósitos y otros bienes utilizados por las organizaciones. El ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora López, aseguró que coordinará la estrategia con la Fuerza Pública, Fiscalía, Cenit, Ecopetrol, el Ministerio de Minas y las autoridades territoriales.
Eso pone a Santa Marta en una posición particular dentro de la investigación.
Pozos Colorados no es el lugar en el que termina el problema, es el comienzo de la ruta que las autoridades tendrán que reconstruir.
Desde allí habrá que seguir cada tramo, cada extracción detectada, cada vehículo utilizado y cada centro de almacenamiento, hasta llegar a los compradores.
Porque los antecedentes ya muestran que el combustible puede salir de un poliducto en el corredor de Santa Marta, aparecer almacenado en Cesar y terminar siendo transportado hacia Norte de Santander.
Ahora el Gobierno dice tener indicios de que la escala podría ser mucho mayor.
Si los 123.700 barriles mensuales son confirmados, la investigación tendrá que explicar cómo una red capaz de mover semejante volumen pudo operar durante tanto tiempo y, sobre todo, cuánto dinero produjo en cada tramo de esa ruta.
