La Registraduría fijó un calendario de apenas 59 días para las elecciones atípicas de Gobernador en Magdalena. Un proceso que corre a toda prisa, en el borde de lo que la ley permite.
El Magdalena enfrenta unas elecciones atípicas que se desarrollarán sin margen error. La Registraduría Nacional del Estado Civil expidió la Resolución 12289 del 25 de septiembre de 2025, fijando la jornada en el 23 de noviembre de 2025 y dando paso a un cronograma de solo 59 días, apenas cuatro más que el mínimo legal de 55 que establece la Constitución para organizar un proceso electoral.
Se trata de un calendario comprimido que exige rapidez burocrática, logística y política. Todo ocurre en un tiempo que raya con lo imposible, lo que abre preguntas sobre la verdadera capacidad de garantizar equidad, transparencia y participación ciudadana.
La carrera de las inscripciones
La primera señal de esta velocidad atípica se da en la inscripción de candidaturas, cuya ventana resulta drásticamente reducida. Los comités de grupos significativos de ciudadanos podían registrarse desde el 25 de septiembre, pero el plazo máximo para inscribir candidatos vence el 10 de octubre de 2025. Eso significa que la recolección de firmas tendrá apenas 15 días, cuando en procesos ordinarios suelen otorgarse entre 30 y 45.
Este margen mínimo convierte la participación en un reto reservado a partidos consolidados o a movimientos previamente estructurados, dejando poco espacio a liderazgos emergentes o candidaturas independientes que requieran construir apoyos desde cero.
La modificación de inscripciones apenas se permitirá hasta el 20 de octubre de 2025, y el listado oficial de candidatos se publicará el 22 de octubre. Con tan pocos días de diferencia, los entes de control deberán revisar en tiempo récord posibles inhabilidades. La fecha límite para revocatorias por inhabilidad es el 8 de noviembre de 2025, lo que estrecha aún más la capacidad de respuesta institucional.
Jurados y testigos: logísticas comprimidas
La velocidad no se limita a las candidaturas. El engranaje logístico también queda bajo presión. El 8 de noviembre la Registraduría deberá realizar el sorteo y designación de jurados de votación, publicando las listas solo cinco días después, el 13 de noviembre. A los ciudadanos designados les quedarán apenas diez días para conocer su obligación y capacitarse antes de la votación.
El Consejo Nacional Electoral, por su parte, fijó el 16 de noviembre como fecha límite para que los partidos postulen testigos electorales. Este plazo tardío dificulta su acreditación y preparación, restando capacidad de vigilancia al proceso.
Al mismo tiempo, el Tribunal Superior del Distrito Judicial deberá designar a los claveros y comisiones escrutadoras antes del 7 de noviembre, actores fundamentales para la custodia de los votos y el conteo oficial.
Elecciones bajo vértigo
La elección del 23 de noviembre de 2025 será apenas la primera parte de la carrera. Ese mismo día, a partir de las 4:00 p.m., inician los escrutinios auxiliares y municipales, que deberán avanzar hasta la medianoche y reanudarse el 24 de noviembre desde las 9:00 a.m.
Finalmente, el 25 de noviembre comenzarán los escrutinios generales a cargo del Tribunal Superior, etapa decisiva para declarar oficialmente al ganador. La rapidez exigida en este conteo, en una región con antecedentes de tensiones electorales, aumenta el riesgo de errores o suspicacias.
Democracia en tensión
El calendario impuesto para estas elecciones atípicas en el Magdalena es legal, pero al mismo tiempo extrema las capacidades del sistema electoral. La celeridad favorece a estructuras políticas tradicionales y puede limitar la pluralidad que la Constitución pretende garantizar.
Con apenas 59 días de cronograma, lo que está en juego no es solo la elección de un gobernador, sino la capacidad de la Registraduría y de los organismos de control de demostrar que, incluso bajo presión, el proceso puede ser transparente, equitativo y confiable.
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