¿Está en riesgo de apagón el Caribe? La crisis financiera que vuelve a poner en alerta al sector eléctrico
La alerta por un posible apagón en la Costa Caribe tiene detrás una crisis financiera que ya golpea a Afinia y Air-e. Deudas por miles de millones, subsidios pendientes, pérdidas de energía y mayores costos de generación presionan a un sistema que necesita recursos urgentes. El presidente del Senado, Honorio Henríquez, lanzó una alerta sobre […]
La alerta por un posible apagón en la Costa Caribe vuelve a poner bajo la lupa la situación financiera de Afinia y Air-e, mientras el sector enfrenta millonarias deudas y una fuerte presión de liquidez.
La alerta por un posible apagón en la Costa Caribe tiene detrás una crisis financiera que ya golpea a Afinia y Air-e. Deudas por miles de millones, subsidios pendientes, pérdidas de energía y mayores costos de generación presionan a un sistema que necesita recursos urgentes.
El presidente del Senado, Honorio Henríquez, lanzó una alerta sobre la situación financiera del sistema eléctrico de la Costa Caribe. Según el congresista, Afinia necesita conseguir $130.000 millones en las próximas semanas para evitar una situación que podría comprometer la continuidad del servicio.
“Si en un mes Afinia no consigue $130 mil millones, se viene un apagón en la Costa Caribe colombiana”, afirmó Henríquez, quien también señaló que la compañía requeriría alrededor de $1,4 billones para cerrar 2026 y llegar con capacidad financiera a enero o febrero de 2027.
La afirmación debe leerse con cuidado. No existe, hasta ahora, una confirmación oficial de que la Costa Caribe vaya a sufrir un apagón en un mes. Lo que sí está documentado es una situación financiera delicada en las empresas que comercializan y distribuyen energía en la región.
La alerta del senador coincide con declaraciones recientes del gerente de Afinia, Ricardo Arango, quien reconoció que la compañía atraviesa una situación “muy crítica” desde el punto de vista de caja. La empresa necesita liquidez para comprar la energía que requiere el mercado y mantener la operación.
El problema tampoco se limita a una necesidad puntual de recursos. Afinia arrastra obligaciones relacionadas con la opción tarifaria, subsidios pendientes, deudas de entidades oficiales, pérdidas de energía y dificultades de recaudo.
En agosto, Arango explicó que las entidades oficiales le adeudan a Afinia unos $402.000 millones y que esa obligación aumenta aproximadamente $3.000 millones cada mes. También señaló que la compañía mantiene cerca de $1 billón pendiente por la opción tarifaria y unos $50.000 millones en subsidios atrasados.
Los $130.000 millones mencionados por Henríquez representan, por tanto, una necesidad inmediata dentro de una crisis financiera de mayor tamaño.
La situación adquiere otra dimensión al revisar las cuentas de Air-e, empresa intervenida que atiende Atlántico, Magdalena y La Guajira. La Asociación Nacional de Empresas Generadoras, Andeg, ha advertido sobre el crecimiento de las obligaciones del sector eléctrico y sobre el impacto que tiene la falta de liquidez de las comercializadoras sobre toda la cadena.
El riesgo comienza antes de un eventual corte de energía. Las comercializadoras necesitan recursos para comprar electricidad a los generadores, cumplir sus obligaciones con otros agentes del mercado, mantener las redes y ejecutar las inversiones necesarias para garantizar el servicio.
Cuando esos pagos se retrasan, aparece lo que en el sector se conoce como “apagón financiero”: una crisis de liquidez que puede afectar la capacidad de las empresas para sostener normalmente la operación.
Por eso, la alerta de Henríquez no debe analizarse únicamente desde la posibilidad de que se produzca un apagón en 30 días. El debate central está en la capacidad financiera del sistema para responder a sus obligaciones actuales y mantener el servicio durante los próximos meses.
La presión también está relacionada con los altos niveles de pérdidas de energía, los rezagos de infraestructura, la subnormalidad eléctrica, los recursos pendientes del Estado y el comportamiento de los costos de generación.
A esto se suma el escenario climático. Las altas temperaturas incrementan la demanda de electricidad en la región y elevan la presión sobre un sistema que ya enfrenta dificultades financieras.
Para los usuarios de la Costa Caribe, el problema tiene dos consecuencias posibles: una mayor presión sobre las tarifas y un riesgo creciente de interrupciones si las empresas no consiguen los recursos necesarios para sostener su operación.
La discusión será especialmente relevante para Magdalena, donde Air-e atiende el servicio, y para los departamentos cubiertos por Afinia. La próxima respuesta del Gobierno y del Ministerio de Minas y Energía será determinante para establecer si las medidas anunciadas permiten contener la crisis de liquidez.
Por ahora, la cifra que concentra la atención es de $130.000 millones y el plazo señalado por Henríquez es de 30 días. Pero detrás de esa advertencia existe una deuda acumulada y una presión financiera que comprometen a buena parte de la cadena eléctrica del Caribe.
