Gobernadora Guerra mete en su gabinete a exconcejal señalado en fallo por honorarios de sesiones a las que no asistió
Yoelmi Alberto Jiménez Cantillo, nuevo jefe de la Oficina de Alta Consejería para la Construcción de Paz y Defensa de los Derechos Humanos del Magdalena, aparece en una sentencia del Consejo de Estado relacionada con el pago de honorarios por sesiones del Concejo de Aracataca a las que no asistió. La llegada de Yoelmi Alberto […]
Yoelmi Alberto Jiménez Cantillo, junto a la gobernadora Margarita Guerra, asumió como jefe de la Oficina de Alta Consejería para la Construcción de Paz y Defensa de los Derechos Humanos, en medio de un antecedente registrado en una sentencia del Consejo de Estado por el pago de honorarios durante su paso por el Concejo de Aracataca.
Yoelmi Alberto Jiménez Cantillo, nuevo jefe de la Oficina de Alta Consejería para la Construcción de Paz y Defensa de los Derechos Humanos del Magdalena, aparece en una sentencia del Consejo de Estado relacionada con el pago de honorarios por sesiones del Concejo de Aracataca a las que no asistió.
La llegada de Yoelmi Alberto Jiménez Cantillo al gabinete de la gobernadora Margarita Guerra abre una controversia que se remonta a su paso por el Concejo de Aracataca.
El abogado, quien acaba de asumir como jefe de la Oficina de Alta Consejería para la Construcción de Paz y Defensa de los Derechos Humanos, figura en una decisión del Consejo de Estado relacionada con el reconocimiento y pago de honorarios a concejales que, según quedó establecido en el expediente, no asistieron a determinadas sesiones.
El antecedente adquiere especial relevancia por el cargo que ahora ocupa Jiménez Cantillo, encargado de asuntos relacionados con construcción de paz, derechos humanos y convivencia en el departamento.
Dos sesiones que quedaron en el expediente
La sentencia del Consejo de Estado, emitida en diciembre de 2021, estudió la demanda de pérdida de investidura presentada contra Edgardo Enrique López Vergara, quien para entonces presidía el Concejo de Aracataca y tenía la condición de ordenador del gasto.
En el expediente aparecen los nombres de Yoelmi Alberto Jiménez Cantillo, Luis Alberto López Visbal y José Artemo Marín Marulanda como concejales a quienes les fueron reconocidos honorarios correspondientes a las sesiones ordinarias del 19 y 24 de febrero de 2021, pese a que, según la decisión judicial, no respondieron al llamado a lista en esas reuniones.
El fallo señala que durante febrero de ese año se realizaron 17 sesiones y que por ellas fueron pagados $46.852.000 en honorarios. Para cada concejal, la remuneración establecida era de $212.000 por sesión.
El Consejo de Estado encontró responsable al entonces presidente del Concejo por haber permitido el pago de esos honorarios pese a las ausencias y decretó su pérdida de investidura. La corporación judicial consideró acreditados los elementos de la conducta y estableció la existencia de culpa grave en la actuación de López Vergara.
Hay, sin embargo, una precisión jurídica que resulta indispensable: la sentencia no decretó la pérdida de investidura de Jiménez Cantillo. Su nombre aparece en el expediente como uno de los concejales que recibió los honorarios cuestionados, mientras la sanción estudiada y decretada por el Consejo de Estado correspondió a López Vergara.
Ahora ocupa una oficina de Paz
El antecedente vuelve a la discusión pública después del nombramiento de Jiménez Cantillo en la administración departamental. El funcionario, abogado especialista en Derecho Penal, Derecho Constitucional y Gerencia en Salud y Autoridad de Calidad, asumió la jefatura de la Oficina de Alta Consejería para la Construcción de Paz y Defensa de los Derechos Humanos.
Su nueva responsabilidad lo ubica al frente de una dependencia que tiene entre sus funciones impulsar acciones de construcción de paz, promover la defensa de los derechos humanos y fortalecer estrategias relacionadas con convivencia y atención a las comunidades.
Por eso, el episodio ocurrido durante su etapa como concejal de Aracataca adquiere una dimensión política y administrativa distinta. No se trata de presentar como sancionado a quien no fue objeto de esa sanción, pero tampoco de desconocer que su nombre aparece expresamente dentro de un proceso judicial que examinó el pago de honorarios por sesiones a las que, de acuerdo con el fallo, no asistió.
La pregunta que deja el nombramiento está relacionada con los criterios utilizados por la administración departamental para seleccionar a sus funcionarios, especialmente para cargos vinculados con la defensa de los derechos humanos y la construcción de confianza institucional.
El antecedente está documentado en una decisión judicial y, por tanto, debe ser leído con precisión. Jiménez Cantillo no fue declarado responsable de la conducta que produjo la pérdida de investidura, pero sí aparece en la sentencia como uno de los concejales que recibió honorarios correspondientes a dos sesiones a las que no asistió, según lo establecido por el Consejo de Estado.
Ahora, cinco años después de aquel episodio, su nombre llega al gabinete de Margarita Guerra para ocupar una de las oficinas con mayor carga institucional del departamento. El nombramiento pone nuevamente sobre la mesa un episodio que permanecía registrado en los archivos judiciales de Aracataca.
